Derechos humanos

La Rosada hace equilibrio por Formosa: recibieron a Amnistía Internacional

Después de negar que haya "violación de derechos humanos" en la provincia de Insfrán, Cafiero recibió ayer al vicegobernador y hoy se reunió con la ONG que denunció los centros de aislamiento. El Gobierno realizará "recomendaciones".

Después del silencio original, la Casa Rosada se metió de lleno en el escándalo de Formosa, haciendo equilibrio entre su aliado electoral Gildo Insfrán y las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos, una de las banderas del kirchnerismo. Después de enviar como veedor al secretario Horacio Pietragalla, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió ayer a autoridades provinciales, incluyendo al vicegobernador Eber Solís. Hoy, en su despacho, el funcionario nacional sentó al otro lado de la mesa: Aministía Internacional. 

Apenas dos días antes, Paola García Rey, directora adjunta de la ONG filial local, había denunciado que "hoy en Formosa se están violando los derechos humanos". Y había advertido: "Si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina".

A la salida del encuentro de hoy, la directora de Amnistía Internacional, Mariela Belski resumió: "Nos dijeron que van a seguir monitoreando la situación, que van a volver a viajar a la provincia". Y agregó que sobre "los casos muy contundentes" que llegaron a su organización, se llevaron la promesa oficial de incorporarlos "al trabajo conjunto" que Formosa aceptó llevar a cabo con Nación. 

Tal vez para desomprimir la situación, el gobierno provincial acaba de anunciar que la capital formoseña flexibilizará la cuarentena y dejará mañana la Fase 1. Por la baja cantidad de casos de coronavirus (847 desde que se desató la pandemia), la administración de Insfrán se jacta de su "exitismo". Los costos humanos de su política sanitaria, con las denuncias como punta del iceberg, desataron la polémica que la Casa Rosada ahora busca desarmar. 

El paso de Pietragalla por Formosa, donde visitó los cuestionados centros de aislamiento, dejó un sabor amargo en Juntos por el Cambio, luego de que haya descatardo una "violación sistemática" de los derechos humanos y la existencia de "centros clandestinos de detención". Esta semana, la oposición organizó un viaje de sus diputados a la provincia para constatar las denuncias, que se repitieron durante meses pero que escalararon a partir de la detención de dos concejalas contrarias al insfranismo. 

Más allá del declaracionismo, la Secretaría de Derechos Humanos, igual, elaboró un informe preliminar  con "recomendaciones". Una de ellas: que el Estado "debe asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida". 

Se abordó, además, otro análisis de la Defensoría del Niño, a cargo de Marisa Graham: recomendó una disminución de la "alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes". 

En el despacho de Cafiero lamentaban que ayer se hubiera replicado una de sus frases radiales y no tanto otra, que pasó más desapercibida. La conocida: "A nosotros no nos van a decir qué hacer con los derechos humanos". La otra: "Sí hay casos de violencia institucional por parte de la policía, que se están estudiando". 

El abuso de autoridad policial en pandemia no es una novedad, hubo denuncias en otras provincias el año pasado. Pero en el caso de Formosa escaló al propio gobierno provincial con las acusaciones de las condiciones humanas en los centros de aislamiento que armó Insfrán. Ahora la Rosada busca hacer equilibrio entre una defensa al caudillo peronista (que será quien convoque a los comicios para que Alberto Fernández presida el PJ Nacional) y la contradicción ideológica que implica recibir acusaciones sobre derechos humanos. 


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