Tras lanzar las “Rondas RIGI” en Rosario y en vías de conectar a las grandes inversiones con las industrias locales, el Gobierno y cámaras empresarias comenzaron a negociar una nueva herramienta de incentivo enfocada en las medianas.
“Como una suerte de puente entre el RIMI destinado a PyMEs y el RIGI creado para los grandes proyectos de inversión. Para que las medianas no queden afuera”, dijo a El Cronista una fuente que camina por el Palacio de Hacienda.
La iniciativa, todavía en etapa de negociación y que no fue anunciada oficialmente, es mencionada en ámbitos empresarios y por fuentes con llegada al Ministerio de Economía como “Súper RIMI”. El objetivo sería atender una preocupación que empezó a crecer entre las industrias locales: que los megaproyectos del RIGI terminen generando oportunidades para grandes contratistas o proveedores del exterior, mientras las empresas medianas argentinas quedan fuera de la cadena de negocios.
Según fuentes que participan de las conversaciones, el esquema contemplaría más años de estabilidad fiscal que el RIMI, mecanismos para reducir la carga de Ingresos Brutos y, como punto más sensible, alguna herramienta que incentive o establezca obligaciones de compras a proveedores locales por parte de los proyectos RIGI.
Un régimen intermedio
La discusión aparece en paralelo a otra iniciativa que la propia UIA presentó durante su Conferencia Industrial: un Pacto Fiscal Industrial Federal que busca reducir la carga tributaria sobre la industria y comprometer a Nación, provincias y municipios.
Desde el sector industrial diferenciaron ambas discusiones. Por un lado, está el proyecto que se negocia entre el Gobierno y las cámaras para crear un régimen de inversiones de un monto intermedio entre el RIMI y el RIGI. Por otro, la propuesta impulsada por la UIA, presentada por Carlos Abeledo, que apunta a una reforma tributaria transversal para la industria.
La entidad propone actuar sobre los tres niveles del Estado. Entre sus medidas figuran la reducción de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para el sector, límites y simplificación de tasas municipales, cambios en el impuesto al cheque, una alícuota única de Ganancias del 25%, amortización acelerada, mayores reintegros para las exportaciones industriales y estabilidad fiscal por 30 años.
El diagnóstico que sostiene la propuesta es que la carga fiscal sobre el sector formal llega al 56%, según el relevamiento de la UIA sobre ocho impuestos y 30 países, lo que ubica a la Argentina en el primer lugar de esa comparación.
La estabilidad fiscal, bajo la lupa
La incorporación de más años de estabilidad fiscal al eventual Súper RIMI también genera reparos entre algunos especialistas que participaron en la estructuración de proyectos RIGI.
Un asesor que estuvo involucrado en la “cocina” de varios de esos proyectos planteó una objeción de fondo: “Si ‘previsibilidad fiscal’ quiere decir ‘estabilidad fiscal’ como la que tiene el RIGI, me parece una muestra de la escasa credibilidad del Estado argentino; imposible de cumplir en la práctica”, señaló.
“Por lo que entiendo el compre local es viable, aunque es una mala señal para inversores extranjeros —una más—. Si faltan dólares, no es la manera de atraerlos”, agregó.
El planteo introduce una discusión que excede al nuevo régimen: hasta qué punto los incentivos fiscales deben garantizarse durante períodos prolongados para compensar la falta de previsibilidad de las reglas generales. “Todos van a salir a pedir su propio RIGI”, remató.
El punto más sensible: compre local
El otro componente en discusión es el desarrollo de proveedores argentinos. La posibilidad de establecer mecanismos para que los proyectos RIGI compren una mayor proporción de insumos y servicios a empresas locales aparece como uno de los principales objetivos de las cámaras industriales.
Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, en cambio, puso el foco en los límites legales: explicó que el Gobierno no puede imponer por vía reglamentaria obligaciones que contradigan lo establecido por la ley y el decreto del RIGI, aunque sí existen márgenes para mejorar su implementación.El problema de los proveedores
Si bien el Gobierno viene destacando que una parte importante de las compras de los proyectos RIGI se realiza localmente, el impacto local atraviesa la preocupación del sector privado.
El ministro de Economía volvió a destacar en la UIA que el 82% de la inversión del RIGI con compras locales; fuentes vinculadas al seguimiento industrial advierten que el dato es difícil de contrastar porque los planes de desarrollo de proveedores de los proyectos no son públicos.
Al mismo tiempo, señalan que las importaciones vinculadas a los grandes proyectos comenzaron a acelerarse, aunque todavía no existe información pública suficiente para determinar qué proporción representan sobre la inversión total.
La discusión es particularmente relevante en minería. Allí, proveedores argentinos compiten no solamente con importaciones directas sino también con empresas de países como Chile y Perú, que pueden presentarse a licitaciones cuando los proveedores locales no reúnen las condiciones requeridas o no llegan en tiempo y forma.
La primera etapa de los proyectos puede ofrecer mayores oportunidades para empresas locales porque está vinculada a movimiento de suelos, construcción e infraestructura. Pero a medida que avanzan hacia equipamiento y tecnología, aumenta el riesgo de que una parte mayor de las compras se dirija al exterior.
El límite legal
La posibilidad de obligar a los proyectos RIGI a comprar un determinado porcentaje a proveedores locales es, justamente, uno de los puntos más complejos de la discusión.
Carbajales explicó que el Gobierno no puede imponer por vía reglamentaria obligaciones que contradigan lo establecido por la ley y su decreto reglamentario. Pero sí existe margen, según su interpretación, para modificar aspectos de implementación y definir con mayor precisión cuestiones que quedaron abiertas.
Entre ellas menciona cómo se determina si una empresa local está efectivamente en condiciones de competir, cómo se computan determinados compromisos de inversión y qué criterios se utilizan para evaluar el desarrollo de proveedores.
En ese sentido, el margen de acción estaría más en la reglamentación, el financiamiento, las facilidades y la articulación entre proyectos y proveedores que en imponer una obligación completamente nueva por fuera del régimen.
El borrador del Súper RIMI aparece así como una respuesta a una tensión que atraviesa el actual modelo económico apoyado en el RIGI pero que tiene pendiente evitar que las empresas locales queden relegadas de las nuevas cadenas de proveedores.
