El Ministerio de Economía definía por estas horas los detalles finales de los proyectos de ley con los que buscará financiar el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sin afectar al Presupuesto. La creación de un impuesto directo sobre la utilidad de los bancos por sus inversiones en Leliq y la suba de las alícuotas del impuesto al Juego, que deben estar listos para la convocatoria a sesiones extraordinarias, son las herramientas con las que, más allá de las cuestiones técnicas, el Gobierno buscará dar una batalla política en el Congreso.
Para el ministro Sergio Massa, la disputa será más que una imputación de recursos y gastos no previstos en el Presupuesto 2023. Considera que es una forma de comprometer a la oposición en el fallo de la Corte a favor de la Ciudad. Cree que puede poner a Juntos por el Cambio en una encrucijada: se comprometió a no aprobar subas de impuestos o nuevos gravámenes, pero en este caso serían para financiar a su principal bastión político. "JxC no va a acompañar ningún aumento de impuestos, aunque sea para financiar a la Ciudad; el Gobierno tiene que acatar el fallo y pagar con los recursos que tiene", replicaron en el Ejecutivo porteño.
Es una encrucijada difícil, también, para los legisladores de las 23 provincias: ¿Votar impuestos de alcance nacional para darle recursos adicionales al distrito más rico del país? Suena ilógico. Quizás por eso, Economía apuntó a los bancos y a los juegos de azar.
Economía hace números
Según estimaciones que circulan en el Palacio de Hacienda, la Ciudad recauda unos 3500 millones de pesos por mes por el impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito y casi $ 7000 millones por la alícuota de 8% de Ingresos Brutos a las Leliq. Son los dos tributos con los que Horacio Rodríguez Larreta cubrió una parte de lo que el presidente Alberto Fernández le retiró de coparticipación en septiembre de 2020. La Ciudad recaudó, por Sellos, unos 2300 millones mensuales, o 27.000 millones anuales, según datos oficiales. Fue menos de lo esperado.
Massa -que se mantiene estratégicamente ajeno a la avanzada del Ejecutivo contra la Corte Suprema- plantea que puede espejar esos valores: si la Ciudad deja de recaudar unos $ 84.000 millones anuales de los bancos, el impuesto directo a sus utilidades debería cubrir, al menos, ese monto. Será de afectación nacional (aunque la gran mayoría de los bancos operan desde CABA), no coparticipable, con el impuesto especial que la administración Cambiemos les cobró a los inversores de dólar futuro en 2016, por la ganancia extraordinaria que obtuvieron con la devaluación.
Los bancos siguen el tema con máxima preocupación, pero chocan contra un infrecuente hermetismo del palacio de Hacienda. No obtuvieron, por ahora, detalles finos de cómo los afectaría el nuevo impuesto. Trabajan en ello el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el titular de la Aduana y principal asesor en materia impositiva de Massa, Guillermo Michel.
El BCRA espera
El Banco Central tampoco está enterado de lo que puede ocurrir. A fines de 2020, cuando Larreta avanzó con el cobro de Ingresos Brutos a las inversiones en Leliq, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema por el impacto que ese impuesto tendría en la política monetaria, al encarecer la tasa de interés de referencia.
Argumentó, entonces, que la legislación de estados subnacionales no podía interceder en la política monetaria, delegada por el Congreso de la Nación al Banco Central. La Ciudad respondió que el impuesto era a los bancos y no a las Leliq en sí. La Corte duerme ese expediente hace dos años.
Búsqueda de base: $ 125.000 millones
En total, los impuestos a las Leliq y a las Tarjetas recaudan unos $ 125.000 millones al año. La suba de las alícuotas al Juego (hoy van de un rango de 2,5 a 15%) deberían cubrir la diferencia entre lo que se espera recaudar de los bancos a nivel nacional y lo que pagan, hasta hoy, los usuarios de tarjetas en la Ciudad. Pero, así y todo, quedaría un hueco importante. El fallo de la Corte supone enviar recursos a la Ciudad por unos $ 200.000 millones extra por año.
La portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, confirmó que el Ejecutivo incluirá estos ítems en la convocatoria a extraordinarias, prevista para la segunda quincena del mes.
En Economía no dieron una fecha concreta sobre cuándo enviarán el proyecto al Congreso. La prioridad parece ser el tratamiento del blanqueo de capitales, con el que el Gobierno espera sumar base de recaudación antes de que el acuerdo entre la AFIP y el IRS de Estados Unidos esté plenamente operativo, en enero de 2024.
