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En el mismo día en el que el Gobierno nacional oficializó su llamado a extraordinarias, el Ejecutivo presentó el informe final del Consejo de Mayo con los principales ejes de las reformas que transitarán por el Congreso. En dicho documento, en acuerdo con distintos sectores se enumeran las propuestas para el próximo año. Qué se les pide a los gobernadores bajo una severa advertencua y que piensan los mandatarios
La mesa del Consejo de Mayo estuvo conformada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; Germán Martínez, por los sindicatos, la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, no estuvo presente en la presentación del documento, a diferencia de sus colegas, en desacuerdo con el capítulo laboral.
“Se hicieron seis reuniones plenarias, se crearon mesas técnicas especialmente en las áreas más complejas como laboral y educación, se trabajó siempre con propuestas escritas y hoy lo que estamos haciendo es presentarle a la sociedad un informe de los puntos tratados", resumió Adorni al comienzo de su anuncio, tras agradecer a los miembros.
El jefe del gabinete adelantó que algunas propuestas serán enviadas durante el año, mientras que otras como la Ley de Inocencia Fiscal o la Ley de Libertad Educativa ya están en el Congreso.
En este sentido, el informe define en su punto cuatro una propuesta para las provincias: la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 % del Producto Bruto Interno.Forma parte de los puntos delineados en el documento que los mandatarios sellaron en Tucumán con el Pacto de Mayo
“El Estado Nacional fue el que realizó el mayor esfuerzo de ajuste”, aseguraron desde el Consejo de Mayo y aseguraron que, si las provincias y los municipios hubieran hecho la misma reducción, el gasto público estaría en torno al 28% del PBI.
“Esto implicaría un ajuste adicional del gasto de las provincias de 2,2 puntos del PBI y los municipios de 0,6 puntos”, indicaron.
Aunque la sugerencia a las provincias de recortar el gasto público es selectiva, en el informe se asegura que la performance de distintas provincias es diferente y el veredicto “no debería extenderse como conclusión uniforme” pero “es el resultante para todo el conjunto”.
“La propuesta del Consejo de Mayo al presidente y a los gobernadores consiste en comprometerse a congelar el gasto público real hasta alcanzar el equilibrio deseado”, aseguraron.
Por lo tanto, propusieron “aprovechar el incremento de la recaudación derivado del crecimiento de la actividad económica, manteniendo constante el gasto público en términos reales”.
Esto último podría ser un problema para provincias industriales, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que ven su actividad frenada por la apertura de importaciones y la caía de la competitividad.

Para el gobierno, sería “posible converger gradualmente hacia un nivel menor de participación del Estado en la economía.”
“Es cierto que exigir un ajuste cercano a 8 puntos del PBI entre provincias y municipios supone un esfuerzo enorme (aunque el Gobierno nacional sí lo hizo). Por eso, la propuesta del Consejo es combinar un esfuerzo adicional de consolidación fiscal con el crecimiento del producto”. asegura.
En este sentido, ejemplificaron que, si provincias y municipios realizan un ajuste del orden de 4 puntos del PBI, un crecimiento acumulado del 17,4 % permitiría, suponiendo una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 3 % anual, el gasto consolidado converja al nivel objetivo en aproximadamente cinco años.
“Más allá del esfuerzo adicional, de mínima sería necesario congelar el gasto real. Para darle efectividad a la propuesta, el Consejo considera que sería imperativo que las provincias que no adhieran al acuerdo o que no cumplan con las metas establecidas quedarían excluidas de la posibilidad de recibir aportes del Tesoro Nacional por parte del gobierno nacional”, indicaron como amenaza.
Qué piensan los gobernadores
Voces tanto de provincias amigas del Gobierno nacional, como Entre Ríos o San Juan, así como de provincias enfrentadas con Nación, como Buenos Aires, coinciden en cuanto a que los distritos subnacionales están en equilibrio.
“En su mayoría, las provincias no están en equilibrio”, comentó en diálogo con El Cronista una voz allegada a los gobernadores cercanos a la Rosada.
En este sentido, la alarma que se enciende en los distritos provinciales es la estrepitosa caída de la recaudación por la baja del consumo. “Eso termina afectando los recursos coparticipables”, remarcaron. Asimismo, agregaron que hoy el problema “no es el gasto sino la recaudación nacional y su impacto negativo en las finanzas provinciales”.
Desde el riñón de Kicillof aseguraron que “Caputo vuelve a pedir lo mismo que pedía en la época de Macri y los ATN se repartían igual”.
Según un informe al que tuvo acceso este medio, las transferencias automáticas federales mostraron uno de los peores registros de 2025, mostrando una caída del 5% ajustada por inflación, apenas superando las variaciones de septiembre (-10.2%) y mayo (-22.9%).

Qué dice el informe del Gobierno sobre el ajuste y el impacto en las provincias
“Durante el kirchnerismo, la Argentina experimentó una verdadera inflación del gasto público. El Estado, que en los años noventa rondaba el 30 % del PIB, se expandió hasta superar cómodamente el 40 % durante el período kirchnerista”, indicaron los firmantes.
En este sentido, aseguraron que dado que cada peso de gasto debe financiarse mediante impuestos formales, impuestos futuros o emisión monetaria (que inevitablemente deriva en inflación), este proceso no pudo sino traducirse en un aumento de la pobreza“.

“En la práctica, implicó transferir recursos desde el conjunto de la población hacia los sectores beneficiados por el gasto gubernamental. El resultado fue contundente: la pobreza, que promediaba alrededor del 25 % en los años noventa, ascendió al 41,7 % en 2023″, indicaron como su teoría de porqué aumentó la pobreza.
Para el Consejo, el gasto público se redujo durante el año 2024 al 31% del PBI, y esto significa que “poco más de la mitad del ajuste necesario se concretó durante el primer año de gestión de Javier Milei”.
“La reducción total de 10,9 puntos del producto se distribuyó en 7,3 puntos correspondientes a la Nación, 3 puntos a las provincias y 0,6 puntos a los municipios”, afirmaron. En este sentido, el gasto devengado de la Administración Nacional cayó un 33% entre 2023 y 2024, mientras que el de las provincias se redujo un 19% y el de los municipios un 16% en el mismo período.
Vale recordar que, en más de una ocasión, los gobiernos provinciales han cuestionado la falta de transferencias de recursos desde Nación e incluso algunas de ellas han elevado sus reclamos hasta la Corte Suprema.














