Carlos Mahiques

"A la Justicia le hace falta un programa de políticas públicas para crecer en credibilidad"

El magistrado realizó un diagnóstico de las principales reformas que piensa para diferentes áreas y contenidos del ámbito judicial.

Días atrás, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques fue declarado Personalidad Destacada en el área de las Ciencias Jurídicas en un acto celebrado en la Legislatura porteña. Allí afirmó que su deseo es que no se vea "reflejado en las leyes o en las decisiones de jueces el propio pensamiento político o ideológico", sino que "lo más adecuado a las necesidades de la comunidad".

El Cronista dialogó con el camarista para que pudiera profundizar en los principales aspectos que analiza, a sus 71 años y casi 50 años de oficio judicial, que precisan especial atención, con vistas a ser reformadas para mejorar el servicio de la Justicia.

- La Corte Suprema llamó a facilitar el lenguaje del ámbito jurídico para que se comprendan mejor los fallos, ¿es un déficit de cara a la sociedad?

- Creo que es un defecto muy arraigado. La sentencia debe expresarse de manera clara, concisa y concreta. Las palabras son la principal herramienta de comunicación de los jueces, y el lenguaje que se utiliza se denomina performativo porque instaura realidad y tiene incidencia directa en la vida de las personas destinatarias de nuestras decisiones. En la medida en que se aclare el mensaje se consolida también la autoridad y credibilidad de la Justicia como institución. El poder real de los jueces se sustenta en que la comunidad crea y confíe en que lo que hemos verificado a través de un proceso judicial es la verdad.

- ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para mejorar su credibilidad?

- Se requiere de un programa de políticas públicas para crecer en efectividad y credibilidad. Esto supone identificar algunos problemas urgentes y las deficiencias estructurales en el sistema de Justicia. Debe contarse con evidencia empírica suficiente sobre la realidad que hay que transformar y esbozar las posibles soluciones, de diferente complejidad y alcance, para luego implementarlas considerando la organización federal del Estado y las áreas donde su responsabilidad es excluyente.

- ¿Y cuáles son los asuntos que cree más urgentes?

- Nuestro país, sobre todo en los últimos años, viene experimentando un incremento inusitado de la violencia relacionada con organizaciones criminales. Hay fuertes indicadores como el índice de homicidios en Rosario, lo que configura -como los datos relativos a la corrupción estatal- un verdadero riesgo para el orden democrático y el Estado de Derecho.

El juez de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques

- ¿Qué propone para ello?

- El sistema federal interviene de manera reactiva y no genera impacto en los fenómenos criminales que forman parte de su competencia. En mi opinión, el Ministerio Público Fiscal debe asumir una estrategia más proactiva, y para ello es necesario encarar una reconfiguración institucional que le permita seleccionar cada una de sus intervenciones y rendir cuenta de los resultados obtenidos. Es imperativa una reforma que permita articular la tarea de la Procuración General de la Nación y las agencias federales que hoy dependen del Poder Ejecutivo, particularmente en casos que ponen en riesgo el funcionamiento y la existencia misma del Estado como la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico.

- ¿No hay un gran problema con la articulación de distintas áreas del Estado?

- Son varios los obstáculos, y es la consecuencia, como dije, de la ausencia de una política de persecución penal estratégica. El Poder Ejecutivo tiene a su cargo las fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria, cada una con sus específicas incumbencias funcionales por fuera de las tareas de investigación y sin dependencia directa con los fiscales. Estos tienen una carga de trabajo integral e indiscriminada que los desvía de los objetivos más significativos desde el punto de vista político criminal, como la persecución de las grandes organizaciones delictivas. El Estado Federal debe actuar sobre esta realidad integrando y adecuando la intervención de los cuatro departamentos del Estado Federal de manera coordinada y proactiva. La Justicia Federal es de excepción y los recursos deben direccionarse y concentrarse en los fenómenos macrocriminales graves.

- Esa falta de coordinación se replica también con las dependencias provinciales también...

- Las autoridades provinciales tienen una responsabilidad concurrente con la federal en la persecución penal. Aquellas deben fortalecer los sistemas de justicia local. Promover programas basados en evidencias empíricas para mejorar la eficiencia de la respuesta jurisdiccional. Un ejemplo es el narcomenudeo, la implementación de la llamada "Justicia restaurativa", el derecho penal juvenil, la regulación de penas y sanciones alternativas a la pena de prisión, y los sistemas de probation.

El camarista Carlos Mahiques

 - ¿Cómo se mejoran los tiempos de las causas judiciales?

- La Justicia Federal no puede impactar en el crimen organizado ni en la delincuencia compleja si los procesos demoran excesivamente. Es necesario acortarlos considerablemente para que los fallos judiciales puedan ejecutarse en tiempo y forma. Es notoria la demora en la investigación y en la etapa recursiva, donde, por ejemplo, se requiere lo que se denomina "doble conforme", y que, en algunos casos, en mi opinión, resulta un exceso que retarda el cumplimiento de una sentencia. Es un tema sensible y polémico, pero si hubo dos sentencias condenatorias, incluso en Casación, es discutible que siga rigiendo con la misma intensidad el principio de inocencia. Son cuestiones que tenemos que discutir y reformar para ganar en celeridad y eficiencia.

- ¿Quién lo tiene que proponer para que se pueda llevar realmente a cabo?

- Todos los actores tenemos una responsabilidad en la elaboración del diagnóstico con prescindencia de condicionamientos ideológicos y políticos. Porque efectivamente no se trata de hacer una reforma, sino de dar una respuesta superadora en un contexto de crisis. La realidad muestra que los intentos han sido espasmódicos, con visión proselitista, motivada en discursos ideologizados, sin previsión a largo plazo y desde posiciones de tensión entre las culturas del control y la severidad versus la consolidación de las garantías individuales frente al poder estatal. Las consecuencias están a la vista: la saturación, del sistema, la frustración de los actores del proceso y la consolidación y expansión de realidades delictivas.

- ¿Y qué observa particularmente de este último caso?

- Hay una politización inaceptable, sobre todo en el proceso de selección de magistrados. La aceptación de las decisiones judiciales requiere que los tribunales sean percibidos como legítimos, es decir, que la comunidad confíe en ellos y los considere independientes del poder político. Para ello se precisa implementar un nuevo proceso de selección que eleve considerablemente el piso de idoneidad y probidad necesarios para acceder a la magistratura. La mejor alternativa es poner en funcionamiento una Escuela Judicial que ofrezca una carrera de formación inicial obligatoria para todos los aspirantes. La idea es formar un juez más profesional que adquiera más destrezas propias de su oficio que de la academia y la teoría.

- ¿Qué enseñanzas le dejó su paso como funcionario en la provincia de Buenos Aires?

Hay problemas estructurales y crónicos como los que atraviesan los servicios penitenciarios. Esta crisis favorece el accionar violento de las organizaciones criminales que actúan en los establecimientos carcelarios. Se necesita revertir la sobrepoblación a través de la construcción de nuevas cárceles y del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de los detenidos a disposición de los jueces locales (nacionales y de la Ciudad Autónoma). Además, es preciso modificar urgentemente la política de alojamiento de internos a fin de evitar el contacto de los presos peligrosos con el mundo exterior, la interacción entre líderes criminales de diferentes jurisdicciones y la vinculación entre delincuentes primarios y reiterantes.

- ¿Y qué opina sobre el actual estado del código penal?

- Es una legislación anacrónica y fragmentada. El Código Penal Argentino no contempla suficientes previsiones para investigar y sancionar las nuevas modalidades delictivas de carácter transnacional. Debe ajustarse a las necesidades de la moderna política criminal. Con ese propósito debe implementarse una reforma integral del código penal que le devuelva su sistematicidad y que permita hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La última reforma propuesta en el 2018 se inscribe en esa línea.

- ¿Qué perspectivas tiene para su último tramo como camarista?

- Yo tengo 71 años y el año próximo cumplo 50 años en el Poder Judicial. He ocupado todos los cargos de la jerarquía judicial y en las tres jurisdicciones, provincial, nacional federal. Algunas de las propuestas aquí explicadas se originan en nuestra experiencia y las venimos trabajando en un grupo de estudio que integramos profesionales de diferentes disciplinas y procedencias. Se trata de un aporte al nuevo gobierno, si lo estima de interés, y con el solo propósito de lograr un mejor funcionamiento del sistema judicial.

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  • CA

    Carlos Adjoyan

    02/11/23

    Sería un comienzo interesante que los jueces probos se dediquen a dictar justicia solo y estrictamente con la ley en la mano, sin aceptar presiones ni influencias de nadie.... y con el tiempo se destacaron de otros jueces que utilzan la justicia para negocios y politiquería....

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