Deuda

Aun un acuerdo de largo plazo con el FMI deja un panorama "insostenible" para la deuda

Prácticamente descartada la posibilidad de un acuerdo antes de las legislativas por parte de los especialistas, el oficialismo preparará la campaña sin el compromiso de adoptar reformas ni correcciones. Pero no podrá estirar la postergación más allá ante el aluvión de vencimientos que se vienen.

Cada vez una mayor parte de los analistas considera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa de financiamiento no estará para antes de octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas y seis meses después del plazo inicial que había planteado el Gobierno.

Este retraso de la rúbrica, alimentada por el reclamo del Ejecutivo de que se investigue el acuerdo que el organismo firmó con la administración de Mauricio Macri, ya empezó a impactar hace semanas en las expectativas de estabilización, al acercarse en el tiempo vencimientos más importantes de 11 digitos anuales, definitivamente impagables.

Y además, la inexistencia de un programa con el Fondo liberaría al Gobierno de aplicar ciertas reformas que apunten a corregir los desequilibrios fiscales y monetarios durante la campaña electoral, que quedarían postergados para el tramo final del año.

Tras la reestructuración con los acreedores privados, el FMI es el acreedor externo más importante de Argentina, con una deuda equivalente a u$s 47.942 millones entre capital e intereses a pagar hasta junio de 2024, según datos del Ministerio de Economía al tercer trimestre de 2020.

No obstante, el crédito está denominado en derechos especiales de giro (DEG), que es la moneda del Fondo, que se apreció contra la divisa estadounidense en los últimos meses: según estimaciones de Ecolatina, actualmente el monto total a devolver ronda los u$s 48.821 millones, también entre amortización y renta. En cualquier caso, es una cifra que Argentina no puede afrontar.

Es que este año restan pagar u$s 4764 millones aproximadamente, dado que ya se abonaron cerca de u$s 300 millones en intereses por el primer trimestre. Puntualmente, quedan tres vencimientos de renta trimestrales por un monto similar y dos de capital por cerca de u$s 1867 millones cada uno, en septiembre y en diciembre.

Estas amortizaciones se saldarían con la asignación extraordinaria que analizan efectuar los miembros relevantes del Fondo y que significarían cerca de u$s 3300 millones adicionales para Argentina. Esta posibilidad representa una alternativa al plan original, que era acordar con el FMI antes de mayo para poder renegociar la deuda remanente con el Club de París por u$s 2400 millones que vence ese mes y para retrasar todos los pagos de capital con el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

La consultora LCG resalta que este giro especial permite demorar el pago de la deuda por un año, pero "no la torna más sustentable". En cuanto al Club de París, que pone en sus requisitos para refinanciar la deuda un acuerdo con el FMI, LCG destaca que la deuda argentina tiene un bajo peso en la cartera y considera que el grupo acreedor podría acceder a renegociar si el equipo económico muestra avances en las conversaciones con el Fondo.

"Las necesidades financieras de 2021 son 'bajas' para un país tan endeudado, pero la mala gestión de la deuda y la política económica, sumada a los problemas de señales por parte del Gobierno en materia de política económica y la demora de un acuerdo con el FMI hacen que la iliquidez se pueda revelar en problemas de solvencia más temprano que tarde", sentenció LCG, que considera que la deuda no es "sustentable".

Pero 2022 ya aparece con cifras mucho más desafiantes con el FMI. En el primer trimestre vencen u$s 3950 millones y le siguen cinco pagos trimestrales consecutivos que oscilan entre los u$s 5000 millones y los u$s 6000 millones cada uno: en esos 15 meses corresponden pagar más de u$s 28.500 millones, siempre entre capital e intereses.

Además, en esas fechas ya operan los primeros vencimientos de los bonos reestructurados con los acreedores privados, lo que suma presión al Tesoro. De ahí la importancia de la programación de los pagos, que puede tomar dos caminos: un acuerdo Stand-By (SBA) o un acuerdo de facilidades extendidas (EEF, por sus siglas en inglés).

El primero está destinado en general a países de ingresos medios y otorga entre 12 y 36 meses de gracia para comenzar el reembolso, cuyos plazos pueden oscilar entre tres y cinco años. A cambio, el FMI exige la adopción de ciertas medidas estructurales y metas cuantitativas.

El EEF, en cambio, generalmente se otorga a países con graves problemas en la balanza de pagos y ofrece hasta cuatro años de gracia, con un plazo de reembolso de entre 4 y 10 años, por lo que es la opción preferida por el gobierno argentino. No obstante, un acuerdo a 20 años como el que pretenden en el oficialismo no figura entre las posibilidades. 

Incluso, el economista cercano al oficialismo Emmanuel Álvarez Agis reconoció al respecto que aún con un acuerdo a 20 años, que implicaría cambiar las reglas del Fondo Monetario, "la deuda sigue siendo imposible de afrontar" y planteó que la Argentina tiene que refinanciar los vencimientos de capital

"Si vamos a un acuerdo de facilidades extendidas de 7 años, Argentina tiene que pagar u$s 16 mil millones durante 4 años seguidos. Ni Corea del Sur puede pagar eso. Si vamos al sueño de 20 años y reformamos la carta del Fondo, la deuda sigue siendo imposible de afrontar. Si no conseguimos rollear vencimientos de capital, la deuda es insostenible", indicó el economista.

Naturalmente, un acuerdo con vencimientos más largos tiene mayores exigencias: reformas estructurales de mediano plazo que aseguren estabilización y crecimiento, además de correcciones de los desequilibrios de los que Argentina adolece, como el déficit fiscal y los problemas monetarios.

La consultora Ecolatina diseñó una estimación preliminar de cómo quedarían los hipotéticos cronogramas en un caso y otro, de acuerdo con los antecedentes de los programas del Fondo, en el que se ve que un SBA también sería imposible de cumplir, dado que requeriría pagar casi u$s 9000 millones en 2024, casi u$s 22.000 millones en 2025 y u$s 14.000 millones en 2026.

En cambio, un EEF, sin dejar de ser exigente para las magnitudes argentinas, parece ser más afrontable, dado que hasta 2024 inclusive las obligaciones no rebasarían, a cifras de hoy, los u$s 1000 millones por año. En 2025 ya ascendería a u$s 4540 millones y hasta 2030 no bajarán de los u$s 7500 millones por año. 

De todas maneras, un acuerdo de esta naturaleza exigiría una serie de reformas más contundentes. "La idea de que el Fondo será un actor secundario puede ser cierta solo para el cortísimo plazo, pero definitivamente será un ‘socio' de la política económica del país por la próxima década", señaló LCG.

No obstante, si al escenario del EEF se añaden vencimientos de bonos de ley local y de ley extranjera en 2025 el monto a pagar en total asciende ya a casi u$s 12.000 millones, mientras que de 2026 a 2030 todos los años habrá que desembolsar al menos u$s 15.000 millones para evitar el default y por ello la aspiración a un acuerdo a 20 años. Es decir, aun con la reprogramación de mayor laxitud, el horizonte es sumamente oscuro. 

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Comentarios

  • RDV

    Roberto Del Vecchio

    12/03/21

    la deuda será acordada a después de las elecciones de medio término, los actuales gobernantes saben que hacerlo antes perderán muchos votos.-

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