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La polémica por la llamada Ley de Nietos sumó esta semana un nuevo capítulo que puede impactar nuevamente a los argentinos con nacionalidad española.
Es que la organización Iustitia Europa pidió al Tribunal Supremo de España que amplíe la suspensión cautelar del derecho al voto a quienes se nacionalizaron por esta vía, pero luego se mudaron a España y pasaron del censo de residentes en el extranjero al censo electoral de residentes en el país. También reclamó que la medida alcance a sus hijos.
El planteo se suma a la decisión que el Supremo adoptó en septiembre y confirmó el pasado 12 de octubre, por la que mantiene suspendidos los efectos electorales de 163.020 personas nacionalizadas mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La restricción rige para quienes no puedan acreditar que sus antepasados españoles se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, de creencia o vinculados con la orientación o identidad sexual.
Cabe señalar que la medida no afecta a la nacionalidad española en sí misma, sino al derecho a votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El tribunal considera que existe un riesgo para la regularidad y transparencia del censo y ordenó revisar los expedientes para determinar quiénes cumplen con las condiciones exigidas.
Argentina, el país más impactado
El conflicto tiene una dimensión especialmente relevante para Argentina. Es que, desde la reciente entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Consulado General de España en Buenos Aires recibió unas 645.000 solicitudes de nacionalidad.
Hasta mediados de 2026 había resuelto alrededor de 30.000 expedientes, mientras que una parte importante de los trámites todavía permanece pendiente.
Argentina, además, es uno de los principales focos de la aplicación de la norma y concentra una parte significativa de los expedientes que ahora deben ser revisados.
La magnitud del proceso genera una fuerte carga sobre los consulados: en Buenos Aires, la documentación presentada físicamente supera los 220.000 expedientes, y el propio consulado prevé que la recepción de documentación de quienes obtuvieron turno durante el período de vigencia de la norma pueda extenderse hasta 2030 o 2031.
Para los argentinos que ya obtuvieron la ciudadanía, la controversia generó además una preocupación que va más allá de las próximas elecciones. Beneficiarios consultados por medios españoles y argentinos denunciaron que la suspensión del voto representa una restricción de derechos políticos y cuestionaron que se les exija ahora documentos fehacientes de un exilio que muchas familias no pudieron conservar como prueba después de décadas.
Qué pide ahora la Justicia
El nuevo escrito de Iustitia Europa apunta a dos grupos que, según la organización, quedaron fuera de las resoluciones anteriores. Por un lado, quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos, fueron incorporados inicialmente al CERA, pero después trasladaron su residencia a España, dejaron de figurar como residentes en el extranjero y pasaron al CER, el censo de quienes viven en territorio español.
La organización sostiene que esas personas podrían conservar actualmente su derecho a votar pese a haber obtenido la nacionalidad por la misma vía que está siendo cuestionada por el Supremo. Por eso pidió que la Oficina del Censo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística identifiquen esos movimientos, reconstruyan la situación censal de cada elector y, mientras se realiza la comprobación, suspendan cautelarmente sus efectos electorales.
El segundo grupo son los hijos e hijas de quienes obtuvieron previamente la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. Iustitia Europa pidió que también se suspenda de forma cautelar su derecho al voto, tanto si actualmente aparecen en el CER como si están registrados en el CERA. Este pedido tampoco implica, por ahora, que el Supremo haya decidido suspender sus votos.
La dimensión del segundo grupo es difícil de determinar. Los últimos datos oficiales citados por medios españoles contabilizan 195.872 nacionalidades concedidas a hijos mayores de edad dentro del Anexo III, aunque esa cifra mezcla a descendientes de personas nacionalizadas por la normativa de 2022 con hijos de ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Histórica de 2007. Por eso no existe todavía un número oficial que permita determinar cuántos corresponden específicamente al grupo cuestionado por el Supremo.
Ley de Nietos: un conflicto abierto
El Gobierno español fue requerido además por el Supremo para entregar la identificación de las 163.020 personas afectadas por la suspensión. El tribunal dio como fecha límite este miércoles y advirtió que, en caso de incumplimiento, podría imponer multas coercitivas de 1000 euros, reiterables, e incluso valorar responsabilidades penales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que el Ejecutivo entregaría el listado dentro del plazo.
Sin embargo, el problema de fondo continúa siendo la revisión de los expedientes. Hasta el 21 de octubre, Exteriores había revisado 31.390 casos y emitido apenas 91 certificados que acreditaban la condición de descendientes de exiliados, el requisito que permite recuperar el derecho al voto.
Para los argentinos, el desenlace puede tener un impacto particularmente significativo por la enorme cantidad de solicitudes presentadas en el país y por el peso que tuvo Argentina en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La nacionalidad no está suspendida, pero el derecho político de una parte de estos nuevos españoles continúa bajo revisión judicial, mientras el Supremo analiza si la medida debe extenderse también a quienes se mudaron a España y a los hijos de los nacionalizados.
Por ahora, la situación sigue abierta: el Supremo debe resolver el fondo de la controversia y también decidir si acepta el nuevo pedido de Iustitia Europa para ampliar las medidas cautelares a esos otros grupos.
