La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que en el Gobierno se evalúan cambios en el esquema de control del transporte que podrían implicar una desregulación del sector y una quita de competencias a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo encargado de fiscalizar servicios de pasajeros y cargas en todo el país. Según señalaron desde el sindicato, la iniciativa en análisis implicaría trasladar parte de las funciones de control a otras fuerzas, principalmente a Gendarmería Nacional, lo que podría debilitar las tareas de prevención y fiscalización técnica que hoy realiza la CNRT en terminales, rutas y puntos estratégicos. “Hay una preocupación creciente por un posible desguace del organismo y una reducción de sus capacidades operativas. Esto impactaría directamente en los controles sobre micros de larga distancia, viajes estudiantiles y transporte de cargas, incluso aquellas consideradas peligrosas”, indicaron fuentes gremiales. Actualmente, la CNRT cuenta con más de mil trabajadores distribuidos en todo el país y tiene a su cargo la verificación del estado de los vehículos, controles a conductores —incluyendo test de alcoholemia y sustancias— y la supervisión de talleres y servicios de transporte interjurisdiccional. Desde ATE advierten que un eventual cambio en el esquema podría limitar los controles preventivos, especialmente fuera de rutas nacionales, y generar “zonas liberadas” en terminales o trazas provinciales, donde hoy también se realizan inspecciones clave para evitar accidentes. Sin embargo, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, relativizaron estas versiones. Fuentes de esa cartera aseguraron e El Cronista que “no tienen conocimiento de ningún proyecto en ese sentido” y descartaron, al menos por el momento, que exista una iniciativa formal para modificar el rol de la CNRT. Pese a ello, en el sector del transporte y entre los trabajadores del organismo se mantiene la incertidumbre. La discusión se enmarca en un contexto más amplio de revisión del rol del Estado en áreas de control y regulación, impulsado por el Gobierno, que ya avanzó en otros sectores con esquemas de simplificación normativa. Mientras tanto, advierten que cualquier modificación en el sistema de fiscalización deberá contemplar la complejidad técnica del transporte y la necesidad de mantener estándares de seguridad, en un país donde el volumen de pasajeros y cargas en circulación sigue siendo elevado y heterogéneo. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo creado en 1996 para controlar el transporte automotor y ferroviario, fue uno de los blancos del proceso de desregulación y achicamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei. El proceso arrancó con el DNU 70/2023, que estableció la desregulación amplia de la economía y eliminó restricciones a la libre oferta de servicios, sentando las bases para las reformas posteriores en el sector. En 2024 se dictaron decretos que liberalizaron el transporte de pasajeros por carretera y de cargas, reduciendo las atribuciones regulatorias de la CNRT. El golpe final llegó con el Decreto 461/2025, dictado en julio de ese año bajo las facultades delegadas por la Ley Bases. El decreto dispuso la reorganización de la CNRT, que pasó a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, con competencias mucho más acotadas: fiscalización de concesiones viales e investigación de accidentes ferroviarios. El control del transporte automotor pasó a la Subsecretaría de Transporte. El decreto tuvo un trámite accidentado: fue rechazado por la Cámara de Diputados y el Senado, pero el Ejecutivo lo restituyó mediante los Decretos 627 y 628/2025, argumentando que el Congreso había generado un vacío normativo al derogarlo sin establecer un marco alternativo.