OPINIÓN

Un sistema político con sus engranajes oxidados

Las dificultades crecientes de los gobiernos democráticos para avanzar en las reformas que son estructurales indispensables para el logro de objetivos fundamentales de estabilidad y desarrollo económico y social no pueden interpretarse únicamente a partir de un análisis de factores coyunturales. 

Es obvio que afectaron ya antes a todos los gobiernos, lo cual demuestra que tienen que ver con problemas más profundos y estructurales, que la Argentina comparte con la gran mayoría de los países de la Región.

El problema no está en la economía, la política o la cultura: está en el diseño y funcionamiento de algunas sus instituciones básicas. En su capacidad para canalizar las necesidades básicas, cada vez más insatisfechas, de una sociedad que ha cambiado. Que tiene otras prioridades, otras urgencias y sobre todo otras visiones estratégicas, muy diferentes de las que estuvieron a la base de la formación de muchas instituciones fundacionales

Aún cuando los diversos sectores de la política, los "poderes facticos" de la economía y la mayor parte de los círculos académicos insistan en mirar hacia otro lado, la esencia del problema es institucional. 

El sistema político argentino esta trabado. En muchos aspectos centrales, ha llegado un estado de parálisis y descomposición que dificulta el tipo de respuestas que demandan no solo la combinación extraordinaria de problemas económicos y sanitarios que la Argentina comparte en este momento con el resto del mundo, sino sobre todo las necesidades de una sociedad cada vez más dinámica y exigente.

Las evidencias de esta parálisis son abrumadoras. Están trabados los mecanismos de representación y participación ciudadana y han dejado de funcionar la mayor parte de los engranajes y procedimientos propios de la normalidad institucional. 

La crisis de la Justicia es una manifestación evidente de esta esclerosis prematura, que se suma a otros aspectos igualmente decisivos como los bloqueos de la relación entre los poderes de la Constitución, el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos o las relaciones más elementales entre el Estado y la vida económica.

En todos los frentes, las instituciones registran anomalías que comprometen la capacidad del país para resolver la mayoría de las cuestiones básicas de la agenda futura. En un escenario inédito de desconfianza social, la parálisis corroe también la vida de los partidos, polariza la política e impide la resolución de casi todos los problemas de la agenda social. 

La captura sindical de las regulaciones laborales ha destruido la creación de empleo y la secuela de consecuencias en el plano de la pobreza, la exclusión y la perdida de cohesión social amenazan con llegar a un punto de no retorno. El déficit institucional le resta a la política toda capacidad de comprometer esfuerzos y sacrificios hacia el futuro.

Sería injusto cargar todas las responsabilidades a en la balanza de la política o aún del resto de la dirigencia. De hecho, sobran en la política y en la dirigencia empresaria, sindical o de la sociedad civil personas e instituciones decididas a enfrentar el desafío. 

Existen en el país ideas, recetas, diagnósticos y propuestas en cantidad y calidad incluso superiores a los de muchos otros países que atraviesan situaciones similares. De hecho, los términos del debate político y económico no son hoy muy diferentes a los que agitan la vida de la mayoría de los países, tanto de la región como de otras naciones igualmente paralizadas ante la crisis.

El problema no está en supuestas carencias de ese orden. Está en la capacidad y el dinamismo de las instituciones. Particularmente en las instituciones a través de las cuales se organiza la estructura y la dinámica del poder. 

Como muchos otros países, lo que algunos denominan la "sala de máquinas" de la Constitución - es decir, su parte orgánica- está bloqueada. Sus engranajes están empastados, enmohecidos, algunos irremediablemente oxidados. Por decididos que sean los esfuerzos por hacerlos funcionar, ya no responden. Con el agravante de que la vida política esta fragmentada, crispada y polarizada. El resultado es una sociedad empatada, en un juego de suma-cero, cada vez menos dispuesta a postergar sus reivindicaciones.

El problema no es sólo que no funcionen -por más de un motivo atendible- el Parlamento, el Poder Judicial o la casi totalidad de los organismos de la administración. No funcionan tampoco los mecanismos de formación natural de la ley, las regulaciones o políticas públicas. Tampoco la relación fluida entre poderes y los organismos de control. 

Es más que evidente que si un milagro erradicara de golpe el Covid-19, tampoco podría esperarse mucho de las capacidades y posibilidades de las instituciones. Es un proceso de décadas, que envuelve a casi todos los gobiernos que en las dos últimas administraciones. Las cosas han llegado al límite: coaliciones electorales exitosas, tropiezan con dificultades invencibles para gobernar.

Cambian entonces las prioridades. Los acuerdos políticos, cada vez más urgentes e indispensables ya no pueden ser supuestas "Políticas de Estado", cuesta mucho imaginar cuales podrían ser. Los acuerdos urgentes deben focalizarse en el diseño y funcionamiento de las instituciones.

Se imponen reformas creativas y pragmáticas, ingenierías institucionales que permitan desbloquear el funcionamiento. Nadie está dispuesto a dar saltos en el vacío. La nave debe ser reparada de urgencia y en plena navegación, porque cuesta imaginar un puerto seguro y porque no hay capitán ni oficiales. Nadie acompañara utopías revolucionarias ni recetas abstractas o ensoñaciones demagógicas -profesores, think tanks y ONG's abstenerse-. 

La sociedad actual, exige respuestas. Inmediatas y las espera de la política. Sabe bien que los males de la política solo puede curarlos la política, asistida, por supuestos, por una sociedad creativa y vigilante.

Los problemas de un presidencialismo hipertrofiado, incapaz de administrar esa soberanía dual que comparte con el Parlamento y muy poco dispuesto a asumir las condiciones del Estado de Derecho sobrepasan toda capacidad de respuesta. 

De nada valen las transacciones electorales o los acuerdos de "presidenciables" para proteger el actual estado de cosas. Ha llegado la hora de los acuerdos institucionales, focalizados en soluciones efectivas, que apunten a un nuevo formato en la organización y el ejercicio del poder.

La mayor parte de los países de la región ya están en eso. La era de los presidencialismos cesaristas ha llegado a su fin. El ejemplo chileno ofrece en estas semanas una experiencia valiosa que debería ser seguido con atención por la dirigencia argentina. El futuro es de un presidencialismo parlamentarizado, capaz de habilitar nuevas formas de administración del poder, de regulación inteligente de la economía y de estímulo a la participación más protagónica de la sociedad civil.

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Comentarios

  • VG

    Victor Gauna

    Hace 9 días

    Señor encuestador: me llama mucho laatención que en su artículo sobre los "engranajes oxidados" haya omitido que la economía argentina esta cautiva en muy pocas manos. Aqui todo está monopolizado y el dinero que ganan va a paraisos fiscales. Ude ha omitido el "engranaje" más importante. En qué pais del mundo se permite esto? Aqui no existe libertad de comercio, todo está dirigido por capitales muy concentrados. Diga la verdad. El capital bancario que en europa gana rl 6% anual, aqui esta cerca del 28% anual. Un saqueo brutal.

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