Salud en Chile: una bomba de tiempo

A pocos días de que venza el plazo - el próximo 30 de mayo- fijado por la Corte Suprema de Justicia de Chile para que las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional) acaten el fallo que obliga a dichas instituciones privadas a paralizar los incrementos de los planes de sus afiliados y devolver excedentes por más de USD 1.400 millones por ISAPRE, el panorama de todo el sistema de salud chileno parece a punto de explotar y dejar a más de 18 millones de chilenos en una completa incertidumbre.

Las ISAPRES son entidades privadas encargadas de financiar las atenciones y beneficios de salud de sus afiliados y sus cargas, que cotizan el valor del plan pactado de acuerdo a un contrato celebrado entre partes. Según datos de la Superintendencia de Salud chilena, menos de 20% de la población ocupa este sistema privado de salud, mientras que el resto -82 % de la población- ocupan el estatal Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Un poco de historia

Desde que nacieron en la década de los 80, como producto de la constitución de Pinochet, hasta abril de 2020, las ISAPRES determinaban el costo del plan de cada afiliado a través de una herramienta denominada "tabla de factores". Fijada por ley, esta era el resultado de un análisis entre los precios del seguro contratado y la condición de salud del cotizante.

En resumen, siguen un modelo de negocios donde seleccionan a sus afiliados según los riesgos que estos implican a partir de su edad, enfermedades preexistentes y sexo, en donde, por ejemplo, las mujeres son "más caras" y deben pagar primas mas altas que los hombres.

Chile es una excepcionalidad a nivel internacional, permitiendo que estos seguros privados de salud, con fines de lucro o ISAPRES, administren el 7% de la cotización obligatoria, sustituyendo al organismo público en esta función (FONASA). En la mayor parte de los países del mundo existen seguros privados, pero estos actúan como seguros de segunda instancia que complementan la cobertura universal de un ente público.

Luego del estallido social de octubre de 2020 y con el nuevo gobierno progresista de Gabriel Boric, la Corte Suprema falló en 2022 a favor de paralizar los incrementos de los planes de salud para la totalidad de los afiliados del sistema privado, y también ordenó que la nueva tabla de factores se aplicara no solo a los contratos nuevos (desde abril de 2020 en adelante), sino que para todos los clientes históricos de ISAPRES.

Así, las aseguradoras deberán reembolsar millonarios montos en excedentes para cumplir la ordenanza de la justicia. Se calcula que lo que deberían devolver son más de USD 1400 millones por institución lo que, a dicho de las propias ISAPRES, llevarían a esas empresas a la quiebra.

Sistema privado vs público

Según las empresas privadas, estas registraron cerca de $ 270.000 millones (CL) de pérdidas lo que las pondría en una dura crisis financiera. Según estimaciones de los privados, esto representa los excedentes de los últimos 10 años.

La situación ya provocó una deuda por más de 560.000 millones (CL) de las ISAPRES hacia las clínicas, lo que ha generado el quiebre de algunas concesiones. Pero esta crisis no es privativa del sistema privado de salud. Los mismo ocurriría con FONASA, que presenta una deuda de 300.000 millones (CL) con los servicios de salud privados.

Esta crisis podría provocar un inédito cierre del sistema de salud privado, donde están afiliados más de 3,3 millones de chilenos. Si esto sucede, los clientes pasarían directamente al sistema público, que ya se encuentra colapsado.

Tanto las ISAPRES como las clínicas están a la espera de la respuesta del Gobierno, que -paralelamente- busca reformar hacia un sistema universal de salud. Sin embargo, los privados esperan que el ejecutivo y el sistema político tomen acciones que contengan la crisis, especialmente relativas al fallo de la Corte Suprema que obliga a estas empresas de salud a aplicar una nueva tabla de factores a los afiliados, restituyendo los cobros que excedan la normativa.

Promesas de campaña

El programa con el cual fue elegido el presidente Gabriel Boric propuso un Fondo Único de Salud (FUS), que se convertiría en el administrador único y estatal de las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), más los aportes del Estado para financiar el sistema, y que las ISAPRES se reduzcan solo a entregar Seguros Complementarios de Salud.

Pero con el triunfo del rechazo a la nueva constitución, en septiembre del 2022 -que proponía a la salud como un derecho social- sumado a una fuerte crisis económica de las ISAPRES, el Gobierno está en un complejo escenario para darle continuidad al Sistema Universal de Salud, debido al riesgo de un traspaso abrupto de los afiliados a ISAPRES, que corresponden a más de 3 millones de personas. El sistema publico apenas puede con el 82 % de la población, por lo que el traspaso de 3 millones más de afiliados provocaría un colapso a nivel salud en el país.

Por ahora solo resta esperar que las ISAPRES acaten el fallo de la Corte Suprema y propongan un plan de pagos para devolver los dineros a sus afiliados. Durante las últimas semanas han hecho un fuerte lobby y nada hace presuponer que dejen de hacerlo hasta la fecha que tienen como plazo límite. Mientras tanto el reloj de esta bomba de tiempo sigue corriendo inexorablemente.