Tributos

Qué hacemos con los impuestos después de que pase la pandemia

La pandemia terminará, por lo menos con sus mayores consecuencias, por eso luego de las elecciones legislativas de este año ya habría que ir pensando en lo que hacemos con los impuestos en Argentina. Estamos llenos de medidas transitorias y de impuestos que nacieron con el lema de "por única vez", pero un país necesita para atraer a las inversiones de estabilidad fiscal. Sería una buena oportunidad para que dentro de las propuestas económicas que hagan los candidatos a ocupar las bancas del Congreso, se diga lo que piensan hacer con el sistema tributario.

Existen tres problemas a solucionar:

  1. Evitar que los impuestos cambien todos los años, como necesidad del corto plazo para poder recaudar más, seguramente una baja inicial de impuestos produciría una mayor recaudación futura con el crecimiento de la economía. El tratamiento impositivo de la distribución de dividendos se modificó 5 veces en los últimos años, otro tanto sucedió con Bienes Personales; 
  2. Dar seguridad jurídica, por ejemplo la AFIP no debería estar habilitada a determinar cuánto paga de impuestos cada escalón de sueldos brutos mensuales, que están dentro de la banda de los 150 mil a 173 mil; o que el Poder Legislativo le delegue atribuciones permanentes al Poder Ejecutivo para determinar impuestos. Esta es una atribución que por la Constitución Nacional sólo la tiene el Congreso; 
  3. Implementar un plan de estabilización, para que los impuestos no corran detrás de la inflación; sino pareciera que el plan que tiene el gobierno es el de no tener plan.

A continuación, se analizan siete puntos que habrá que definir ni bien amaine la pandemia:

  • Algunas expresiones oficialistas estarían a favor de prorrogar el impuesto a la riqueza hasta que finalice la emergencia sanitaria. De esta manera se estaría cumpliendo con el postulado tradicional que dice: impuesto transitorio que aparece, se termina transformando en definitivo. Pero este tributo, que fue bastante judicializado, se tiene que adicionar al aumento que se hizo en Bienes Personales durante los últimos años creándose alícuotas progresivas, que son superiores para los bienes que se encuentran en el exterior. Mientras todo esto sucede, el mínimo no imponible de dos millones y el de 18 millones para la vivienda siguen sin actualizarse. Además, las deudas que tienen los contribuyentes siguen sin considerarse, como si no integrasen los patrimonios que poseen.
  • Por el lado del Impuesto a las Ganancias, este año (que se abona en el 2022), para las empresas regirán las tasas progresivas y que junto a la distribución de dividendos puede llegar a alcanzar una tasa efectiva de hasta el 39,55%, que se aplica sobre la utilidad obtenida. Los contribuyentes autónomos siguen sin poder sacar la "sortija" de los beneficios tributarios, ya que continúan con deducciones personales notoriamente inferiores de las que aprovechan los empleados en relación de dependencia.
  • El Propio presidente comentó que no vería mal que reflote el tema, que es tan sensible, del reparto a los trabajadores de las utilidades de las empresas, que se encuentra incluido en la Constitución. Esto no se limita a recibir una participación en las utilidades, sino que exige que se abran los balances y libros de las empresas para ser revisados por los gremios. Cuestión que bajo el delicado momento en que se encuentran las relaciones laborales hoy y la situación en la que quedará después de la pandemia, podría significar como un desaliento a las inversiones y hacer desaparecer más puestos de trabajo.
  • Producto de la pandemia, muchas empresas bajaron sus persianas y otras seguirán cerrando. Habría que idear un mecanismo tributario por el que la salida no sea costosa, hoy la empresa que cierra debe pagar IVA e Ingresos Brutos por la liquidación de sus existencias. También, debería facilitarse el ingreso de los que quieren invertir para que la empresa continúe en marcha y pueda mantener a sus trabajadores.
  • Otro tema que también se escucha, y reiteradamente se escucha, es el que está vinculado con el blanqueo laboral y hecho de facilitar y promover la contratación de trabajadores. Pero las letras de las leyes no pueden, por sí solas, mejorar el empleo. Nadie va a registrar un empleado informal si la economía no mejora. Al revés, esto habría que implementarlo en el momento en que la economía comienza a crecer. Otro punto en materia laboral que se expresó, justamente hecho por alguien que está vinculado al sector gremial, fue el de instaurar el Fondo de desempleo para que vaya reemplazando a las indemnizaciones que tienen que abonarse en una desvinculación laboral.
  • Desde el punto de vista social, habrá que analizar la manera de desarmar el programa de ayuda oficial que apareció durante la pandemia. No será sencillo, pero todo lo que comenzó en la década de los años 80 con una "caja de Pan" fue aumentando a lo largo de todos los gobiernos hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad. Cada gobierno fue aplicando un calmante, pero nunca se trató la enfermedad de fondo.
  • Habría que mirar el mapa de los beneficios fiscales nacionales que rigen en todo el territorio. Existen zonas definidas como desfavorables que pagan menos Impuesto a las Ganancias que otras y hay vigentes diferentes regímenes de promoción que están "petrificados" desde hace muchos años. Luego del análisis quizás se defina lo que debe continuar, también permitir incorporar a otras provincias dentro de los beneficios. Concomitantemente, debería realizarse una reforma tributaria integral para eliminar definitivamente todas las distorsiones que existen. Los impuestos que nos rigen son, en sus trazos gruesos, los que fueron ideados en los años 90, basta con ver en qué año se publicaron en el boletín oficial todas esas leyes.
  • Hay que terminar con la hipocresía de vivir con inflación vestidos de convertibilidad. La ley 23.928 todavía sigue vigente, a pesar de que haya inflación anual de dos cifras. Si una empresa logra cerrar una venta aparece el problema de determinar el valor de la factura, porque no se conoce si cuando se cobra se producirá una pérdida por devaluación o por efectos de la inflación. De esta forma, cada agente económico estima un precio y la decisión termina atomizándose generando aún más inflación. Si se deroga el impedimento de aplicar cláusulas de ajuste en los contratos, utilizando un único indicador, como podría ser el índice mayorista nivel general (IPIM) que es más representativo de los precios promedio de la economía (como era antes), la actualización sería uniforme y ajena a las expectativas individuales. Simultáneamente, todos los mínimos y las deducciones impositivas deberían poder ajustarse por inflación, sino inevitablemente el Estado siempre gana y los contribuyentes pierden. Esto se podría solucionar aprobándose un proyecto de ley que se encuentra congelado en el Congreso (por todas las expresiones políticas), que intentaba crear la Unidad de Valor Tributaria (UTV). Este proyecto no era suficiente porque era parcial. También, deberían eliminarse las trabas de reconocer la pérdida por inflación de manera íntegra y no como sucede actualmente que se lo hace en forma parcial y en valores históricos.

En estos meses deberíamos escuchar lo que dicen los candidatos de estos temas de la microeconomía, que como sucede con la macro, también son importantes. 

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