FILTRACIÓN

Pandora Papers: la desinformación como información

Una vez más, la comunidad internacional es víctima del error. Como un reflejo de los Panama Papers, el denominado Consorcio Internacional de Periodistas se adjudica el "descubrimiento" de potenciales ilícitos, cometidos supuestamente por personas famosas o con alguna exposición pública.

Quien haya asistido a nuestras conferencias en distintos países a lo largo de varios años, o quien haya leído nuestros artículos académicos, o nuestro libro "El Mundo de las Off Shore", o simplemente nos hayan consultado al respecto en alguna oportunidad, rápidamente advertirán no sólo los errores de enfoque, sino también los múltiples errores técnico-jurídicos que los releases de Pandora Papers conllevan.

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En efecto, el enfoque global de dicha "investigación" adolece de un vicio inicial imperdonable: asumir que la industria off-shore, regulada casi enteramente por el derecho anglosajón, es terreno fértil para la comisión de ilícitos. Nada más alejado de la realidad, y nada más torpe a la hora de arremeter contra un sistema jurídico y una legislación que, además de prestigiosa, es infinitamente superior en calidad y eficacia al sistema legal de los países "supuestamente perjudicados" por aquélla; básicamente, los países civilistas.

Si bien damos por sentada la buena fe de quienes elaboran dicho informe, debemos señalar enfáticamente que, tanto Panama Papers como -ahora- Pandora Papers, lanzan afirmaciones basadas en un visible desconocimiento del derecho anglosajón (que es el que regula por lo menos el 90% de la información allí volcada) y que concluye inevitablemente en errores groseros de índole legal.

Y la médula espinal que genera tamaña confusión, radica -una vez más- en juzgar institutos de un sistema jurídico con las reglas y conceptos de otro sistema jurídico.

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Quienes recurren a la legislación off-shore, lo hacen por tres razones básicas: (i) seguridad jurídica; (ii) privacidad; y (iii) planificación patrimonial. Es decir, tres condiciones que no encuentran en sus países de origen, sobre todo en Latinoamérica. Sin duda siempre habrá quien haga abuso de la legislación y cometa ilícitos, pero en tal caso es esa conducta la que debe ponerse bajo la lupa, y no el sistema en sí mismo. De hecho, si de comparaciones se trata, no sólo se cometen más ilícitos con sociedades anónimas y de responsabilidad limitada bajo el derecho civil, sino que su sistema sancionatorio es extremadamente lento y denota múltiples fallas; muy por el contrario, un ilícito en jurisdicción anglosajona es castigado con severidad.

Pandora Papers no es más que información errónea producto del desconocimiento legal, el cual, si profundizamos el análisis, hasta podría complicar legalmente a sus autores en tanto es el propio informe el que se jacta de haber sido elaborado en virtud de "filtraciones". Cualquiera que conozca de derecho anglosajón sabrá que en este sistema, si existe una "filtración", es porque existe un ilícito previo: violación de la privacidad y confidencialidad (dos preceptos anglosajones sagrados). Y eso es un delito.

Tanto es así, que ya hay colegas en diferentes países estudiando la posibilidad de llevar a los responsables de Pandora Papers ante las Cortes Anglosajonas por violentar la privacidad y el secreto fiscal de aquellos contribuyntes cuyas estructuras off-shore, además de cumplir con todos los requisitos legales en su booking center, han sido declaradas y tributadas ante los respectivos fiscos de origen.

Sin dudas será interesante seguir la evolución de dichos casos.


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