OPINIÓN

Malograda reducción de impuestos locales

La suspensión del Pacto Fiscal y el aumento del Impuesto a las Ganancias para empresas van por el camino opuesto al que necesita el país

El Consenso Fiscal aprobado a fin del 2017 (Ley 27.429) estableció un cronograma de reducciones graduales de impuestos provinciales y municipales con el objetivo de promover la inversión y el empleo aliviando la presión fiscal sobre los gravámenes locales con mayor impacto distorsivo en la actividad económica, como Ingresos Brutos, sellos y Tasas Municipales. El cumplimiento fue bastante bueno en 2018 y parte del 2019, luego, hacía fines de ese año, se estableció la suspensión de algunos de los compromisos asumidos por la Nación y las Provincias (Ley 27.542).

Recientemente, en un nuevo Pacto Fiscal aprobado por Senadores y Diputados (convertido en Ley el 10/06/2021) prorroga por otro año más las restricciones a la suba de los tributos locales que disponía el original Consenso, lo cual posibilita la eliminación de los topes de alícuotas en Ingresos Brutos y Sellos y también permite gravar nuevamente con el primero las exportaciones y servicios prestados en el exterior.

El siguiente cuadro ilustra el original cronograma para algunas actividades, de reducción y topes de alícuotas en Ingresos Brutos, que lamentablemente queda en suspenso.

Alícuotas IIBB

Actividad

2018

2019

2020

2021

2022

Actividades primarias

1,50%

0,75%

exento

exento

exento

Industria manufacturera

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

exento

Electricidad gas y agua

5,00%

3,75%

2,50%

1,25%

exento

Construcción

3,00%

2,50%

2,00%

2,00%

2,00%

.

Comercio y servicios

sin máximo

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Transporte

3,00%

2,00%

1,00%

exento

exento

- Créditos hipotecarios

exento

exento

exento

exento

exento

Como podrá apreciarse para el año 2021, las actividades primarias, de transporte y créditos hipotecarios, entre otras, quedaban exentas. Por otra parte, la industria manufacturera, los servicios de electricidad, gas y agua, construcción, entre otros, tenían una significativa baja del Impuesto.

También queda suspendida la aplicación de alícuotas máximas para el "medieval" impuesto de sellos y el impuesto inmobiliario y fundamentalmente las tasas municipales, con lo cual los intendentes se ven liberados para no cumplir con la obligación de establecer la cuantía de las tasas en función del costo prestacional y no de los ingresos de las empresas.

Una asignatura pendiente que incide dramáticamente, es la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la proliferación de regímenes de recaudación anticipada (retenciones, percepción, etc.); en efecto, estos créditos a favor del contribuyente, a lo largo de incansables trámites para recuperarlos, no siempre con éxito, por la dinámica inflacionaria se van "evaporando" y, como contrapartida, permite a los gobiernos provinciales financiarse a tasa 0 a costa del esfuerzo de las empresas por un activo inmovilizado.

En esta coyuntura de alta inflación, la suspensión del Pacto Fiscal tendrá sin dudas, incidencia en los precios y por supuesto repotencia la inflación; en definitiva, repercute en el poder adquisitivo de los consumidores. Este nuevo traspaso de recursos del sector privado a las jurisdicciones locales estimado en $ 70.000 millones es para alimentar un Estado ineficiente en el gasto y voraz, en medio de una coyuntura con empresas que cierran, otras se van del país, las pocas que quedan están malheridas, con lo cual la suspensión del Pacto Fiscal les quita "masa muscular" a los contribuyentes en plena pandemia.

Finalmente, en un escenario de incontenible pérdida de empleo, con escasez de oferta de puestos de trabajo, el camino para revertir este proceso, es, sin lugar a dudas, alentar inversiones del sector privado. La suspensión del Pacto Fiscal, junto al aumento del Impuesto a las Ganancias para empresas, son medidas que van por el camino opuesto, espantando inversiones y, por ende, generando más pobreza.

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