La recaudación tributaria de septiembre aportó un dato que, por primera vez en mucho tiempo, admite una lectura moderadamente optimista. Los ingresos crecieron un 38,3% interanual en términos nominales, por encima de la inflación estimada para el mes, que rondó el 33,2%, lo que arrojó una mejora real del 3,8%. No es, de todos modos, un resultado homogéneo, y conviene desarmarlo para comprender qué parte responde a factores puntuales y qué parte podría anticipar un cambio de tendencia en la economía real.
Buena parte del impulso provino, una vez más, de dos tributos de comportamiento particular. El impuesto a las ganancias se expandió un 22,6% real interanual, con su componente impositivo avanzando un 26,3%, favorecido por el ingreso de pagos que habían sido postergados en meses anteriores. Los derechos de exportación, por su parte, se dispararon un 50% real, impulsados por una mayor liquidación del complejo agroexportador. Ambos factores, el calendario de Ganancias y el envión de las retenciones, tienen un carácter en buena medida transitorio, de modo que no alcanzan por sí solos para hablar de una recuperación sostenida de los ingresos.
El dato verdaderamente novedoso aparece al observar los tributos más atados al pulso cotidiano de la economía. Después de diez meses consecutivos de caídas, iniciados en noviembre de 2025, los impuestos vinculados a la actividad regresaron a terreno positivo, con una mejora real del 1,2% interanual. El avance se verificó en los tres gravámenes más representativos de ese grupo, ya que el IVA impositivo creció un 1,7% real, las contribuciones patronales un 2%, y el impuesto a los créditos y débitos moderó su caída hasta apenas un 0,2%. Conviene mantener la cautela, porque el promedio de los últimos tres meses todavía se ubica en terreno negativo, pero la señal de un posible punto de inflexión no debe pasarse por alto.
La liquidación de divisas del agro completó el cuadro del frente externo, aunque con un matiz estadístico que conviene aclarar. El sector aportó 3.228 millones de dólares en septiembre, y en el acumulado de los primeros nueve meses del año reunió 22.275 millones, una cifra que resulta un 22% inferior a la del mismo período de 2025. Esa comparación, sin embargo, está distorsionada por un factor extraordinario, ya que en septiembre del año pasado una suspensión transitoria de las retenciones había adelantado liquidaciones de manera excepcional, lo que infla la base de comparación y exagera la caída interanual.
El mercado automotor ofreció, por su parte, un contraste elocuente sobre el estado del consumo. El patentamiento de automóviles cero kilómetro alcanzó las 49.814 unidades en septiembre, un 11,4% menos que un año atrás, y acumula una baja del 13% en lo que va del año. En el extremo opuesto, el patentamiento de motos trepó a 80.113 unidades, con un salto del 35,1% interanual y una expansión del 40,7% en el acumulado. Esa divergencia es reveladora, porque sugiere que una porción de la demanda se vuelca hacia alternativas de menor costo, un patrón habitual en contextos de ingresos ajustados, donde la moto gana terreno frente al automóvil.
El punto más delicado surgió del plano de la opinión pública, y matiza el optimismo de los datos fiscales. El Índice de Confianza en el Gobierno retrocedió en septiembre hasta 1,94 puntos sobre un máximo de 5, equivalente al 38,8% de la escala, con una caída del 5,9% respecto de agosto. Ese descenso prácticamente neutralizó la mejora que se había registrado el mes anterior y dejó al indicador alrededor de diez puntos por debajo del nivel de diciembre de 2025. El análisis por regiones mostró que el interior del país, si bien conserva el nivel de confianza más elevado, revirtió su mejora previa y cayó al equivalente del 41,2% de la escala, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 36,8% y el conurbano bonaerense se mantuvo estable en el 34,4%.
En el terreno de las decisiones oficiales, se adoptó una medida que vuelve a reflejar la tensión permanente entre la recaudación y el objetivo de contener los precios. A través de un decreto, postergó hasta el primero de noviembre la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con el propósito expreso de evitar un impacto inflacionario en octubre. La decisión implica resignar una porción de ingresos potenciales en aras de sostener el sendero de desinflación, una disyuntiva que la política económica enfrenta de manera recurrente y que, en la antesala electoral, tiende a resolverse a favor de la estabilidad de precios.
Las reservas del Banco Central, en tanto, cerraron la semana con una leve mejora. El stock bruto se ubicó en 48.653 millones de dólares, con un incremento de 398 millones respecto de la semana anterior. Se trató de una variación moderada, que mantiene a las reservas en una posición relativamente estable dentro del cuadro reciente, sin grandes sobresaltos en ninguna dirección.
El balance de la semana deja, entonces, un cuadro de señales encontradas que invita a un optimismo prudente. Por el lado positivo, la recaudación volvió a crecer en términos reales y, sobre todo, los impuestos ligados a la actividad interrumpieron una racha de diez meses en baja, lo que podría constituir el primer indicio de que la economía real empieza a estabilizarse. Por el lado de las cautelas, la caída de la confianza, el retroceso del patentamiento de automóviles y la debilidad de fondo que aún arrastran varios indicadores recuerdan que la recuperación, de haber comenzado, es todavía frágil e incipiente. El desafío de los próximos meses será confirmar si ese punto de inflexión en los tributos se consolida o si, por el contrario, se trató de un repunte pasajero.
