OPINIÓN

Exenciones de impuestos: una vieja disputa con impacto fiscal

El intento de eliminar la exención del impuesto a las ganancias para jueces y empleados judiciales generó, una vez más, mucha polémica. 

En realidad, la del Poder Judicial es una de las muchas exenciones vigentes en el marco de un sistema tributario que amerita un ordenamiento general, que debería contemplar subsidios explícitos más que excepciones.

Como sucedió con los intentos que hubo en el pasado, también en esta ocasión la eliminación de la exención, planteada en el marco de la discusión del Presupuesto 2023, generó el rechazo de los magistrados y la amenaza del sindicato de empleados judiciales de un paro. Finalmente, la posibilidad quedó trunca por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

La de Poder Judicial es una de las muchas exenciones vigentes en el marco de un sistema tributario que debería contemplar subsidios explícitos más que excepciones.

Hay que aclarar, sin embargo, que las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son corrientes en el sistema tributario. 

En efecto, en el proyecto de Presupuesto 2023, se enumeran y se estima de manera aproximada su costo. 

En total, por un lado, unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, impuesto a las ganancias, a los combustibles, a bienes de consumo, a los bienes personales, al cheque y a las cargas sociales. Por el otro, 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y el régimen de promoción de Tierra del Fuego.

Ahora, según el proyecto de presupuesto, se estima que en el 2023 la eximición a jueces y empleados judiciales costará alrededor del 0,2% del PBI, el resto de las eximiciones tendrá un costo fiscal de un 2,5% del PBI y el déficit fiscal primario del sector público nacional se proyecta en 2,8% del PBI

La de Poder Judicial es una de las muchas exenciones vigentes en el marco de un sistema tributario que debería contemplar subsidios explícitos más que excepciones.

Esto significa que el costo fiscal de la eximición del impuesto a las ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante. Aunque también lo es el resto de las eximiciones contempladas dentro del sistema tributario. Concretamente, si se eliminara este instrumento de asignación de recursos públicos, se podría prácticamente eliminar el déficit fiscal primario.

Dada la existencia de un sistema tributario oneroso, tanto por la carga burocrática como de presión tributaria, ganan legitimidad los mecanismos que permiten eludir toda o parte de esta carga. Y huelga decirlo, lejos de ser una solución, agravan los problemas. 

El alivio para los beneficiados es a costa de una mayor carga para el resto. El problema de fondo es que los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) aplican similares impuestos a las mismas personas por los mismos hechos imponibles. Por ejemplo, una venta es gravada con IVA por la Nación, con ingresos brutos por las provincias y con tasas de los municipios. 

Es natural que se exacerben las demandas y las presiones sectoriales por tratamientos especiales para sacarse parte de esta alta presión impositiva. Si bien esto ocurre a nivel nacional, también existen tratamientos diferenciales en los impuestos provinciales y municipales. 

La de Poder Judicial es una de las muchas exenciones vigentes en el marco de un sistema tributario que debería contemplar subsidios explícitos más que excepciones.

Es importante comprender que eliminar las exenciones no implica dejar de ejecutar políticas de promoción. Claramente, en la medida que se justifiquen, se pueden seguir ejecutándose, pero estableciendo subsidios directos con una partida presupuestaria específica.

¿Por qué? Porque se hace más explícito el costo fiscal de la promoción, que se contrasta con los beneficios sociales esperados. La eximición tributaria opera como una transferencia de fondos públicos encubierta. El subsidio directo es más explícito y transparente.

En síntesis, el eje debería estar en ordenar el sistema tributario, poniendo como norte la unificación de impuestos. Ir hacia un único impuesto haciendo que el IVA absorba ingresos brutos y tasas municipales, por citar un ejemplo. Al igual que los impuestos a la propiedad (unificando bienes personales con los impuestos provinciales y municipales aplicados a inmuebles y automotores). Las exenciones deberían ser sustituidas por subsidios explícitos (cuando se justifiquen y como parte de la simplificación).

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