En las últimas semanas, la discusión sobre el programa económico empezó a correrse del balance de logros nominales hacia una pregunta más exigente: cuáles son los riesgos que pueden complicar la continuidad de la estabilización y, sobre todo, su transformación en un cambio de régimen sostenible.
Para ordenar el análisis conviene agruparlos en tres frentes. El primero es externo: un shock energético y logístico que se originó fuera del país, pero impacta sobre inflación y precios relativos.
El segundo es macro: tensiones internas de un modelo que desinfla con ancla cambiaria, restricción monetaria y tasas reales altas, con efectos crecientes sobre rentabilidad y empleo. El tercero es social: la “calle”, o si se prefiere, la fatiga que empieza a emerger cuando el sacrificio no se traduce en mejoras visibles.
La clave es que no son riesgos independientes: se potencian. Un shock externo puede acentuar la apreciación real; una macro rígida amplifica los costos del shock; y una sociedad cansada reduce el margen político para corregir desajustes.
La primera lectura del shock energético es, en lo externo, más favorable que adversa para Argentina: el país hoy exporta energía en términos netos y, además, el aumento de precios no se limita al petróleo y el gas.

También se fortalecieron otras commodities relevantes, lo que tiende a mejorar el saldo comercial. El matiz —que no cambia el signo, pero sí importa para la macro doméstica— es que el gas, particularmente el GNL, se ha movido con más violencia que el crudo porque su oferta es más rígida en el corto plazo: capacidad de licuefacción, disponibilidad de buques, terminales y contratos vuelven al mercado más sensible a cualquier disrupción en proveedores clave.
Esa volatilidad importa porque, aun con balance energético neto favorable, Argentina sigue importando GNL en invierno; por lo tanto, el shock puede mejorar la cuenta externa y, al mismo tiempo, complicar la dinámica de precios y el dilema fiscal entre subsidios y tarifas.
A esta tensión se suma un canal regional: cuando sube la aversión al riesgo global o se fortalece el dólar, las monedas de América Latina tienden a depreciarse.
Si Argentina mantiene el dólar como ancla, el resultado es una apreciación real relativa: el país se encarece en el margen, con impacto directo sobre sectores transables y sobre ramas expuestas a la competencia importadora. Y, como si fuera poco, el shock energético amenaza con filtrarse a precios internos aun con política nominal restrictiva: transmisión directa en surtidor e indirecta por costos de generación eléctrica y por transporte y logística.
Si el Gobierno busca sostener la desinflación, aparece un dilema incómodo: absorber parte del shock vía subsidios (con costo fiscal) o trasladarlo (con costo inflacionario y social), justo cuando los ingresos tributarios muestran señales preocupantes y el gasto primario se resiste a seguir licuándose.
El segundo frente de riesgo es doméstico y más estructural. La fase 4 introdujo bandas de flotación que se actualizan con inflación de t-2, lo que en teoría evitaría un atraso sistemático. Sin embargo, los primeros meses sugieren una preferencia clara: sostener el tipo de cambio en el nivel más bajo posible para reforzar el anclaje nominal y aplastar la inflación todo lo que se pueda, aun si eso implica comprar menos dólares y recomponer reservas más lentamente.
La consecuencia es la apreciación real del peso, que afecta la rentabilidad de sectores transables y agrava perspectivas de producción y empleo.
Esto se conecta con otro punto: la fase 4 fue presentada como etapa de “remonetización”, donde una mayor demanda de pesos sería abastecida por compras de divisas del Banco Central. En los hechos, el circuito luce más cerrado. El Banco Central compra dólares (por cierto, menos de lo que compró en igual período de los dos años anteriores), pero la liquidez se esteriliza o absorbe por distintos mecanismos, y el resultado termina siendo una política muy prudente, casi temerosa de que cualquier expansión se traduzca en inflación.
La estrategia es coherente con el objetivo antiinflacionario (que debe seguir siendo el objetivo prioritario), pero tiene un costo: tasas reales elevadas, condiciones financieras más exigentes, crédito que se enfría y capital de trabajo que se encarece, golpeando a sectores sin espalda. Y sería prudente evaluar si ese costo no podría ser menor si la configuración macro fuese más consistente.
Ese costo se ve en el mapa sectorial: dinamismo en sectores muy específicos, ligados a commodities o ventajas competitivas, y contracción del empleo, con pérdidas concentradas en industria y construcción, sectores especialmente sensibles a tasas altas, crédito caro y demanda débil.
A eso se suma el estrés financiero de los hogares: salarios reales que no terminan de recomponerse, endeudamiento alto y mora creciente. Si el consumo depende del ingreso disponible y del empleo —o del crédito—, cuesta proyectar una recuperación vigorosa por la vía del consumo.
Y aquí emerge el tercer riesgo: “la calle”. Hasta aquí, uno de los datos sorpresivos del proceso fue el respaldo social que Milei logró sostener en el marco de un ajuste muy duro. Pero ese respaldo no es un activo permanente: es un capital que se consume.
La fatiga no aparece de un día para el otro; primero se manifiesta como duda, como pérdida de paciencia, como sensación de que el sacrificio no se traduce en mejoras palpables. Y esa dinámica se acelera cuando el estancamiento se prolonga, el empleo cae y el ahogo financiero se vuelve cotidiano.
El Gobierno puede controlar la política —y exhibir logros legislativos—, pero eso no garantiza que la macro cambie a la velocidad necesaria para sostener el acompañamiento.
Si el shock externo se modera, el Gobierno podría recuperar grados de libertad para revisar el mix sin poner en riesgo la desinflación. Si persiste, el triángulo inflación–fiscal–tarifas se volverá más visible. Y si, además, la economía real sigue sin reaccionar, la fatiga social puede acelerar la demanda de correcciones, no necesariamente abruptas, pero sí crecientes.
Dicho de otro modo, el desafío no es elegir entre desinflación y crecimiento, sino evitar que la estabilización quede atrapada en un equilibrio defensivo: inflación más contenida a costa de actividad débil, tasas altas y un tipo de cambio real que se aprecia. La gobernabilidad puede comprar tiempo, pero su simple paso no es sinónimo de mayor consistencia.
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