ESCENARIO

El FMI, entre la devaluación y los nuevos pobres

Es previsible que el capítulo cambiario sea uno de los más discutidos en el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario. El organismo, defensor de los tipos de cambio únicos y la libertad cambiaria, debe encontrarse con muchas dificultades para lidiar con más de una decena de cotizaciones, brechas del 100%, una serie de regulaciones múltiples y, más aún, con la admisión de que este panorama no podrá resolverse a su usanza tradicional en los próximos años. La convivencia con cepos y tipos de cambio múltiples será parte de una escenografía argentina a la que el FMI deberá aggiornarse.

Sin embargo, el organismo exigirá, como condición para un cierre, que la Argentina ofrezca un sendero hacia la unificación cambiaria y el desmantelamiento de las restricciones. Y también, presumiblemente como en todos los acuerdos, una devaluación inicial del dólar oficial para mejorar la sostenibilidad de las cuentas externas.

En este artículo presentamos los resultados de un estudio de Analytica acerca de cuáles serían los impactos de una eventual devaluación sobre los niveles de pobreza y de indigencia y los costos fiscales asociados a las medidas compensatorias para los afectados. Se trata sólo de un ejercicio, pero que ayuda a visualizar la idea de que la economía transita en un desfiladero muy angosto, con opciones muy costosas y escaso margen de error.

Las decisiones de política económica que deberán tomarse para cumplir con el Fondo se montan sobre una línea de base muy delicada: la pobreza ya alcanza al 40,6% de las personas, después de tocar 42% en los meses más duros de 2020.

Una corrección del tipo de cambio implicará evidentemente una nueva aceleración de los precios de los alimentos y bienes esenciales, claves para las líneas de indigencia y pobreza. En las simulaciones asumimos que los ingresos en pesos no crecen post devaluación y que los efectos sobre el empleo son nulos. Esto es así debido a la naturaleza "instantánea" del ejercicio. Se muestra una "foto" del cuadro social si los precios de la canasta básica y de la canasta total aumentasen al mes siguiente a la devaluación. Al incorporar dinámicas de precios y empleo, variables que se mueven en sentido opuesto, las consecuencias sociales de una devaluación podrían diferir: el aumento de los ingresos nominales por nuevas paritarias mejoraría el cuadro y la reducción del empleo, dada la recesión resultante, por el contrario, lo empeoraría.

Es indudable que una devaluación tendría que estar acompañada de una política fiscal expansiva que compense a los más perjudicados. Para evitar un nuevo salto en la pobreza el Gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así choca con la reducción del déficit fiscal exigible por el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. El aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación.

Otro dilema es prever por cuánto tiempo debería extenderse este gasto compensatorio posdevaluación. En principio, depende de la duración de la recesión generada por el salto cambiario. Analizando otros eventos devaluatorios, aparecen algunos indicios. En 2013, la recesión duró nueve meses, en 2016 cuatro, y en 2018, siete meses. Por tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones durante al menos seis meses.

De la simulación surgen resultados interesantes. A grandes números, por cada diez puntos de devaluación, los pobres aumentan un millón en forma acumulativa, y los indigentes 500 mil. Sin compensaciones, para el caso extremo de una devaluación de 50%, habría 4,7 millones de nuevos pobres, alcanzando al 51% de la población total. A esos niveles máximos se llegó en la posconvertibilidad 2002-2003.

Para una devaluación acotada (20%), el subsidio mensual por persona pobre sería de $2000 durante seis meses de modo de no aumentar la pobreza, generando un costo fiscal de 0,25% del PBI. Una medida de esta naturaleza reduciría además la brecha de ingresos de cada pobre respecto de la línea de base. A nuestro juicio, este es un indicador más robusto de la situación social que se vincula íntimamente con la indigencia, en especial dado que este año hay 137.000 indigentes más que en 2020, a pesar de la leve caída de la pobreza.

En estos ejercicios se ve con toda claridad la evidente tensión entre la necesidad de ordenar los desequilibrios macro (reflejados en la brecha cambiaria) y el delicado cuadro social. Típicamente las políticas redistributivas operan en detrimento de los fundamentales de la economía, como son los superávits fiscal y externo. Un salto del 50% en el tipo de cambio podría reducir la brecha a la mitad, digamos, pero dejaría en la pobreza a más del 50% de los argentinos. En este sentido, es evidente que la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual.

Nunca en la historia hubo tanta necesidad de estabilización y reordenamiento macro al mismo tiempo de recomposición del frente distributivo. La caída de la participación del salario en el ingreso ha sido dramática en estos años, pasando de 52% en 2016 a 40% hoy. Este nuevo cuadro distributivo complejiza cualquier intento de estabilización, limitando también las opciones políticamente viables para el muy necesario cierre del acuerdo con el FMI.

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  • GE

    guillermo evans

    08/11/21

    Analytica es la consultora del economista Delgado

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