¿Cómo protegernos mejor del desempleo?

En el marco de la pandemia el gobierno nacional ha adoptado un esquema primitivo e insostenible de protección contra el desempleo: prohibió despidos y duplicó indemnizaciones para aquellos casos en que, de todas maneras, cese la relación laboral. Pensando en el futuro, han aparecido diversas propuestas que procuran mejorar el sistema argentino que mostraba sobrecostos, altos costos de intermediación y litigiosidad.

Los esquemas de protección contra el despido buscan reducir el bache de ingresos que sufre el trabajador despedido, pero para que funcionen adecuadamente se trata de reducir la tentación de abusar del esquema (Moral Hazard). En los países desarrollados los problemas de incentivos más relevantes son que el trabajador demore su reinserción laboral porque pierde los beneficios, o que la empresa pueda despedir más si no enfrenta en el margen el costo de su decisión. Además, se busca que el esquema no trabe la movilidad laboral.

Los países que adoptan un seguro de desempleo tratan de morigerar los problemas de incentivos del trabajador estableciendo un máximo de meses para la recepción del pago, y los de la empresa relacionando la contribución patronal a la historia de la empresa en materia de despidos (experience rating parcial). Una ventaja del seguro de desempleo es que el derecho del trabajador no se altera cuando el trabajador cambia de empleo.

En Latinoamérica el sistema tradicional de protección contra el desempleo ha sido la indemnización por despido. Tiene la ventaja de resolver los problemas de incentivos de la empresa (el que despide paga) y del trabajador (no pierde dinero si acepta inmediatamente un nuevo empleo). Pero afecta negativamente la movilidad laboral porque el pago se relaciona a la antigüedad del trabajador en la empresa y no a toda su historia laboral.

En la Argentina el análisis de cuál sistema es mejor fue quedando paulatinamente de lado. A comienzos de los 90' se introdujo un seguro de desempleo modesto, pero para la misma población objetivo cubierta por la indemnización (los trabajadores formales). No importó aumentar los costos laborales a pesar de que, según un trabajo de economistas del Banco Mundial, la indemnización argentina era 50% más generosa que en países de ingresos similares.

Hace aproximadamente una década se introdujeron modificaciones a la ley que dieron lugar a un problema de incentivos autóctono: la indemnización por despido se triplica si el trabajador recibe aunque sea una parte mínima de su salario sin aportes a la Seguridad Social. Esto aumentó la litigiosidad porque no es fácil probar que la persona recibía todo su sueldo en blanco. Esa litigiosidad genera un costo de transacción enorme: además de los costos para el Estado de atender un mayor número de demandas, aparecen los honorarios de los abogados laboralistas y mediadores que alcanzan alrededor del 60% del monto neto recibido por el trabajador. Estos sobrecostos reducen el valor de las empresas, pueden generar quiebras y desalientan la contratación de empleo formal. En definitiva, recaen sobre empresas y trabajadores en proporciones que no son fáciles de estimar.

A mediados de los 90' desde FIEL propusimos un esquema diferente basado en la experiencia de algunos otros países de la región: un esquema de cuentas individuales donde se deposita un monto mensual y del acumulado se hacen pagos al trabajador despedido. Si al final de la vida laboral quedaban saldos sin utilizar pasaban a manos del individuo. Al girar contra fondos "propios" se reducían los problemas de incentivos del trabajador y como la cuenta era portable no se afectaba la movilidad laboral. Sin embargo, subsistían algunos problemas: el esquema no era "experience rated" y al igual que la indemnización no había pool de riesgo entre asegurados.

Cualquier cambio de sistema plantea el problema de qué hacer durante la transición. Si se eliminara la indemnización para atrás alguien perdería lo que mejorarían las empresas: o los trabajadores actuales o el Estado. Una propuesta que transfiera mayores costos a un Estado cuasiquebrado generaría problemas importantes; el remedio sería peor que la enfermedad. Por eso, un pilar central de cualquier propuesta de cambio debería incluir una reducción de los ingresos de los intermediarios. Eso puede lograrse eliminando la triplicación de la indemnización en los casos en que la empresa haya hecho aportes a la seguridad social (aunque sean parciales). La indemnización tiene una ventaja respecto de los otros esquemas en que, en principio, es recibida también por los trabajadores informales.

Otro costo que también debería eliminarse es el seguro actual por desempleo. Pocos países duplican la cobertura ante un mismo riesgo.

Si se eliminan las fuentes de la litigiosidad, la elección del esquema que se elija de aquí en más dependerá del peso que se dé a los problemas de incentivos de la empresa y del trabajador respecto de la movilidad laboral.

Finalmente, cualquier reforma que se encare perderá potencial si los empleadores perciben que hay una probabilidad importante de que sea revertida en el futuro.