Acerca de la ampliación de la Corte Suprema y la regulación del Consejo de la Magistratura

No se debe pretender modificar la cantidad de miembros del máximo tribunal de justicia cada vez que sus fallos molesten intereses. Urge, además, trabajar por una ley que recoja la experiencia de la institución creada en 1994 y mire hacia adelante.

Por estos días somos testigos de un nuevo intento del Gobierno por modificar la composición del máximo tribunal de justicia del país, y una exacerbación de la virulencia discursiva desde el Poder Ejecutivo con respecto a sus integrantes.

En este contexto, es menester exigir qu la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea completada con una ministra mujer, que se respete su autonomía y, en ella, la independencia del Poder Judicial, principio básico de la República y de nuestra libertad. No se debe pretender modificar la cantidad de miembros a cada momento o cuando sus pronunciamientos son adversos a los intereses de tal o cual persona o sector.

El mentado paquete de reformas del Ejecutivo también posa la vista sobre el Consejo de la Magistratura. Al respecto, es dable recordar que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, cúspide de la judicatura en nuestra organización política federal, y el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de ese poder. Por tanto, es absolutamente lógico y constitucionalmente sustentable que al Consejo lo presida el Presidente de la Corte Suprema.

Abierto el debate sobre la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, el Congreso debería abocarse a trabajar en una ley que recoja la experiencia de los 24 años de vigencia de esta institución concebida en la reforma constitucional de 1994 y regulada por ley en 1998.

Necesitamos una ley nueva, completa, que incorpore, entre otras tantas cuestiones, la perspectiva de género, los sistemas de control de gestión del Poder Judicial, y reformule los procesos de selección de magistradas y magistrados para que sean lo más transparentes y eficientes posibles, garantizando que al momento de la designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, no se utilicen subterfugios para desvirtuar el resultado de este procedimiento y se cumpla en tiempo y forma con la manda constitucional, sin demoras injustificadas que solo prolongan en el tiempo la vacancia de los juzgados y tribunales, para ser ocupados a través de las figuras de las subrogaciones.

La futura regulación del Consejo de la Magistratura debe consagrar un sistema de capacitación profesional permanente de excelencia tanto para aspirantes como para magistrados/as. Es fundamental contar con un esquema de formación y actualización que se refleje en el contenido de las sentencias y no nos quedemos en concepciones anacrónicas que no se corresponden, con la constitución, las convenciones internacionales y la actual protección jurídica de la persona humana y de los bienes y valores colectivos de la sociedad.

Se debe además, avanzar promoviendo mejoras en el Acceso a la información pública y la modernización del Poder Judicial de la Nación con la implementación de entornos virtuales y de la inteligencia artificial. 

Estamos transitando un gran proceso de transformación, y hemos avanzado bastante: pasamos del papel a los documentos, datos y ámbitos digitales; de la notificación personal a través del oficial de justicia, a la notificación electrónica; de las audiencias con presencia física a la realizada en contextos virtuales y tantos otros avances que hoy son una realidad. Pero hay que invertir en recursos tecnológicos y en una nueva concepción de lo que es el proceso judicial. Estamos viviendo una revolución tecnológica y el sistema de justicia no puede ser ajeno a ella.

Lejos de los mezquinos intereses personales y sectoriales, cerca de la República y proyectando el futuro; esa es la mirada que la sociedad espera de sus dirigentes.

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