Un paciente en terapia intensiva, pero relativamente estable

Otra vez estamos en la antesala de un programa con el FMI, pero esta vez es diferente. El Fondo tiene interés en tener un programa con la Argentina porque el país le debe 44 mil millones de dólares y no tiene reservas para pagarle. Argentina tiene interés en un acuerdo porque sabe que no puede pagar y que un potencial incumplimiento con el FMI le cortaría al país el poco financiamiento que le queda, principalmente del BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.

Sin embargo, y a pesar de que ambas partes tienen incentivos para acordar, todavía el camino está lleno de obstáculos y las urgencias son muy distintas. El Fondo puede esperar, porque sabe que la Argentina no va a querer quemar los puentes y entrar en default con el organismo después de haber llegado a un acuerdo con los bonistas privados. Además, el primer pago importante de capital recién sería en agosto de 2021, con lo cual el riesgo no es inminente.

La Argentina está en otra situación. El país necesita desesperadamente mostrar un plan que permita normalizar la economía, especialmente bajar la brecha cambiaria como una condición necesaria para poder aumentar el stock de reservas, bajar el riesgo país para que vuelva el financiamiento al menos para el sector privado y definir un déficit fiscal que se pueda financiar sin que lleve a una emisión monetaria que aumente la inflación. Sin un plan no habrá inversiones, ni crecimiento y no se podrá bajar la pobreza.

La falta de un plan y de un acuerdo con el FMI dificultó la restructuración de la deuda con los bonistas y además frustró la expectativa que tenía el Gobierno de que el canje iba a representar un punto de inflexión para mejorar las variables financieras. Ocurrió justo contrario, ya que a los pocos días del acuerdo con los bonistas aumentó el riesgo país, se escapó el contado con liqui, y los precios de las acciones en la bolsa se derrumbaron. Esto se debió a varias razones, entre ellas el endurecimiento del cepo y una mayor intervención del gobierno en sectores claves, como por ejemplo el de comunicaciones. Lo cierto es que la falta de un plan económico, preferentemente en el marco de un acuerdo con el FMI, jugó en contra.

El proceso natural de cualquier restructuración de deuda (tanto de un país, una provincia o una empresa) es primero mostrar un plan económico o de negocios que ayude a entender cómo el gobierno o la empresa piensan revertir la situación y a definir su capacidad de pago. Argentina eligió el camino inverso. Primero restructuró la deuda y sólo después empezó a elaborar un programa macroeconómico y tuvo muchas dificultades para diseñarlo. Parte del problema fue que la restructuración de la deuda no resolvió los temas más urgentes que enfrentaba el país como la falta de reservas, el déficit fiscal, la emisión monetaria y un clima de negocios que desalentaba la producción.

El Gobierno está tratando de resolver esos problemas a través de la negociación que lleva adelante con el FMI y que tiene dos objetivos. Por un lado, busca refinanciar los vencimientos que empiezan el año que viene y de esa forma evitar un nuevo default. Pero a diferencia de la negociación con los bonistas, este refinanciamiento viene atado con un programa económico que, a pesar de la buena voluntad de ambas partes, seguramente va a llevar tiempo negociar.

El acuerdo con el FMI, por lo tanto, puede ser la oportunidad para que el Gobierno pueda presentar un programa que sea consistente y que ayude a recomponer la confianza que se perdió ya hace tiempo. Es cierto que el track record de los programas recientes apoyados por el FMI dejan mucho que desear, y que la participación del Fondo no garantiza que la economía se encamine, pero como mínimo puede asegurar que el programa pase algunos tests básicos de consistencias. Por ejemplo, se buscará que el déficit fiscal pueda ser financiado sin que se escape la inflación o que la brecha cambiaria se mantenga en niveles en los que el Banco Central pueda comprar reservas. Y un tema no menor es que sería una señal que permitiría descartar los escenarios más extremos que podrían llevar a hiperinflación o una economía con regulaciones y controles excesivos.

La negociación del programa va a ser compleja. El Gobierno ha optado por un programa de facilidades extendidas (EFF), en lugar de un típico stand-by, con lo cual el objetivo no es simplemente estabilizar la macroeconomía, sino que también se busca crear las condiciones para estimular el crecimiento de largo plazo. Un EFF tiene la ventaja de que los plazos de repago son más largo plazo, generalmente unos siete años y a cambio incluye además de medidas de "ajuste" macroeconómico, reformas estructurales que favorezcan el crecimiento.

Todo indica que la negociación está avanzando, pero que viene lenta. En lo macroeconómico el principal desafío será llegar a acuerdos sobre el déficit fiscal, sobre cómo cerrar la brecha cambiaria que, aunque bajó sigue muy alta, y sobre la política monetaria. Dentro de estos tres temas seguramente el cambiario va a ser el más complejo, porque el Gobierno no quiere devaluar y es difícil pensar que los tipos de cambio alternativos bajen lo suficiente como para reducirlo a niveles manejables como para relajar significativamente el cepo. El FMI históricamente aceptó algunos controles a los movimientos de capitales, pero ha sido reacio a aceptarlos para transacciones corrientes como las de comercio exterior o los pagos de intereses.

Pocas veces hubo tanta expectativa a la espera de un acuerdo con el FMI. La situación es delicada, aunque las variables macro se mueven en cámara lenta. El paciente está en terapia intensiva, pero relativamente estable. El programa con el FMI puede ser el punto de inflexión que el acuerdo con los bonistas no fue, y para ello va a ser necesario que haya algunos cambios en los paradigmas que nos llevaron a la situación actual.

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