Jueves  25 de Junio de 2020

El impacto de la corrupción sobre el coronavirus

El impacto de la corrupción sobre el coronavirus

CARLOS F. ROZEN

Socio de BDO en Argentina a cargo de consultoría en compliance, anticorrupción e investigaciones.

El título de la nota corresponde a dos enfermedades que tienen mucho en común: son graves, tienen un poder devastador sobre la economía, son tremendamente contagiosas y pueden matar.

También vemos algunas diferencias entre sí: el Covid-19 va a ser seguramente dominado por la ciencia y la tecnología; mientras que para la corrupción, los avances tecnológicos y científicos no logran torcer los rotundos fracasos de la lucha contra ella. El coronavirus es bastante reciente; con la corrupción venimos lidiando a través de toda la historia de la humanidad y mucho no hemos podido lograr, ni siquiera con nuestros mejores intentos.

La “anomia boba” que tan bien describió el filósofo y abogado Carlos Nino (desaparecido ya hace más de 25 años) nos enseña que la corrupción termina afectando a todos, incluso al mismo corrupto, y que nos persigue como un karma tan nuestro como la birome, el tango y el dulce de leche. Cuando pase la pandemia, nos habrá dejado un gran aprendizaje en nuestras mentes, y nuestros cuerpos seguramente tendrán anticuerpos. No ocurre lo propio con la corrupción, es más, pareciera que jamás aprenderemos cómo se nos va desplumando intensa y dolorosamente. Como si no nos importara o, peor aún, como si nos gustara.

Pero tampoco es tan sencillo ni correcto separar ambos males. Recapitulemos:

  • la aparición en humanos del virus del Covid que desencadena la actual pandemia habría tenido origen en el mercado ilegal de especies exóticas en la ciudad de Wuhan, China;
  • muchos de los animales exóticos que se comercializaron en Wuhan fueron importados en violación de las mismas regulaciones aduaneras chinas, debido a la complicidad entre funcionarios y contrabandistas;
  • no conformes con eso, también es bien sabido que el mercado en cuestión donde el virus parece haberse originado pasó las inspecciones a fines del año pasado (y seguramente muchas otras en el pasado); revisiones que, según infectólogos expertos, hubieran implicado bajar la persiana del precio en forma permanente.

Es así como la corrupción asociada al crimen organizado habilitó la aparición del coronavirus, dando lugar a una pandemia que ya cambió al mundo para siempre y se cobró cientos de miles de vidas a la fecha, y lo seguirá haciendo.

Si bien llama mucho la atención el rol de la corrupción en el origen de la pandemia, mucho más alarmante aún resulta ser la persistencia de dicho fenómeno en la relación con la muerte, muy visible en la actualidad. Desde una perspectiva moral, cuando un ser humano lucra con la salud de otro, pierde esa cualidad de humano.

Dos manera en las que la corrupción incrementa la letalidad del Covid-19

La primera es previa a la pandemia y de manera general. Está dada en la medida que un gobierno se descuida de la lucha contra la corrupción, argumentando que “se trató de un cisne negro” y que no hubiera podido ser previsto. Y es verdad, nadie lo hubiera imaginado. Sin embargo, un gobierno sabe que se manifestarán imprevistos, más o menos importantes, de todo tipo y naturaleza. Porque así es el mundo: volátil, cambiante, imprevisible. Un gobierno tiene el deber de luchar contra la corrupción, incluso cuando las encuestas no la sitúen en el podio de preocupaciones. Sabido es que la economía, la inseguridad y el desempleo lideran el ranking, pero el rol de un gobierno es poner a la corrupción en el “top of mind” para compartir el esfuerzo de la lucha contra este grave problema entre todos los integrantes de una nación.

La segunda forma es durante la pandemia. La emergencia exige un extremo cuidado por los recursos escasos. Si bien estamos acostumbrados a que sean escasos por definición, durante esta crisis duele más que nunca. Y aquí es donde se desatan las más insólitas y crueles formas de mezquindad, donde se registran casos en la región (los que han sido descubiertos) de situaciones lamentables: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, entre otros países, han sufrido en los últimos meses unos hechos de corrupción fácilmente comprobables, relacionados con sobreprecios en medicamentos, insumos para la salud y elementos de protección personal, entre otros.

La solución ante la detección de casos es casi tan escandalosa como los mismos casos: se aparta al funcionario de su cargo. ¿Realmente nuestra legislación instruye a tan poca cosa? El artículo 31 de nuestra empolvada Ley de Ética Pública sustituyó el art. 256 del Código Penal por el siguiente: “… Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. Por otra parte, desde el otro lado del mostrador, la aplicación de Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (vigente desde marzo de 2018) implicaría una investigación a la empresa que vendió estos bienes al Estado.

En general, la excusa de la urgencia y celeridad necesaria en el gasto suele ser el motivo que algunos esgrimen para explicar la falta de publicación en las etapas de compras y contrataciones públicas, dado que es necesario recurrir a procesos de contratación de la manera más directa y expeditiva posible. Sepamos al respecto que la corrupción por desvío de fondos en compras públicas durante una pandemia no es un mal desconocido, en particular en emergencias sanitarias y naturales. Ha ocurrido en distintas partes del mundo y son prácticas bien conocidas, diríamos calcadas.

La ecuación es clara, a mayor demanda de medicamentos, insumos y equipos, mayor es el riesgo potencial de acuerdo ilícito entre proveedores y funcionarios públicos para fijar precios más altos y apropiarse de una porción, aprovechando que los gobiernos tienen la presión de comprar y pagar corriendo mucho y mirando poco.

Otro mecanismo para atender la crisis del Covid-19 es la ayuda humanitaria. Durante una epidemia, el crecimiento del número de enfermos es exponencial (real o potencialmente), lo cual podría desbordar la infraestructura de la salud en materia de camas, reactivos, medicamentos, material de laboratorio clínico, entre otros elementos e insumos. Esto requiere un flujo de fondos y logísticos de despliegue rápido.

Y si esto no fuera suficiente, el vendedor, naturalmente, desea cobrar. Existe entonces oportunidad de pagos para aceitar la liberación de los fondos.

El método generalmente aceptado por los expertos a nivel internacional para reducir la corrupción en compras y contrataciones públicas es que los procesos sean APP (abiertos, públicos y planificados).

Respecto de la publicidad (término hermanado con la transparencia de los actos), presenta ventanas de tiempo más acotadas para que los gobiernos publiquen sus necesidades de compra o contratación. ¿Se debería entonces reducir el nivel de publicidad?

Sabemos que hay menos oferentes. ¿Se debería entonces contratar en forma directa?

Sabemos que resulta más compleja la planificación cuando las urgencias explotan por todos lados. ¿se debería entonces sacrificar esta buena práctica?

La respuesta a las tres últimas preguntas es un rotundo NO.

En general, la publicidad y la apertura en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Además, fortalece los controles: miles de ciudadanos tendrán acceso a los “datos abiertos” y por ende el país contará con miles de auditores de manera gratuita.

El problema con la transparencia en las contrataciones es que solo funciona cuando existe un fuerte compromiso por evitar la corrupción. Digamos “no tolerancia” y clara aplicación de la ley. Esto no es un denominador común en la región, salvando algunas excepciones.

Este gasto público tan extendido, que de por sí tiene un alto componente solidario, podría enmarcarse en lo que llamamos ética utilitarista, que para simplificar diríamos que se trata de “el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente” o por su contrario “el menor malestar para la menor cantidad de gente”. No obstante, el supuesto utilitarismo en determinadas manos puede encerrar un grave peligro: su utilización en forma demagógica, y con un paso más, una herramienta que torna dependiente e indefensa a la población.

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