Sábado  30 de Mayo de 2020

Economía 2020: la incoherencia y lo que duerme en el Congreso

Economía 2020: la incoherencia y lo que duerme en el Congreso

Sin dudas la pandemia sanitaria produjo que todos los sentidos se dirijan a los temas que rigen, día tras día, en materia económica. Los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción; los créditos a tasa cero; el Ingreso Familiar de Emergencia; las postergaciones de los vencimientos tributarios, que son pocas; las restricciones cambiarias, que cada vez son mayores; cómo pagar los sueldos, los impuestos y las cargas sociales; el valor del tipo de cambio; la negociación de la deuda; etc. dominan la atención de la gente de a pié y de las empresas.

Durante los últimos cinco años reinó la incoherencia económica, los programas fiscales nacionales y provinciales fueron zigzagueando de un lado para el otro, y en el medio los 45 millones de argentinos subidos, sin cinturón, en una suerte de juego “samba” de un parque de diversiones. 

Los Consensos Fiscales sin brújula:

Durante la gestión del gobierno anterior, cada año se firmaban pactos  o consensos fiscales entre la nación y las provincias. Estos delineaban la dirección de  las políticas que luego marcarían el rumbo de las medidas económicas que se aplicarían durante el año, manifestándose en las normas nacionales y en cada uno de los códigos fiscales que aprobaba cada jurisdicción. A medida que transcurrieron los años, los pactos firmados por las provincias y la Nación, fueron y vinieron, en uno y otro sentido. La idea del 2018 fue reducir la carga tributaria de las empresas, Ingresos Brutos y Sellos fueron las figuritas que cambiaron los gobernadores comprometiéndose a reducirlos durante el plazo de cinco años. La adenda al consenso fiscal 2019, colocó un freno en las rebajas tributarias provinciales y lo que se había prometido sobre la posibilidad de computar el 100% del Impuesto al Cheque contra el Impuesto a las Ganancias, por necesidad de plata quedó en el olvido (salvo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas manufactureras del Tramo I de la categorías Pymes, que pudo aprovechar el beneficio). Recientemente salió la ley del Consenso Fiscal para el 2020 en donde, entre otras cosas, las provincias suspenden la reducción de los tributos locales.

En síntesis, hubo un cambio de rumbo de 180 grados, se pasó de una política económica del “derrame”, en donde la supuesta utilidad de las empresas que obtendrían al reducirse su carga fiscal, derramaría a la economía, cuestión que nunca sucedió. El país, vaya a saberse porqué, en cinco años cambió su rumbo constantemente, luego del 12 de agosto (post Elecciones PASO), se viró hacia otro lado, pero no alcanzó, la pared llegó.

El gobierno actual, antes de la pandemia, cambió la política económica del “derrame” por la de la “ebullición”, intentando mejorar la situación desde abajo para que los beneficios a la larga le lleguen a todos. Pero los dos esquemas no tuvieron en cuenta, en una primera instancia al sector medio, que en los esquemas tuvo que sostener con el pago de los impuestos los dos esquemas: el de arriba hacia abajo (derrame) y el de abajo hacia arriba (ebullición).

En marzo de este año, llegó la pandemia a nuestro país, sin saber cuándo terminarán los efectos económicos que produce. Lo que sí está claro, es que el Gobierno acentuó la dirección de su matriz tributaria en la dirección de la ayuda hacia los sectores de bajos recursos, que no está mal que así sea. Pero los que pagan impuestos son siempre los mismos, los que sostenían el derrame y ahora la ebullición, pero están casi en el límite de su agobio fiscal.

Rige la actualidad; sin embargo, eso no quiere decir que no haya temas importantes que estén durmiendo la siesta en el Congreso, sin estar seguros de que se despierten en esta segunda etapa del año que comienza. Entre los puntos que están hibernando se encuentran los siguientes:

  • Jubilaciones: E l Gobierno otorgó el aumento de 2,3% más una suma de fija de $ 500 para jubilados y pensionados a partir de marzo de este año. Significó un incremento del 13% para quienes cobran el haber mínimo, que pasó de $ 14.068 a $ 15.892. Con el índice anterior, las jubilaciones que se ajustan trimestralmente según el índice de movilidad previsional iban a subir un 11,6%, perdiendo de esta manera los que más haber previsional tienen. La fórmula de ajuste anterior surgía de una combinación de índices, un 70 % de la inflación (índice de precios al consumidor) y un 30 % por la evolución salarial RIPTE (remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Para junio, ya salió otro decreto con un aumento del 6,12% para todos los jubilados; por eso el Poder Ejecutivo tendría que enviar al Congreso un proyecto de ley que determinen el nuevo método de actualización jubilatoria.
  • Actualización Tributaria (UVT): En el  Congreso está “encajonado” un proyecto de ley para la creación de la Unidad de Valor Tributaria (UVT), medida que serviría para actualizar los mínimos de los impuestos y otras normas tributarias. El plazo para crear este indicador originalmente vencía el 15 de septiembre del 2018, postergándose para el 2019. El Congreso tendrá que considerar tratar este tema, que es de vital importancia para los contribuyentes. La idea, que salió de la ley 27.430 (última reforma tributaria), fue la de actualizar cada importe mínimo de las deducciones y de los demás montos que se encuentran vigentes en el sistema tributario. Para eso, se tendría en cuenta la fecha en la que fue establecido el importe o hasta qué momento llegó la actualización del mismo. Incluso, podría determinarse que en función de la política tributaria algunos conceptos puedan quedar excluidos del ajuste. La propuesta deberá contener la conversión inicial entre las Unidades de Valor Tributaria (UVT) y los pesos; luego, esa relación deberá ser actualizada anualmente mediante el índice de precios al consumidor (IPC). El objetivo es homogenizar todos los tributos bajo un único mecanismo de actualización, para que exista armonía en ese tema y que no reine la anarquía actual, en donde se utilizan diferentes indicadores y mientras algunas variables permanecen todavía expresados en sus valores históricos.
  • Ley del Conocimiento: A partir del 1 de enero de este año, tenían que comenzar a regir beneficios fiscales que desde el año 2004 estaban limitados al desarrollo de la actividad del software. Con la sanción de la ley 27.506, ocurrida en el mes de junio del año pasado, las ventajas se extienden a otras áreas del conocimiento. El nuevo régimen de promoción, que alguna vez regirá para todo el país, tiene el objetivo de promocionar las actividades económicas que vinculan el conocimiento con la digitalización de la información, apoyadas en los avances tecnológicos que se producen día tras día. Para eso se crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, en el que deberán inscribirse los que deseen acceder a los beneficios fiscales que otorga el Estado.  Entrando en detalle, el régimen comprende a la creación, el diseño, desarrollo, la producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos. Se pueden inscribir todas las sociedades constituidas o habilitadas que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad principal, alguna de las previstas en la ley. El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento iba a tener vigencia desde el 1° de enero de 2020, hasta el día 31 de diciembre de 2029. La ley daba diversos beneficios fiscales que fueron modificados por el Poder ejecutivo, sin permitir que la ley pueda regir ni un solo minuto. Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento iban a obtener estabilidad fiscal respecto de las actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro; cosa que todavía no ocurrió.  Este beneficio se extenderá a la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de que adhieran a la ley.

A pesar de que no pueda creerse la Ley de Convertibilidad sigue viva entre nosotros. Sin  tener motivo, la ley 23928 (convertibilidad) contiene un artículo vigente, por el cual no se permite la actualización de los contratos, tarifas e impuestos. Lo único que fue salvado de la prohibición son los estados contables que ahora se ajustan por inflación, en la medida que la variación del IPC de los tres últimos años supere el 100%. El artículo 10, de la ley increíblemente expresa lo siguiente: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar. La indicada derogación no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 19.550”. Evidentemente, sólo se mantiene como una suerte de hipocresía económica.

En fin, ahora resta por ver cómo se desarmará toda la ayuda del Estado luego que pase la pandemia. En 1984 todo comenzó con la caja del Plan Alimentario Nacional (PAN), hoy existen más de 25 tipos de planes de ayuda social a los que hay que sumarles los que aparecieron por la pandemia. A pesar de eso, es probable que muy pronto el 50% de la población caiga debajo de la línea de pobreza. Lo que sí es seguro, que el tercio de la población que transita por el circuito formal, pagando los impuestos que sostienen toda la estantería, ya se encuentra cerca del ahogo fiscal.

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