Control de precios, dólar quieto y menor restricción sanitaria, la apuesta oficial para llegar con mejores chances a las elecciones

La decisión está tomada. Luego de atravesar un 2020 por demás delicado, el oficialismo optó en el comienzo del año por transitar un camino ya conocido para intentar garantizarse el futuro en las urnas: mejorar el clima social y subordinar las necesidades económicas a la política. Las elecciones asoman en el horizonte y tanto los anuncios de medidas como las marchas y contramarchas que se suceden parecen procurar que, al menos hasta octubre, el ánimo y el bolsillo de los potenciales votantes sufra menos que el del propio Estado.

Como muestra, basta observar la diferencia en el tratamiento de la política sanitaria. Sea por el rebrote de la primera ola, que pese a la distensión social, y en gran parte debido a ella, nunca se retiró de la Argentina; o la llegada de la segunda ola, que ya golpea con fuerza en el invierno europeo; el coronavirus castiga cada vez con mayor fuerza en el país, multiplicando los contagios y los fallecimientos.

Sin embargo, lejos de aquel prolongado confinamiento impuesto el año pasado que agudizó la recesión y generó un desgaste social, hoy el Gobierno solo recomienda un toque de queda nocturno y deja en manos de las provincias el regreso a clases presenciales, mientras aún espera que la vacuna rusa y cualquier otra disponible llegue al país lo antes posible para avanzar con una campaña de inoculación que llevará varios meses.

Pero más allá de la salud, emerge la economía, en particular la personal, como la principal preocupación social. Y entre alentar la reactivación de un consumo deprimido y evitar un incremento del gasto que pueda agravar el rojo fiscal, lo que podría complicar un acuerdo de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la Casa Rosada optó por la primera opción.

En esa línea se enmarca la extensión del congelamiento de tarifas de energía, pese a la suba de costos por la inflación, el retraso en inversiones, el deterioro de infraestructura y la necesidad de achicar subsidios para reducir el déficit fiscal, objetivo planteado por el propio presidente Alberto Fernández.

También la ampliación del programa de Precios Cuidados, con el que busca acotar los aumentos en 660 productos, el que prepara en torno a los cortes de carne, el freno a la suba de prepagas, el acotamiento en el alza de servicios de telefonía, televisión por cable e internet y hasta el intento de bloquear las exportaciones de maíz, finalmente cancelado en medio de paros que ponían en riesgo la posibilidad de aprovechar el "viento de cola" que, en forma de posibles ingresos tributarios, representa la escalada del precio de los commodities para el arrumbado barco de las cuentas públicas.

Pero la suba de la inflación en el último trimestre hasta alcanzar en diciembre una cifra cercana a 4%, según los privados, encendió la luz roja y reforzó la idea de quienes consideran en el Gobierno que un control férreo de los precios, incluyendo al dólar, permitirá oxigenar salarios y tener un trayecto más relajado hasta llegar a las urnas. El tiempo dirá cuál es el resultado de esa apuesta.

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