Miércoles  08 de Mayo de 2019

Consenso para un nuevo Estado

Consenso para un nuevo Estado

Una vez más, el tamaño, configuración, costos y eficacia de la administración pública del Estado son motivo de preocupación y debate en las redes sociales, los medios de comunicación, los partidos políticos y los hogares de nuestro país. El sector público se enfrenta a tiempos inciertos. Paradójicamente, creemos que siempre hay espacio para mejorar. Por lo tanto, esta iniciativa supone centrar la mirada y las estrategias en la visión de futuro para desde allí crear una gobernabilidad innovadora del presente.

Muchos experimentamos decepciones ante un Estado lento, burocrático y desactualizado. Al acelerar la innovación tecnológica en todas las cuestiones cotidianas, también aceleramos el ritmo al que el conocimiento y muchas prácticas se tornan obsoletos. Pero no podemos dejar de reconocer que el Estado existe para dar respuesta a problemáticas de alta complejidad ya sean ambientales, sociales, económicas, regionales o internacionales. De allí surge la necesidad de contar con una administración pública acorde a los desafíos que enfrentamos.

La preocupación debiera ser en primer lugar de quienes gobiernan, para discernir e invitar a pensar estratégicamente la búsqueda de consensos que permitan construir la administración pública que trascenderá cualquier mandato. Es también cuestión de los que aspiran a ser gobierno, de los ciudadanos, de las organizaciones empresariales, gremiales y profesionales, confesionales, académicas, y de los medios de comunicación.

Existe un único hecho crucial a tener en cuenta, a nivel mundial el conocimiento se ha convertido en uno de los componentes de crecimiento más rápido del entorno económico y social. Cuanto más conocimiento usamos, más del mismo creamos. Así el conocimiento es un recurso inagotable que, sin embargo, sigue estando equivocadamente infravalorado.

Hoy transitamos la era de las aceleraciones digitales. El auge de la inteligencia artificial, la oleada de descubrimientos científicos y la llegada de la nanotecnología nos permiten ser testigos de fenómenos más allá de nuestros horizontes presentes. Sin embargo, hacer que la necesaria tecnología sea una realidad es lo fácil. Más difícil y complicado es superar la lista de obstáculos no tecnológicos. El mundo se está reconfigurando radicalmente, está empezando a funcionar de manera diferente en muchas áreas a la vez. El Estado no escapa a esa particularidad.

Todos los días, una parte de la fuerza de trabajo que se jubila o muere tiene que ser reemplazada. A medida que una generación sale, otra ingresa en las filas del Estado. Superar el potente circuito de retroalimentación que lo mantiene es lo complicado. La creencia predominante es que el futuro repetirá el pasado. Esto supone que muchas veces pensemos erróneamente que lo que funcionó mejor en el pasado seguirá siendo lo que mejor funcione en el futuro. Esto ralentiza cualquier procedimiento de mejora, por lo cual deberíamos preguntamos: ¿qué es lo que no funciona bien? Un interrogante que exige salir de los lugares comunes que la mediocridad nos ofrece como respuesta reactiva. Si esto se hace bien, se fomentará la colaboración y participación intergeneracional, mientras se nutre a la próxima generación de profesionales en ascenso para que sean agentes de transformación en sus lugares de trabajo.

Al Estado lo conforman personas de carne y hueso. Que tienen la enorme responsabilidad de gestionar recursos, bienes e información de todos; de regular, controlar, atender y responder a las demandas sociales; de evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares asegurando el bien común; de impedir el derroche, el uso ineficaz y la corrupción, de atender los asuntos públicos, con imparcialidad y apego a la legalidad y velando por los derechos ciudadanos.

Lo que plantea la necesidad de funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos. Existe una disparidad entre la velocidad de innovación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos sistemas de aprendizaje, sistemas de capacitación, sistemas de gestión, redes de protección social y regulaciones que permitan a la ciudadanía aprovechar al máximo estas aceleraciones y amortiguar sus peores efectos. Las nuevas tecnologías tampoco ofrecen en este caso, por sí mismas, el remedio contra la ignorancia.

Por eso, se han de movilizar fuerzas políticas, económicas y sociales para educar a la generación que sube. La capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, sustentadas por la autorregulación, la colaboración recíproca y la actitud investigativa, vigilante, honesta y flexible se convierte en lo que distingue al profesional que estará capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.

En este contexto, surgió la iniciativa de un grupo muy numeroso y plural de académicos, profesores, expertos, investigadores y consultores en materia de Administración y Gestión Pública que venimos impulsando un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial de las políticas y de las realidades que hacen al funcionamiento de lo público en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno.

Lo hacemos ante los desafíos que nos plantea el siglo XXI, entendiendo que un aporte útil en los tiempos presentes es ofrecer propuestas concretas que puedan ser compartidas lo más ampliamente posible, para mitigar el riesgo y generar crecimiento. De manera esencial, puede fortalecer los fundamentos acordados en la Constitución Nacional.

De tal evidencia deviene impostergable fomentar diálogos y acuerdos entre todos los actores en torno al imperativo de consolidar una política de Estado para el servicio civil. A tal fin, hemos elaborado una propuesta de Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI, que propone:

1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando el derecho de todos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.

2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, estableciendo carreras administrativas basadas en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.

3. Planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.

4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.

5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa, en especial en materia de género, y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.

6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.

7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.

El mismo ya ha sido suscrito por más de trescientos expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50 Asociaciones Civiles y Profesionales, Centros de Gestión, Fundaciones, ONG´s, Unidades de Vinculación Tecnológica y Sindicatos del Sector Público junto con 18 Instituciones del sector público nacional y provincial de los tres Poderes.

La Administración Pública y sus recursos están al servicio de toda la ciudadanía, abierta a ella y en especial, de los más postergados. El flujo de nuevas ideas evitará el estancamiento de una mentalidad anclada en el pasado. Consecuentemente, invitamos al diálogo franco, abierto y plural sobre estos aspectos a los diferentes sectores para arribar a acuerdos que persistan en el tiempo acorde a los nuevos escenarios.

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Revista Infotechnology