Viernes  31 de Julio de 2020

Comité de expertos: el turno de los juristas, la Corte Suprema a examen

Comité de expertos: el turno de los juristas, la Corte Suprema a examen

Es el momento de los expertos.

No es el de los científicos, ni el de las instituciones públicas o privadas reconocidas, ni de los foros o debates abiertos, públicos y plurales.

Tampoco es el tiempo del debate parlamentario, espacio natural para eso.

Empezamos el año con el Comité de epidemiólogos autorizados, ahora llega el de los juristas.

El Poder Ejecutivo nacional creó el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del ministerio público (decreto 635/20), e invitó a expertos en derecho, varios de ellos jueces en ejercicio, a conformarlo.

Este Consejo pensará y en 90 días elevará un dictamen con propuestas y recomendaciones sobre varios ejes que hacen al sistema de justicia.

Uno de los puntos que deberá abordar el grupo designado por el Poder Ejecutivo será un análisis sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

El primer interrogante surge de la esencia del principio republicano de división de poderes.

¿Es tarea del Poder Ejecutivo nacional –mediante un consejo consultivo por él formado- evaluar y emitir un informe sobre el funcionamiento de otro poder del Estado?

A la inversa. ¿Estarían los jueces autorizados a conformar un comité de expertos para evaluar y emitir un informe sobre el funcionamiento del Presidente de la nación?

La Constitución nacional tiene la respuesta.

Su texto atribuye al Congreso de la nación la organización de la estructura del Poder judicial (artículos 75 inciso 20 y 108). También el eventual control disciplinario individual mediante la figura del juicio político (artículos 53, 59 y 115, según el caso).

En la relación con el Poder Judicial, el Presidente de la nación sólo tiene facultad para nombrar jueces con acuerdo del Senado (artículo 99 inciso 4 y 114, según el caso). Para reforzar la división de poderes, la Constitución nacional expresamente le prohíbe ejercer funciones judiciales (artículo 109).

Justamente en esta ingeniería institucional descansa la esencia de la división de poderes.

Dicho esto, avancemos sobre el contenido de lo que será el futuro informe que el Presidente encomendó a ese Consejo.

Veamos.

  • El establecimiento de criterios de diversidad de género y representación federal para la integración de ese Tribunal.

Buena iniciativa, pero para esto bastaría simplemente que el propio Presidente de la nación, en uso de sus atribuciones, modifique el Decreto 222/03 de preselección de candidatos a juezas y jueces.  

  • Una evaluación de las normas que reglamentan la competencia de la Corte Suprema “en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria”.

Sobre la competencia ordinaria de apelación a la Corte Suprema no hay demasiado por hacer ya que en el año 2015 la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa vía (caso “Anadón, Tomás c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/Despido”).

En cambio, sobre la competencia originaria, y la apelación extraordinaria, ya existen destacados trabajos doctrinarios sobre las leyes vigentes y criterios de interpretación jurisprudencial. Bienvenido una nueva labor más.

  • Un análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine de sus asuntos.

La desestimación de los asuntos sin análisis en razón del artículo 280 de la ley procesal es un punto crítico desde su nacimiento en el año 1990.

Sin embargo, en el año 2012 la aplicación del certiorari fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Oscar Mohamed vs. Argentina).

Tal vez el Consejo de expertos pueda ahora lograr lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no logró a la fecha.

  • Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes.

Esta tarea pareciera estar ya hecha. La Corte Suprema ya reglamentó el procedimiento de audiencias públicas (Acordada 30/2007). Incluso se pueden ver y seguir por el canal de Internet.

  • Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución.

Otra buena iniciativa, pero recordemos que el trámite de los recursos ya está reglamentado en la ley procesal y en la antigua ley 48 del año 1863, ampliado –tal vez en exceso- por la jurisprudencia de décadas de la Corte Suprema. Entonces es el Congreso de la nación quien eventualmente debería tratar modificaciones a esas leyes.

Por otro lado, proponer la fijación de plazos para resolver recursos por parte de la Corte Suprema cuando gran parte de sus asuntos son instados por organismos descentralizados o desconcentrados del propio Poder Ejecutivo (por ejemplo, causas previsionales) tiene el mismo efecto que intentar bajar la fiebre sin atacar el virus.

A todo esto y por último, se subraya que el Decreto no le atribuyó a la Comisión facultades para que opine y dictamine sobre conveniencia de ampliación (o no) de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

Es una acertada decisión.

Este momento de cuarentena -que ya lleva más de 4 meses- no es un buen criterio de oportunidad para reflexionar tranquila, sincera, abierta y pluralmente sobre la modificación de la composición del más alto y último intérprete de la Constitución nacional y de los derechos de todas las personas

(*) Catedrático de Derecho (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), abogado y Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid).

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