Santiago Carregal lleva en Marval, O'Farrell Mairal 26 de los 100 años que cumplirá el estudio. Es, de hecho, uno de los, apenas, cinco chairmen que la firma tuvo a lo largo de ese siglo. Su agenda a corto plazo muestra fuertes contrastes. Por un lado, la organización de los cuatro eventos con los que "Marval" -así, a secas, como simplificó un rebranding- celebrará su centenario. Esa glamorosa ocupación se opaca con la preocupación por la cual las empresas, en el día a día, recurren, apremiadas, a los servicios de ese ejército de 236 abogados más 66 socios, dentro de un headcount total de 596 personas. "Hoy por hoy, preocupa todo lo vinculado con los controles de cambios e impuestos. Es algo que cruza a todos los negocio de la Argentina", explica. "Los socios de cambiario son las estrellas del momento", define.

En la Argentina del cepo, conseguir dólares -o la alquimia para la mutación de los pesos- se convirtió en la misión imposible para los Abogados de la City. "Hasta que no se levante el cepo, mucha de la actividad estará vinculada a eso", observa Hugo Bruzone, socio de Bruchou & Funes de Rioja, que, al cabo de un año de su fusión, alista a 158 abogados. "Este año, se intensificó lo cambiario. También, lo regulatorio", coincide Santiago Nicholson, de Nicholson y Cano (145 cápitas).

Para los grandes estudios, la demanda es fuerte en instrumentos para pagar importaciones, como también en herramientas legales de financiación, distribución de utilidades, capitalizaciones y créditos entre empresas. Incluso, en la práctica laboral: mecanismos para dolarizar parcial -o totalmente- el pago de ciertos sueldos; en especial, en el exterior. "También hay mucho control sobre las exportaciones. La Aduana está observándolas para meter presión sobre la liquidación de divisas", apunta un experimentado litigator.

"Mucha gente busca cómo convertir sus pesos en dólares", describe Bruzone. "La mayoría de las empresas tiene exceso de pesos. Busca opciones para invertirlos. En varios casos, terminan haciendo de ‘bancos' de otras compañías", describe Valeriano Guevara Lynch, socio de Allende & Brea, firma de una centena de abogados. "Hay, incluso, adquisiciones en las que el comprador tenía demasiados pesos. Si hubiese podido comprar dólares o girar dividendos, no hacía esa transacción", apunta.

Un caso testigo, ejemplifican en la industria jurídica, es la ON privada convertible en acciones con la que Dow invirtió US$ 200 millones en Compañía General de Combustibles (CGC). Por Dow, participó Francisco Romano, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; por CGC, Bomchil, histórica referencia de su controlante, el grupo Eurnekian. "Asesoramos al grupo Dow Chemical y PBB Polisur en todas sus transacciones importantes en el país y, en particular, en el manejo del superávit de caja que se reinvierte en compras de inmuebles, compras anticipadas de energía renovable, M&A y préstamos a otras empresas", apuntan en Pagbam. "Ese deal es hijo del cepo", asegura uno de los participantes directos.

"El principal flujo de actividad es con todo lo que genera el régimen cambiario en la disrupción de las operaciones de las empresas. Provoca trabas a todo tipo de operación: ingreso de capitales, egreso, pagos al exterior...", enumera Javier Petrantonio, de Bomchil. "La historia argentina tiene ups & downs. Cuando el proceso inversor cambia, se trabaja en las áreas más conflictivas. Este momento es uno de esos valles", resume Uriel O'Farrell, de la firma que lleva su apellido desde 1883. Estudio O'Farrell es abogado histórico de Ford y asesor legal de Adefa y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

"La poison pill es, siempre, lo cambiario. Con el resto de las cosas, los inversores están dispuestos a lidiar. Acá, hay que ser cautelosos", distingue Horacio Esteban Beccar Varela, al frente de otro centenario estudio. Al inicio de la Administración Fernández, su firma, Beccar Varela, tenía un solo socio en cambiario. Ahora, son dos y un equipo de 10 personas. "El flujo se intensificó en el último año, cuando se empezaron a restringir las operaciones con bonos y aceleró la inflación", describe.

El laberinto del Minotauro

El punto de inflexión, precisan los abogados de la City, fue en abril, cuando el Banco Central le dio una vuelta más al cepo a los pagos en el exterior. "Hoy, no se puede hacer nada sin el socio de cambiario sentado a la mesa", reconoce Beccar Varela. En operaciones de M&A, gravita en cuestiones que van desde el pago del precio al due dilligence, por las eventuales contingencias cambiarias que podría implicar la operación, apunta Mariano Lucchetti, de Bruchou & Funes de Rioja. "También influye en las garantías que está dispuesto a ofrecer el vendedor y cómo se ejecutan", apunta, al margen de quién -y cómo- se hace cargo de los impuestos de la transacción.

"La regulación cambiaria influye en cómo y dónde se paga el precio", agrega Guevara Lynch, de Allende & Brea. "Cuando el comprador es del exterior, el vendedor busca la forma de usar esos dólares afuera. Y, si el pago es local, hay que hacer ingeniería para sacarlos. No es fácil", reconoce un experto en deals, formado en los dorados, y añorados, '90.

"Las transacciones se complejizan cada vez más porque el cúmulo regulatorio es mayor", describe María Shakespear, dealmaker de Beccar Varela. Esto exige involucramiento cross de todas las áreas de un estudio en una misma operación. "Hay mucha regulación que no se te puede pasar", apunta su socio Maximiliano D'Auro, especializado en Compliance e Investigaciones y experto en Bancos e Instituciones Financieras de la misma firma.

Quienes se adentran en el laberinto del cepo, además, lo hacen con un desafío adicional, de extrema complejidad: encontrar salidas legales que no invaliden el acceso al, ya de por sí, restringido dólar oficial. "Si una empresa va al CCL, que es el más caro, se le cierra el canal oficial", admite un avezado profesional. Mucho del trabajo legal del proyecto Fénix -inversión de US$ 700 millones entre TotalEnergies, Wintershall Dea y Pan American Energy para gas off shore en Tierra del Fuego-, desde su lanzamiento, hace más de un año, pasó por encontrar mecanismos de pago a proveedores del exterior. 

"Destrabar el acceso al MULC por la vía del procedimiento administrativo y las aprobaciones de SIRA y SIRACE es el día a día", describe Ezequiel Cassagne, de Cassagne Abogados. "Todas las cuestiones que se relacionan con el control cambiario, el pago de importaciones, giros de divisas o de servicios al exterior", definen en Brons & Salas.

En esa caza del dólar perdido, se esbozaron ingenierías jurídicas que -por ejemplo- implicaron traspasos de fondos de comercio, préstamos inter-company, cambios de razón social o creación de sociedades nuevas, entre otras exigencias al ingenio. "Se estructura el financiamiento de algún tercero, vinculado con el grupo. O se piensan instrumentos para que el exportador asuma todo el riesgo cambiario", ejemplifica un especialista. "Acá se ve la creatividad de los abogados argentinos. En otros países, los abogados trabajan by the book", reflexiona Tomás Araya, experto en reestructuraciones y litigios complejos de Bomchil. El excedente de caja también es tema: lectores de la Segunda Sección del Boletín Oficial observan cómo, a diario, distintas empresas capitalizan sus sociedades, con el riesgo patrimonial -y fiscal- que eso puede significar.

"Hay que ser extremadamente creativos", asegura Guevara Lynch. Creativos y temerarios: en ese laberinto, el Minotauro acecha. A inicios de agosto, la Dirección General de Aduana informó que había detectado maniobras de importación irregulares de empresas de los Estados Unidos por u$s 400 millones. El organismo analizó la operación de 146 compañías de ese país que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones de comercio exterior que, aseguró, nunca se realizaron. La Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en el país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del Banco Central: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes). "En las sociedades argentinas, se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados", agregó el organismo que encabeza Guillermo Michel. En no pocos casos, los directorios estaban integrados por las mismas personas, apuntó. "La creatividad tiene límites: no se puede llevar al cliente a hacer cualquier cosa", reflexiona Beccar Varela.

Combustible para el día a día

"Hay menos transacciones que antes. Aunque, increíblemente, las sigue habiendo", dice Guevara Lynch. Allende & Brea asesoró a la chilena Masisa en la venta de sus activos forestales a Central Puerto (US$ 70 millones). Del comprador, estuvo Bruchou & Funes de Rioja, que también lo asesoró en la adquisición de los activos forestales de Harvard en el país y en la de Central Costanera a Enel, un ticket de US$ 48 millones. Bruchou & Funes de Rioja afila lápices en propuestas de un par de interesados por Edesur. Del vendedor, está Pagbam, asesor de la empresa desde que, vía la chilena Enersis, le pertenecía a Endesa. "Estamos con nuestros clientes en las épocas de boom. También, en las otras", dice Diego Serrano Redonnet, socio del estudio.

En materia energética, Bruchou & Funes de Rioja hizo los contratos de Vista -su socio, Javier Rodríguez Galli, es asesor de cabecera de la energética- con Aconcagua (US$ 400 millones). Rodríguez Galli es el sherpa de Petronas en el país: está formateando los contratos de la malaya con YPF para la construcción de una planta de gas natural licuado, cuya inversión podría escalar hasta los US$ 40.000 millones. Del lado de la argentina, trabaja Martínez de Hoz & Rueda (MHR).

"No hay consciencia de lo que significa la magnitud de un proyecto así", reseña José Martínez de Hoz, socio de esta firma. También asesora a YPF en la modernización del Oleoducto Trasandino, con el que quiere volver a exportar crudo a Chile, después de 17 años en los que el caño estuvo inactivo.

YPF es reseñado como caso testigo de empresa que, por tamaño y complejidad, abre el juego. Cassagne Abogados trabaja en el análisis administrativo de la planta de GNL. A 10 años del contrato con Chevron -piedra fundamental del desarrollo de Vaca Muerta-, Nicholson y Cano continúa asesorándola en los joint ventures para proyectos de shale oil en el país (Loma Campana y Narambuena). YPF convocó también a Bruchou & Funes de Rioja para dos de sus asuntos más delicados: Petersen -el juicio por la estatización que ganó el fondo Burford- y Maxus, cerrado a inicios de mes luego de un acuerdo por el cual la petrolera y el Gobierno argentino pagarán US$ 250 millones. Rafael Manovil, referente en sociedades de Bomchil, fue convocado como experto en el caso Burford.

Otro estudio que trabaja con la petrolera es Pagbam. Particularmente, en aspectos contractuales de upstream de gas aunque también tuvo mucho involucramiento en downstream, en especial, cuando faltó gasoil el año pasado. Romano, su socio de Energía, es síndico de YPF Litio. "Lo que uno aspira, en clientes así, es a ser trusted advisor", dice. El papel del asesor externo es, cada vez, más puntual. YPF Luz, por ejemplo, tiene un equipo interno de 50 abogados; PAE, más de 20.

Energía, en general, es un sector pujante, con dinámica propia. "Todo lo que sea Vaca Muerta y lo que lo rodea sigue para adelante", describe Martínez de Hoz. Su estudio también estuvo en el proyecto Duplicar, de Oldelval (US$ 900 millones) y asesoró a Pan American Energy en un crédito de US$ 300 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). A Chevron, en la prórroga de áreas de concesión -lo que detonó una inversión de US$ 500 millones por parte de la estadounidense- y con Trafigura, en el acuerdo para que Capex financie el desarrollo de su yacimiento Agua del Cajón, en Neuquén.

El Gasoducto Néstor Kichner, se aclara, no fue fuente de trabajo para los Abogados de la City, ya que se realizó punta a punta con licitaciones públicas. Sí generará la contractualización el midstream. "Ese es el gran tema ahora", apunta Romano.

Phoenix Global, dueña de Petrolera El Trébol, Kilwer y Ketsal, le vendió activos en Mendoza a PCR. Pagbam hizo sus contratos. También recibe consultas de Pampa Energía, empresa que, históricamente, mantiene a Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán como estudio de cabecera pero que, por su expansión, amplió el abanico de proveedores legales.

Minería es otro sector activo. Junto a propiedad intelectual, impuestos, laboral y defensa de la competencia, aportan el bread & buttler actual de firmas como, por ejemplo, Allende & Brea, que tiene en su socia Florencia Heredia a una de las expertas más reconocidas del país en esa práctica. Por sus manos, por ejemplo, pasan los contratos de fusión entre Livent y Allkem. Lundin, dueña del proyecto de cobre Josemaria (US$ 4200 millones), es cliente de Nicholson y Cano. Este estudio también asesora a Arena Investors, acreedor de Lithium Energi Exploration, lo que implica el due dilligence de más de 20 propiedades y títulos de litio en Catamarca. NyC representa, además, intereses en litio en La Rioja y Salta. MHR trabaja con Imerys Minerals en el capítulo local de su venta global de activos en más de 20 países a Vuori Holding, una transacción internacional de US$ 400 millones.

Pagbam sesora a Lilac Solutions en procesos de licitación en Salta para proyectos en Salar de las zonas de Arizaro y Tolar Chico. Actualmente, está en un beauty contest para entrar a un cliente grande de origen australiano. Beccar Varela, que había hecho para Pan American Silver la compra de Yamana Gold (se completó en abril), ahora trabaja en la venta del 56,25 por ciento de share del grupo canadiense en el proyecto MARA a Glencore (US$ 475 millones). Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se anotó en el préstamo de US$ 411,9 millones que recibió la filial de la coreana Posco.

También hay deals en otros sectores. Bomchil representó a una empresa de Chevron en su inversión conjunta con Bunge (cliente de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno) en la compra de la semillera cordobesa Chacraservicios. Marval asesoró a Globant en la compra de las agencias de marketing digital AdBid y Procesalab, que operan en Colombia y México. También, a Stellantis en la adquisición del 14,2% de la minera de cobre McEwen Copper. Estuvo con Toyota Tsusho Corporation -una filial del grupo automotor japonés- en la inyección de capital que hizo de la start-up Moova y con Publicis, en la de la tecnológica local Practia. En octubre, Beccar Varela representó al grupo publicitario francés en la adquisición de Retargetly, canalizada a través de una controlada, Epsilon (US$ 70 millones).

Nicholson y Cano, asesor de San Miguel en su reestructuración corporativa -que, ahora, avanza en la instalación de una fábrica nueva en Sudáfrica y las ampliaciones en Uruguay y Tucumán-, escoltó a Santiago Blaquier en su inversión en la productora y exportadora de legumbres Desdelsur. Pagbam trabajó para Ferring en la compra del Grupo Massone, farmacéutica local especializada en fármacos para tratamientos de infertilidad, y a Evonik Metilatos en la de Novachem. También asesoró a Mercedes-Benz Camiones & Buses en la adquisición del terreno de Zárate, donde invertirá US$ 50 millones en un predio logístico.

Bomchil hizo, por la francesa Savencia, la compra de Sucesores de Alfredo Williner, la razón social detrás de iLolay. También trabajó para Paramount Global y Telefé en las ventas de tres canales en el interior. En medios, el estudio asesora a Amazon Prime Video en todo lo relacionado a la provisión de servicios de streaming en la Argentina.

"¿Qué más tienen para vender?", chicaneó un abogado de un estudio con clientes compradores a otro, cuyos clientes -grandes- están en repliegue. Otros, en cambio, se mantienen en posición compradora. Bomchil espera que que no le digan sí, sino "oui", para activar una adquisición que promete hacer ruido en retail. También, de una empresa que ampliará su ecosistema fintech, ya en due dilligence. Además, estudia, muy a fondo, toda la nueva regulación portuaria.

Otros inversores, en cambio, reestructuran sus porfolios globales y, en especial, locales. Como el fondo BAF Latam Credit, cuyo liquidador -sus administradores fueron removidos por la Justicia de las Islas Caimán-recurrió a Beccar Varela para hacer el due dilligence y el take-over de sus activos en la Argentina: el 66,66% de Cartellone Energía y Concesiones, dueña de Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán, Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos, Empresa Jujeña Eléctrica, Líneas de Transmisión del Litoral y Líneas Mesopotámicas. También involucra Hidronihuil (parque solar Los Andes), Generadora Solar Santa Rosa y Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos. El asunto es on going e implica desde cuestiones regulatorias, impositivas, societarias y financieras hasta concursales. "Si no fuéramos full service, no podríamos atender un tema así. Son las cosas que ratifican nuestra decisión de haber permanecido como una firma grande", comenta el Beccar Varela que está al frente del estudio en el año 126 de su existencia.

¿Será Justicia?

Un momento crítico fue en octubre, cuando el Gobierno eliminó las SIMI. Desde entonces, los tiempos -y criterios- de aprobación de SIRA (para importación de insumos o productos) y de SIRASE (servicios) alimentaron leyendas, de canales alternativos, en ambientes con más estrellas que un despacho oficial. "No tengo pruebas ni me consta", la respuesta automática de los profesionales. La misma que replican cuando se habla de la suerte de las empresas que optaron por judicializar, vía amparos. "Hubo algunas que, después de iniciar cautelares, tuvieron que crear razones sociales nuevas, con otro CUIT, a las que transfirieron fondos de comercio, para volver a tramitar importaciones por temor a represalias", se comenta. "Judicializar tiene costos: hoy, es jugar a la mancha venenosa", resume un abogado, con ironía.

Lo cierto es que, a diferencia de hace una década, el consejo legal es no judicializar. "Nosotros no iniciamos ninguna demanda", sorprende Cassagne, cuyo estudio, de 40 abogados, acumuló un medallero de cautelares en tiempos del primer cepo K. ¿Cuál es la recomendación ahora? "Administrar la crisis. Hoy, un buen asesoramiento debe entender el contexto económico y político de la Argentina", responde. "Hay que ser muy cautelosos: a veces, se debe esperar; en otras, invertir los pesos; y en otras, buscar soluciones", subraya. "Hoy, la judicialización de estas cuestiones, vinculadas con importaciones, tiene escasas probabilidades de éxito. El asunto pasa por encontrar soluciones no confrontativas con este momento de este Gobierno", remarca. 

En esta materia, el legado de su padre, Juan Carlos -quien sigue activo, a sus 85 años-, hace que el estudio, y su equipo, sean fuente de consulta de los equipos de todos los candidatos presidenciales.

"Sin cautelar, es un reclamo abstracto. Pero, hoy, no es recomendable judicializar", se lamenta otro profesional, con décadas de carreras y pilas acumuladas de pedidos de ayuda de sus clientes, pese a que, en privado, reconoce que la aplicación del impuesto PAIS a las importaciones colisiona con acuerdos internacionales con mayor validez. Por ejemplo, los del Mercosur. Ya hay quienes cuentan días para hacer fila en Tribunales desde el 10 de diciembre.

Call center 24 horas

La aplicación del impuesto PAIS a las importaciones puso a muchos clientes "en desesperación", describen en el Estudio O'Farrell. La política influye y no sólo por las elecciones. La incertidumbre es permanente. Cuando el río suena, el teléfono también. Y, en más de una ocasión, es porque ya golpeó la piedra. Por caso, en enero, cuando, por ley provincial, La Rioja declaró que el litio es un recurso natural estratégico y, como tal, la Provincia suspendió los permisos de exploración y dispuso la caducidad de las áreas que la Gobernación identifique con potencial. "Después, no hubo acciones legales concretas, que hayan justificado nuestra intervención. Pero el WhatsApp está permanentemente activo. El trabajo de consigliere es permanente", admite Carregal. En los últimos días, el uso de yuanes se sumó a la lista de consultas.

Otros, en cambio, siguen avanzando con sus especialidades. Cassagne está activo en energía, puertos, vías navegables, litio y minería. También, en obras públicas críticas, como la que su cliente brasileño Queiroz Galvao hará para AySA: el emisario Berazategui, el proyecto más ambicioso de la empresa pública, de más de US$ 300 millones. El estudio continúa con la Sociedad Rural Argentina en dos causas claves: su reclamo por la inconstitucionalidad de las retenciones y la disputa por el predio de Palermo, que, pese a que la causa data de 2015, se sostiene la cautelar y, todavía, no se resuelve la cuestión de fondo. También representa a Cencosud en un arbitraje internacional y la asiste en dos asuntos críticos en la Argentina: la disputa con el Gobierno porteño por Portal de Palermo y con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por las tierras en San Isidro donde el grupo chileno tenía un proyecto de US$ 600 millones, según había trascendido en su momento. Sigue con las grandes constructoras -es estudio de la Cámara Argentina de la Construcción- en la investigación por cartelización de obra pública que hay en Defensa de la Competencia. En telecomunicaciones, obtuvo para Movistar (Telefónica) y Claro (América Móvil) una cautelar para frenar la obligación de cederles su infraestructura a Telecentro.

Los casos que llegan a litigio son los extremos. A sus 85 años, Héctor Aquiles Mairal, campeón de Repsol en la indemnización por YPF, es el paladín de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste -ambas, empresas de la española Abertis- en sus batallas de US$ 800 millones contra el Gobierno nacional, que se libran en la Justicia local y en el tribunal de arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional y en el Ciadi.

Así como tracciona deals, también estallan conflictos en el negocio energético. En 2018, después de que el dólar saltó de $ 20 a $ 40, el Gobierno de Mauricio Macri se hizo cargo de esa diferencia cambiaria en el precio del gas que, previamente, habían pactado productores y distribuidores. Eso se formalizó en a fines de 2019 y el Estado se comprometió a pagar $ 24.200 millones, equivalentes en ese momento a US$ 384 millones, en 30 cuotas. Sólo saldó una: con Alberto Fernández, el tema ingresó en una nebulosa. Hasta este año, en el que, por la caducidad de esas deudas, las petroleras reactivaron sus reclamos. Sólo por devaluación -sin inflación ni intereses- la cifra, actualizada, superaría los $ 113.300 millones, al cambio oficial. Algunas petroleras fueron directamente contra las distribuidoras. Otras llegaron a acuerdos. Hay, al menos, un par -pesos pesado- que, superados los recursos administrativos, preparan sus demandas contra el Estado por lo que, en la jerga, se conoce como "Decreto 1053".

Para YPF, MHR intervino en el acuerdo con el que la petrolera y TGN cerraron después de casi 15 años de controversia, una paz de US$ 190,6 millones. En el ámbito de CCI, el estudio también representa a Altiplano Solar y La Puna, filiales de la energética francesa, en un arbitraje contra ella por US$ 300 millones, en relación a contratos para la construcción de dos plantas solares fotovoltaicas de 100 megawatts en Salta. En el plano local, defendió a la noruega Equinor en los amparos de la Municipalidad de Mar del Plata, Greenpeace y otras ONG por su proyecto off shore. El estudio logró la revocación de las cautelares en la Cámara Federal de Apelaciones. "Era fundamental para avanzar con el proyecto. Los trabajos de exploración sísmica sólo pueden hacerse entre octubre y abril", describe Martínez de Hoz a esa carrera contrarreloj.

En materia de concursos y quiebras, se evita que la sangre llegue al río. Los expertos de Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo continúan con tres grandes causas: Vicentin, Molinos Cañuelas y la constructora Cartellone. Sobre la primera, advierten que el asunto seguirá dando trabajo durante más tiempo, pese a que la cerealera esté cerca de cerrar el acuerdo con sus acreedores después de tres años de más de tres años en default. "Si se homologa, se abre una segunda etapa: las impugnaciones", describen.

"No todas las situaciones deben concluir en un concurso", observa Daniel Fissore, socio, sobre por qué el deterioro económico, todavía, no tiene reflejo pleno en los tribunales comerciales. "Dentro de la tormenta, la gente espera a que aclare. Este período de la economía argentina es una tormenta perfecta. Nadie toma la decisión de qué hacer", agrega Pablo Buey Fernández. "Hay mucha renegociación bilateral. Nadie quiere empujar a la quiebra a nadie", describe Serrano Redonnet, de Pagbam. El estudio Tavarone sigue recolectando conformidades para la reestructuración de la petrolera Roch.

El escenario laboral es de alta volatilidad. Las paritarias trimestrales -con mayor o menor grado de conflictividad, según el caso- nutren a los laboralistas. "Hay que leer muy bien la cancha de hasta dónde tirar de la cuerda en las negociaciones", explica Ignacio Funes de Rioja, de Bruchou & Funes de Rioja, que, con su cliente Bridgestone, intervino en el conflicto gremial más caliente de los últimos 12 meses: el de la industria del neumático.

Un mal acuerdo paritario -o uno no del todo bien calculado- puede hacer estragos financieros, alerta Funes de Rioja. Sobre todo, en tiempos en los que la industria del juicio se volvió altamente onerosa. En septiembre, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reiteró que, en los juicios laborales tramitados en la Ciudad de Buenos Aires, debe aplicarse la tasa efectiva anual del Banco Nación y, además, incorporar la capitalización de los intereses desde la notificación de la demanda judicial. Esto encendió alertas rojas. Por ejemplo, la indemnización que reclama un ex CEO escaló a $ 70.000 millones, lo que técnicamente pone en quiebra a su antiguo empleador, cliente de Marval. "La tasa de interés es la gran preocupación hoy: reclamos de $ 3 millones pasan a ser automáticamente de $ 30 millones", alerta Funes.

Movimiento financiero

En mercado de capitales, Marval participó en la emisión de obligaciones negociables de Loma Negra, por $ 25.336,25 millones (clase 1) y por US$ 71,7 millones (clase 2). Estuvo con los colocadores en la ON dollar linked por US$ 100 millones a tasa cero de Aluar, cliente de Bomchil en esa operación. Marval también fue asesor legal de CNH Industrial en un título similar, por US$ 36,4 millones. Junto a Errecondo, González y Funes (EGFA), asesoró a Export Development Canadá y a Telecom Argentina sobre una línea de crédito por hasta US$ 50 millones. Nicholson y Cano hizo el préstamo garantizado de US$ 80 millones de FMO (agencia de desarrollo de los Países Bajos) a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El estudio de la torre Bapro asesoró a 77 de los 154 fideicomisos financieros que se emitieron en el país durante el año pasado. Actualmente, trabaja en el fideicomiso de US$ 60 millones con el que se busca el salvataje de SanCor.

En emisiones, Pagbam hizo ONs para colocadores y organizadores de los bonos de IRSA, San Miguel, Cresud, Toyota Compañía Financiera, Aconcagua Energía, Citrusvil, Tarjeta Naranja, Ledesma, Hijos de Salvador Muñoz, BST, Laboratorios Richmond, CNH Industrial, Ángel Estrada & Compañía y Agrofina, entre otras. Un share cercano al 40 por ciento de las colocaciones, precisa Serrano Redonnet.

Bomchil hizo la emisión de cuatro nuevas clases de ON de CGC, por US$ 258 millones, y el préstamo sindicado por US$ 96 millones que la energética de los Eurnekian tomó con ICBC, Santander, Citibank, Banco de Valores, Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Santa Cruz. El estudio también asesoró a Itaú y ICBC en la refinanciación de un préstamo a MetroGas, por US$ 21 millones. Con el banco brasileño, estuvo en la reestructuración de la deuda que GCDI -ex TGLT- tenía con la entidad y que incluyó la venta de la participación de la desarrolladora en un proyecto inmobiliario en Catalinas. Asesoró a Aeropuertos Argentina 2000, nave insignia de su cliente estrella, en su refinanciación de distintas ON por un valor consolidado de casi US$ 28 millones y en un crédito de ICBC Dubai, por US$ 10 millones.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Generación Mediterránea y Central Térmica Roca, de Grupo Albanesi, en su bono de US$ 75 millones. Estuvo con Molinos Agro en la línea de hasta US$ 250 millones que recibió del BID.

Lo que vendrá

Que el trabajo sea más ingrato que, en oposición, el closing de una inversión no significa que haya poco. "Hoy por hoy, hay muy buen nivel. Estamos más cerca de tener más gente que menos", reconocen Carregal y Javier Patrón, de Marval. El estudio, apuntan, está 15 por ciento arriba contra presupuesto, tanto en horas trabajadas como en facturación. La perspectiva es que, incluso con el escenario más pesimista, el nivel de actividad subirá en 2024. "Con un nuevo gobierno, seguramente, habrá muchos cambios, mucho movimiento. Ya sólo con la mejora que habrá en lo que está ‘desacoplado' de la situación económica general, como el campo (sin sequía) y lo que se espera para minería (litio) y energía, se incrementará el flujo de trabajo", vaticinan. "Vemos que habrá restricciones cambiarias durante un año. Por lo menos", auguran en Bomchil.

El viento volvió a soplar en renovables. Por supuesto, también hay quienes todavía deben cicatrizar heridas. El Estado está pidiendo la ejecución de garantías de las adjudicatarias de las rondas Renovar que, por el cambio de clima financiero en 2018, no desarrollaron sus proyectos. "Terminará en arbitraje", observa Agustín Siboldi, socio de Estudio O'Farrell. Otra novedad fue lo que, en la industria verde, se llama "Cláusula Vestas": la introducción, explícita, que exige la danesa para cubrirse de demoras en la provisión de sus turbinas debido a trabas para importar.

Aunque deprimida, la Argentina es fuente permanente de trabajo legal. Sobre el cierre de la edición de APERTURA de agosto, hubo dos noticias. BA Desarrollos, firma del fondo EMS Capital, del brasileño Edmond Safra, inició un reclamo contra el país en el Ciadi, por sus proyectos inmobiliarios en Retiro, donde compró tierras en 2017 y 2018. En el mercado, se sabe que Pablo Viñals Blake, socio de Marval, es su abogado de cabecera. La otra fue Wenance: acorralada por sus deudas, la fintech presentó su concurso preventivo en los tribunales de San Isidro. El expediente lleva la firma del estudio Lorente & López. 

(Esta nota se publicó en la edición número 356 de APERTURA, correspondiente a agosto de 2023)