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Phoebe Gates, hija del multimillonario Bill Gates, quedó en el centro de un escándalo después de que su empresa de compras online, Phia, fuera acusada de aplicar una práctica conocida como “cookie stuffing” para atribuirse ventas que no generó. La maniobra, calificada por especialistas como fraude electrónico, contempla penas de hasta 20 años de prisión bajo la ley estadounidense.
Gates, quien en su podcast había hablado de su deseo de demostrar que podía triunfar sin la ayuda de su padre, cofundó Phia junto a Sophia Kianni en 2023. Según una investigación de Bloomberg, ambas conocían la práctica cuestionada desde diciembre de 2025.
¿Qué es el “cookie stuffing” y de qué se acusa a la empresa de Phoebe Gates?
El “cookie stuffing” es una técnica digital que hace que un sistema se atribuya el mérito —y el cobro— de una venta online que en realidad no ayudó a concretar. Es como si un vendedor cobrara comisión por un cliente que nunca atendió.
Phia es una extensión de navegador y una aplicación que ayuda a encontrar códigos de descuento al pagar en tiendas online y cobra comisión cuando su servicio interviene en la compra.
Según la misma investigación, mensajes internos habrían estimado que en junio de 2026 cerca del 51% del valor de las ventas atribuidas a Phia provino de esta técnica. La empresa aseguró que ya tomó medidas correctivas:
- Eliminación de las funciones cuestionadas desde el 7 de julio.
- Revisión de cada transacción registrada.
- Reversión de pagos a las marcas afectadas por atribuciones incorrectas.
- Incorporación de un jefe de cumplimiento normativo.
¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Phoebe Gates por el “cookie stuffing”?
Especialistas en derecho corporativo explican que esta práctica suele encuadrarse como fraude electrónico federal en Estados Unidos, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas y restitución económica. Hasta el momento no se reportaron cargos formales contra Gates ni Kianni por este caso puntual.
En causas previas de “cookie stuffing”, la Justicia estadounidense aplicó condenas de entre cinco y quince meses de prisión, con multas de hasta u$s 25.000. Un fiscal federal remarcó en un comunicado oficial que este tipo de fraude termina encareciendo los productos, porque las empresas trasladan esos costos a sus precios.
