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El mayor cambio en los alquileres de Estados Unidos ya está sobre la mesa: el Gobierno quiere prohibir que las casas se usen como “negocio” y priorizar a inquilinos y compradores particulares. La medida apunta a limitar a grandes empresas que compran viviendas para alquilarlas, en medio de una fuerte crisis de acceso a la vivienda.

La propuesta fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien aseguró que frenar a los inversores institucionales ayudaría a que familias jóvenes puedan comprar su primera casa. El anuncio llega en un contexto de alquileres caros, tasas hipotecarias altas y falta de viviendas disponibles.

¿Qué significa que el Gobierno quiera prohibir que las casas sean para “hacer negocios”?

La iniciativa busca bloquear o restringir la compra de casas por parte de grandes inversores institucionales. Son empresas o fondos que poseen decenas o cientos de propiedades y las destinan exclusivamente al alquiler.

Trump resumió el enfoque con una frase directa: “las personas viven en casas, no las corporaciones”, y pidió al Congreso que convierta la propuesta en ley. El objetivo es que esas viviendas queden disponibles para compradores individuales.

La iniciativa busca bloquear o restringir la compra de casas por parte de grandes inversores institucionales.
La iniciativa busca bloquear o restringir la compra de casas por parte de grandes inversores institucionales.

¿Cómo impacta este cambio en los alquileres y en los inquilinos?

Para los inquilinos, el plan apunta a reducir la presión sobre los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Menos compras corporativas implicarían menos competencia para personas que buscan alquilar o comprar.

Sin embargo, especialistas advierten que el impacto sería limitado. Los inversores institucionales representan cerca del 1% del total de casas unifamiliares, y el problema principal sigue siendo la escasez: Estados Unidos necesita entre 3 y 4 millones de viviendas adicionales para aliviar los precios.

El dilema de fondo:

  • Faltan casas en todo el país.
  • Construir más podría bajar precios.
  • Pero también reduciría el valor de las viviendas actuales, algo que el propio Gobierno busca evitar.