

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, habilitó una ley que limita las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (denominado ICE por sus siglas en inglés) en el territorio neoyorquino.
Especialmente, se restringen las redadas en escuelas, iglesias y otros lugares, a menos de que se presente una autorización judicial de arresto.

Por una nueva ley, ICE tendrá prohibido detener y arrestar inmigrantes: ¿Qué establece la nueva legislación neoyorquina?
La ley que promulgó la gobernadora Hochul impide que los agentes del ICE lleven a cabo detenciones o arrestos en determinados lugares sin la orden judicial de firmada.
Entre los lugares que están restringidos, se encuentran:
- Escuelas
- Iglesias
- Tribunales
- Hospitales
- Centros comunitarios
Y cualquier otro lugar que sea considerado como esencial para la vida cotidiana. Con esta legislación vigente, las autoridades y responsables de dichas instituciones podrán solicitar la presentación de una orden judicial previo a permitir el ingreso de agentes migratorios.
¿Cuál es el objetivo de esta nueva ley en Nueva York?
La normativa busca reforzar las protecciones para inmigrantes dentro del estado frente a las políticas federales de control migratorio. Según los argumentos de la ley, el objetivo declarado es evitar que inmigrantes dejen de asistir a estos lugares por temor a ser detenidos.
Varias organizaciones defensoras de este grupo respaldaron la medida al considerar que favorece el acceso a servicios y derechos básicos y fundamentales.
La posición de Nueva York frente a las políticas migratorias de Estados Unidos
La nueva ley de Nueva York no elimina la autoridad federal en lo que refiere a migración, pero sí establece límites y requisitos para determinadas acciones que tengan lugar dentro del territorio.
Históricamente, Nueva York mantuvo una postura favorable hacia la protección de inmigrantes en comparación con otros estados del país, incluso ha sido cuestionada por las autoridades federales por impulsar medidas para impulsar el acceso de inmigrantes a servicios públicos, educación y asistencia legal.











