Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos busca cortar el financiamiento federal a hospitales y residencias vinculados a fondos de inversión, una medida que podría afectar la atención de miles de pacientes que dependen de Medicaid y Medicare. La iniciativa fue impulsada en simultáneo en la Cámara de Representantes y el Senado y plantea bloquear el acceso a fondos públicos clave para estos centros de salud. Si avanza, muchas instituciones podrían perder esta fuente de ingresos y ver limitada su capacidad de operación. El debate se da en medio de una creciente presión política sobre el sistema sanitario, con legisladores que cuestionan el rol de ciertos grupos privados en la gestión de servicios esenciales. Desde el sector, sin embargo, advierten que la medida podría generar efectos no deseados sobre la cobertura. El proyecto no elimina directamente Medicaid para individuos, pero sí apunta a una lista específica de hospitales y residencias que podrían quedarse sin financiamiento. Sin embargo, el alcance de la medida puede dimensionarse a partir de un relevamiento externo elaborado por la ONG Proyecto sobre Equidad Económica Privada (PESP), que identifica hospitales y residencias controlados por fondos de inversión en Estados Unidos. De acuerdo con ese registro —actualizado por última vez en abril de 2025— existen alrededor de 488 hospitales bajo control de capital privado, lo que representa: Además, casi una cuarta parte (22,6%) de estas instituciones son hospitales psiquiátricos, lo que amplía el alcance potencial del impacto. En términos geográficos, Texas concentra la mayor cantidad de hospitales bajo este esquema (108), mientras que Nuevo México tiene la mayor proporción relativa (36,2%). Los legisladores que impulsan la iniciativa -el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) y la representante Mary Gay Scanlon (demócrata por Pensilvania)- sostienen que algunos fondos de inversión aplican estrategias que priorizan ganancias rápidas por encima de la calidad del servicio. Según los promotores, estas prácticas pueden derivar en consecuencias graves para los pacientes, especialmente en residencias de adultos mayores. Desde el sector de residencias y atención médica, advierten que el enfoque podría ser equivocado: Además, algunos estudios recientes señalan que el impacto de estos inversores no es uniforme y depende de múltiples factores. En este escenario, el avance del proyecto podría redefinir cómo se financian hospitales y residencias en Estados Unidos, con consecuencias directas para millones de personas que dependen de Medicaid para acceder a atención médica diaria.