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El número es contundente. En la autopista Buenos Aires La Plata, un camión de seis ejes que en hora pico realice el trayecto completo 20 veces al mes, pagará cada año $18.672.000 sólo de peaje. Ese mismo caso, pero para la autovía Buenos Aires Mar del Plata eleva la cifra a $59.510.000. Y para recorrer los 180 kilómetros de la Ruta Provincial 6 entre La Plata y Zárate Campana pagaría $10.926.000. En este caso, falta contemplar la nueva estación de peaje que próximamente se instalará en Cardales.
Estos valores surgen del reciente aumento de peajes de entre el 9 % y 23 % aprobado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis. El incremento ya rige desde principios de octubre.
“Sin considerar la situación de crisis económica de los usuarios viales y de la sociedad en su conjunto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autoriza, como lo viene haciendo en forma constante, un nuevo aumento en las tarifas de peaje solicitado por la empresa Autopista de Buenos Aires SA (AUBASA) que es innecesaria, burocrática y sumamente costosa” destacaron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
Desde la entidad afirmaron que “la recaudación por peaje se destina principalmente a solventar el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y de la empresa AUBASA, que actúa indebidamente y en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires, sin volcarse dinero al camino”.
No hay control
Un tema grave y que sigue sin ser tenerse en cuenta, a juicio del CONADUV, es que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, y a pesar del tiempo transcurrido aún no se creó un marco regulatorio o ente regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos.
“Nunca fue considerado por los distintos gobernadores de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del CONADUV. Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto sigue vigente este falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional e inviable. Los derechos de los usuarios viales siguen siendo pisoteados y vulnerados”, cuestionaron desde la entidad.
