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La industria electrónica argentina enfrenta una amenaza que excede la competencia del mercado abierto. Mientras las fábricas de Tierra del Fuego ajustaron sus líneas de producción para competir con los celulares importados que desde el año pasado ingresan sin aranceles, un tercio del mercado de smartphones ya está en manos del contrabando. El dato lo aportó Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la cámara que agrupa a las principales empresas del sector.
“Uno de cada tres celulares que se activa en Argentina no se fabricó en el país ni se importó legalmente”, afirmó Vainman. La dirigente aclaró que ese número es un promedio: según la marca, la proporción de unidades ilegales puede ser considerablemente más alta. En Tierra del Fuego se fabrican también televisores y aires acondicionados, rubros donde el contrabando existe pero opera en menor escala por las dimensiones físicas de los productos.
El problema se agudizó tras la decisión del año pasado de bajar los aranceles a la importación de celulares. Ese cambio obligó a las empresas nucleadas en Afarte a una reconversión acelerada y colectiva de sus procesos productivos. “Fue necesario modificar el proceso productivo a nivel general para todas las compañías de Afarte, el hecho de modificar el proceso productivo para hacerlo más eficiente todavía y poder competir con el importado que ahora entra con arancel cero”, explicó Vainman. La incorporación de robótica y la tecnologización de las líneas de producción son parte de ese esfuerzo permanente que cada empresa lleva adelante según los criterios de sus propios equipos técnicos.
“No es la del importado, que es lo que lleva a una competencia sana y de eficientización de las líneas de producción; sino una competencia desleal que es la del contrabando”, diferenció. El Estado, señaló Vainman, es uno de los principales afectados: cada celular que ingresa por vías ilegales representa una renuncia fiscal por los impuestos que no se recaudan.
Trabajo estrecho con las autoridades
Frente a ese escenario, Afarte escaló sus acciones ante distintos organismos del Estado. La cámara se reunió con la Secretaría de Defensa al Consumidor, realiza denuncias en el sistema de vigilancia de mercado y mantiene un trabajo estrecho con el Ministerio de Seguridad. El paso más reciente fue una capacitación dirigida a las fuerzas federales. “Fuimos a explicar a las fuerzas de seguridad federales —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal— cómo distinguir un producto contrabandeado de uno fabricado en el país o importado legalmente”, detalló.
“Estamos todo el tiempo trabajando en esto porque afecta no solo a nosotros porque es una competencia desleal; el contrabando es un problema que afecta a muchos actores de la actividad”, subrayó Vainman. La industria electrónica instalada en Tierra del Fuego acumula así dos frentes abiertos: la presión del mercado legal abierto, que enfrenta con inversión y eficiencia, y la del mercado ilegal, que combate con herramientas institucionales y el apoyo de las fuerzas de seguridad.
