La Argentina tiene una matriz energética todavía dominada por los combustibles fósiles, pero el biogás empezó a ganar terreno como alternativa concreta. Ese es el caso de Bioeléctrica, una compañía que lleva una década convirtiendo residuos orgánicos de la industria y la ganadería en electricidad, con presencia en diez provincias y más del 30% del mercado nacional en su haber.

El modelo nació en Río Cuarto a partir del subproducto del etanol y hoy se expande por el centro y norte del país con una premisa clara: los desechos de la actividad agropecuaria e industrial son energía que todavía no se aprovecha. Javier Schifani, gerente de la compañía, y Charly Karamanian, cofundador de Cinnid Innovation Partners.

Schifani trazó el origen de Bioeléctrica en el proceso productivo de BIO4, la empresa madre que nació al amparo de la ley de biocombustibles de 2006. “La producción de etanol tenía un subproducto rico en carga orgánica, en carbono. A partir de ahí, un grupo de productores y más de 26 socios nos propusieron ver qué hacer con eso”, explicó. La respuesta llegó en 2015: el primer proyecto de biogás de la compañía fue también el primero en inyectar energía eléctrica al sistema interconectado nacional.

Desde entonces, Bioeléctrica participó en el desarrollo de diez proyectos adicionales y acumuló presencia en Córdoba, Santa Fe, San Luis, Misiones, Salta, Chubut y San Juan, donde actualmente tiene una planta en construcción.

El ejecutivo describió la tecnología de biodigestión anaeróbica como “un gran rumen, un gran estómago que procesa el carbono que originariamente estaba en la atmósfera”. Esa materia prima no proviene únicamente de la ganadería bovina, porcina o avícola: “También de la industria de los alimentos, desde los frigoríficos hasta la producción de galletas, alfajores y fideos. Si no se gestionan de manera adecuada, terminan en un enterramiento sanitario donde esos gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera”, advirtió Schifani.

La mirada de Karamanian puso el foco en el financiamiento como el nudo histórico del sector. “Los proyectos renovables tardan en promedio entre dos y cinco años en desarrollarse y para eso tiene que haber un repago”, señaló el cofundador de Cinnid. Con la sincerización tarifaria en curso, ese repago empieza a verse, lo que da luz verde a proyectos que antes no conseguían viabilidad económica.

Karamanian agregó otra variable: la presión que ejercen los mercados de exportación, en particular los europeos, sobre el origen energético de los procesos industriales. “Para poder ser competitivos a nivel económico, los productos que queramos exportar a países europeos requieren controles ambientales, huella de carbono, entender qué energía se utilizó para generar esos procesos”, subrayó.