Una reforma constitucional que sacude a miles de jubilados ya es una realidad. Desde su publicación el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo límite a las pensiones del sector público comenzó a tener efectos concretos sobre quienes dedicaron décadas de su vida a las empresas más importantes del Estado. El cambio del Artículo 127 establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a aproximadamente 70,000 pesos mensuales. Para muchos jubilados de alto nivel, esto significa perder más de la mitad de lo que hoy reciben. Según trascendió, más de 93,000 jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro podrían ver sus pensiones reducidas hasta en un 60%, dependiendo del nivel jerárquico que tuvieron durante su vida laboral. Estas empresas paraestatales contaban con esquemas de retiro negociados en sus contratos colectivos, que en muchos casos superan ampliamente el nuevo tope establecido por la reforma. Ahora, quienes más alto llegaron en el escalafón son los que enfrentan los recortes más severos. Más de 2,000 jubilados provenientes de 29 estados del país marcharon en el Paseo de la Reforma exigiendo la suspensión inmediata de la medida. Su argumento: la reforma viola el principio de no retroactividad del Artículo 14. “Hoy es contra nosotros, mañana puede ser contra cualquier trabajador”, advirtieron. La Alianza Nacional de Jubilados anunció una estrategia legal con amparos, cabildeo legislativo y acciones ante organismos nacionales e internacionales. El conflicto se perfila hacia los tribunales. El gobierno federal defiende la medida asegurando que busca eliminar los “privilegios” de las llamadas “pensiones doradas” y proyecta un ahorro de hasta 5,000 millones de pesos anuales con su aplicación. Sin embargo, los jubilados rechazan ese término: aseguran que sus pensiones no son un regalo, sino derechos adquiridos a lo largo de décadas de trabajo. La batalla que se avecina en los tribunales definirá si un cambio constitucional puede aplicarse de forma retroactiva a pensiones ya otorgadas, lo que marcaría un precedente histórico para todo el sector público.