La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que garantiza la continuidad de las pensiones por viudez para los trabajadores del Estado. De esta manera, se evita que los apoyos económicos sean suspendidos si el beneficiario decide seguir trabajando. Recientemente, el Pleno de la SCJN declaró inconstitucional el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del ISSSTE (bajo el Régimen Décimo Transitorio). Esta normativa permitía la cancelación de la pensión por viudez a aquellas personas que trabajaran y cotizaran de forma simultánea en el mismo instituto. La decisión se derivó del Amparo en Revisión 495/2022. En este caso, una ciudadana impugnó la suspensión de su pensión al considerar que se violaba su derecho a la seguridad social, protegido por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Segunda Sala de la Corte determinó que un reglamento administrativo no puede condicionar un derecho constitucional ni limitar el acceso de una persona al mercado laboral para poder conservar su pensión. Debido a que el Poder Ejecutivo no corrigió la norma en el plazo legal establecido, la SCJN procedió a expulsar definitivamente dicha disposición del orden jurídico mexicano. Esto significa que la protección ya no solo beneficia a quien promovió el amparo, sino que tiene efectos generales y no podrá aplicarse a ninguna persona en el futuro. El máximo tribunal determinó que el derecho a la seguridad social exige coherencia con la protección constitucional de las pensiones. Por lo tanto, el hecho de que una persona trabaje y realice aportaciones de seguridad social no puede ser utilizado como motivo para privarla de la pensión por viudez que le corresponde por ley. La pensión por viudez es una prestación económica otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la pareja de un trabajador o pensionado fallecido. El objetivo de este beneficio es brindar seguridad financiera al cónyuge o concubino supérstite. A partir de 2023, se eliminó el requisito que obligaba a los varones a demostrar una incapacidad para acceder a este derecho, igualando las condiciones para todos los géneros. Para que el beneficio sea autorizado, se deben cumplir las siguientes condiciones: Tienen derecho a solicitar esta prestación el esposo o esposa del asegurado; concubina o el concubino (en caso de que no exista un matrimonio previo); y personas que hayan suscrito una unión civil con el fallecido.