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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de las autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene facultades para embargar e inmovilizar cuentas bancarias de los contribuyentes que mantienen adeudos fiscales sin resolver.
Para aplicar esta medida debe existir un crédito fiscal exigible y cumplirse las condiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF). Los artículos 151, 155, 156-Bis y 156-Ter regulan distintas etapas de este procedimiento.
¿En qué casos Hacienda puede embargar o inmovilizar una cuenta bancaria?
Los artículos 151, 155, 156-Bis y 156-Ter establecen cuándo la autoridad puede embargar depósitos bancarios, en qué circunstancias puede inmovilizar los recursos y bajo qué condiciones está facultada para transferirlos a la Tesorería de la Federación para cubrir el adeudo.
El artículo 151 del CFF establece que las autoridades fiscales pueden iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y sus accesorios legales.
Para ello, deben requerir el pago al contribuyente y, si este no demuestra que ya cumplió con la obligación, pueden proceder al embargo de bienes o depósitos bancarios.
Por su parte, el artículo 155 establece que los depósitos bancarios forman parte de los bienes que pueden señalarse para el embargo.
La disposición contempla un orden de prelación: primero dinero, metales preciosos y depósitos bancarios; después acciones y valores, bienes muebles y, finalmente, inmuebles.
El artículo 156-Bis detalla específicamente cuándo procede la inmovilización de cuentas bancarias. La autoridad fiscal puede aplicar esta medida en dos escenarios principales:
- Cuando el crédito fiscal está firme: es decir, cuando ya no está sujeto a impugnación mediante los medios de defensa correspondientes.
- Cuando el crédito fiscal está impugnado, pero no está debidamente garantizado: en este supuesto, la ley contempla cuatro circunstancias específicas para inmovilizar los depósitos.
Estas últimas situaciones ocurren cuando el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal o lo desocupó sin presentar el aviso de cambio ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); cuando la garantía ofrecida es insuficiente para asegurar el interés fiscal; cuando no amplía la garantía después de que la autoridad se lo solicita, o cuando los bienes embargados tienen un valor insuficiente o se desconoce cuánto valen.
En estos casos, la inmovilización puede alcanzar el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales, o la cantidad que no esté cubierta por la garantía ofrecida. La medida también puede extenderse a otras cuentas del mismo contribuyente si los recursos de la primera resultan insuficientes.
¿Cuándo puede el SAT retirar el dinero de las cuentas bancarias?
La inmovilización no significa que el dinero se transfiera inmediatamente al Gobierno. El artículo 156-Ter del Código Fiscal de la Federación establece las condiciones para que la autoridad fiscal ordene a las instituciones financieras transferir los recursos cuando el crédito fiscal ya se encuentra firme.
La disposición contempla cuatro escenarios:
- Cuentas inmovilizadas sin garantía suficiente: si el contribuyente no ofreció una garantía suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad puede ordenar la transferencia de los fondos hasta cubrir el adeudo.
- Garantía distinta al depósito en dinero o carta de crédito: la autoridad debe requerir al contribuyente para que pague dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Si no cumple, puede hacer efectiva la garantía o transferir los recursos inmovilizados.
- Garantía mediante depósito en dinero o carta de crédito: cuando el interés fiscal está garantizado de esta manera, la autoridad procede a hacer efectiva la garantía.
- Crédito fiscal sin garantía: si el adeudo no está garantizado y ya es firme, la autoridad puede ordenar la transferencia de los recursos inmovilizados.
El artículo también establece que las instituciones financieras deben informar a la autoridad sobre las transferencias realizadas en un plazo máximo de tres días.
A su vez, el SAT debe notificar al contribuyente sobre el movimiento a más tardar el vigésimo día siguiente a aquel en que recibió la información.
Es importante señalar que el embargo de depósitos no puede superar el importe actualizado del crédito fiscal y sus accesorios legales, siempre que la autoridad cuente previamente con información sobre las cuentas y sus saldos. Además, el Código contempla excepciones para determinados depósitos destinados al ahorro para el retiro.
