Durante años, millones de mexicanos asumieron que contar con un pasaporte vigente era suficiente para viajar al extranjero sin mayores obstáculos. Sin embargo, esa idea acaba de quedar sin efecto de manera oficial. El Gobierno de México anunció una disposición que ya provoca reacciones en todo el país: figurar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias bastará para que las autoridades bloqueen la salida del territorio nacional, incluso si el pasaporte está en regla, sin observaciones y completamente válido. En este contexto, una deuda por pensión alimenticia puede derivar en la imposibilidad de abandonar México por tiempo indefinido, bajo un marco legal que ya comenzó a aplicarse. La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue avalada en el Senado de la República con 86 votos a favor por unanimidad, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, y posteriormente turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el centro de esta disposición se encuentra el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una estructura de reciente creación que operará como instancia auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Su función es directa: concentrar y actualizar en tiempo real los datos de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias determinadas por resoluciones judiciales firmes, y permitir que esa información sea consultada por autoridades de todo el país para la validación de distintos trámites. La operación del registro quedará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo que contará con un plazo de 300 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para dejarlo plenamente implementado y en funcionamiento a nivel nacional. Esta base de datos se alimentará con información proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, lo que asegura que los registros estén respaldados por sentencias y resoluciones oficiales, y no por denuncias o reportes sin sustento legal. Cuando las autoridades dijeron que esta medida tendría consecuencias reales, no exageraron. Entre las más importantes se encuentran: Para entender por qué México avanzó con una medida de este alcance, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) resultan determinantes: en el país, 7 de cada 10 padres divorciados incumplen con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos del Niño establecen con claridad que la manutención no es un beneficio opcional, sino un derecho fundamental. Bajo este marco, el Estado mexicano optó por fortalecer los mecanismos de cumplimiento, incorporando sanciones que incluso pueden impedir que un deudor alimentario abandone el país mientras persista el incumplimiento.