La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución que afecta de manera directa al sistema de pensiones en Zacatecas. Este fallo establece un nuevo criterio en relación con el aguinaldo de los pensionados, aunque no de forma general ni automática. La decisión introduce límites precisos que aún suscitan diversas interpretaciones. El ajuste en las pensiones está relacionado con la viabilidad financiera del sistema, aunque no todos los beneficiarios se ven afectados. La reducción del aguinaldo de 60 a 30 días fue evaluada bajo criterios constitucionales y la Corte ha establecido condiciones específicas para su implementación. En el trasfondo de esta decisión, el máximo tribunal ha delineado diferencias entre reformas que son válidas y aquellas disposiciones que comprometen el derecho a la seguridad social. En este marco, el verdadero alcance del fallo se comprende al examinar qué artículos fueron aprobados y cuáles fueron desestimados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zacatecas. Esta modificación reduce de 60 a 30 días el pago del aguinaldo para aquellos que acceden a una pensión bajo el nuevo esquema legal. Según el fallo, el ajuste a las pensiones no infringe el derecho humano a la seguridad social. La SCJN argumentó que la medida es razonable y no arbitraria, ya que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto y la suficiencia presupuestaria a largo plazo. Sin embargo, el Alto Tribunal fue claro en un aspecto fundamental: el nuevo tope del aguinaldo no puede aplicarse de manera retroactiva. Esta disposición solo afecta a las personas que se pensionen tras la entrada en vigor de la reforma, protegiendo así a quienes ya contaban con ese derecho reconocido. En este sentido, la Corte ya decidió que esos límites no son constitucionales cuando ponen en juego derechos adquiridos. Para la SCJN, hacer depender el acceso a la seguridad social de factores financieros indeterminados puede generar afectaciones desproporcionadas. De esta manera, el fallo combina avales y frenos. Ajusta las pensiones en ciertos aspectos, pero también refuerza la protección del derecho a la seguridad social. En el mismo fallo, la Corte Suprema invalidó los artículos 128 y 128 bis de la ley. Estas disposiciones condicionaban el otorgamiento de prestaciones a la capacidad financiera y a la reserva técnica del Instituto, un criterio que se considera riesgoso.