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El mismo día en que una mujer contrajo matrimonio, firmó un pagaré por 5 millones de pesos que después fue utilizado por su entonces esposo para reclamarle el pago de esa cantidad. La mujer sostuvo que antes de la boda había firmado varios documentos en blanco bajo presión psicológica y que uno de ellos terminó convertido en ese pagaré.
El conflicto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 14 de julio de 2026 ordenó volver a estudiar el caso con perspectiva de género. El máximo tribunal -según Merca20- consideró que las resoluciones anteriores no habían analizado de forma suficiente el contexto de la relación entre ambos y las circunstancias en las que se firmaron los documentos.
Firmó un pagaré por 5 millones el día de su boda
Antes de casarse, la pareja mantenía también una relación laboral. El hombre se dedicaba a prestar servicios médicos relacionados con trasplantes e injertos capilares, mientras que ella realizaba tareas administrativas para el negocio.
Entre sus actividades estaban la compra de insumos, la atención a proveedores y distintos trámites ante autoridades sanitarias. Según la versión que la mujer presentó durante el proceso, la relación estuvo marcada por presión psicológica y violencia.
La mujer declaró que, antes de la boda y por indicación de una socia y abogada de su entonces prometido, tuvo que firmar varios documentos en blanco. Según su relato, hacerlo era una condición para poder celebrar el matrimonio.
Entre esos documentos estaba el pagaré de 5 millones de pesos, que fue firmado el mismo día en que contrajeron matrimonio.
El documento apareció en medio del conflicto matrimonial
Tiempo después, la relación entre ambos terminó y comenzó un proceso judicial. La mujer también denunció hechos relacionados con violencia familiar y sostuvo que había existido presión psicológica durante la relación.
En ese contexto, el pagaré fue utilizado para reclamar judicialmente el pago de los 5 millones de pesos. La mujer sostuvo que el documento no podía analizarse separado de las circunstancias en las que, según su versión, había sido firmado.
El conflicto llegó a distintas instancias judiciales antes de alcanzar a la Suprema Corte. El punto que terminó ante los ministros no fue solamente la existencia material del pagaré, sino la manera en que debía analizarse la relación entre las partes y el contexto en el que se generó la obligación que se pretendía cobrar.
¿Por qué intervino la Suprema Corte?
La Suprema Corte determinó que los tribunales que habían estudiado el caso no habían aplicado de forma suficiente la perspectiva de género al analizar las circunstancias denunciadas por la mujer, pese a los indicios de un posible contexto de violencia.
El nuevo análisis deberá considerar el contexto completo de la relación, incluida la posible existencia de violencia, presión psicológica, desigualdad o subordinación. También deberá valorar las circunstancias laborales que existían antes del matrimonio y la forma en que se produjeron las firmas.
La Corte señaló que, si resulta necesario, el tribunal puede ordenar de oficio la realización de nuevas pruebas y diligencias para contar con elementos que permitan determinar qué ocurrió realmente.
¿La mujer tendrá que pagar los 5 millones?
La decisión de la Suprema Corte no determina que la mujer deba pagar el pagaré, pero tampoco lo declara inválido. El máximo tribunal ordenó que el caso vuelva a analizarse antes de establecer qué efectos debe tener el documento.
Por eso, la nueva resolución deberá determinar si la firma se produjo de manera libre o dentro del contexto de presión y violencia que denunció la mujer. El pagaré continuará siendo parte del litigio hasta que el tribunal que vuelva a estudiar el caso dicte una nueva resolución.
La Suprema Corte también confirmó que los artículos 177 y 1167, fracción II, del Código Civil Federal, que establecen que entre cónyuges no corre la prescripción mientras subsista el matrimonio, son constitucionales. El tribunal explicó que esa regla aplica de forma recíproca para ambas partes y no coloca, por sí misma, a uno de los cónyuges en una posición de desventaja. El punto que debe revisarse nuevamente es el contexto específico en el que surgió el documento y la forma en que los tribunales valoraron las pruebas y los argumentos de la mujer.
