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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que, para saber si una persona es trabajadora de confianza dentro de una institución pública, no basta con el nombre de su plaza ni con que un reglamento clasifique el puesto de esa manera. Hay que analizar qué funciones realiza en la práctica.

El Pleno lo determinó el 30 de septiembre de 2026 al resolver el amparo directo en revisión 2636/2026. La Corte revocó la decisión de un tribunal colegiado y ordenó estudiar el caso de nuevo, según el comunicado de la SCJN.

Qué pasó en el caso que llegó a la Corte

La persona ingresó en enero de 2022 al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos con la categoría de asistente de servicios en plantel, con labores de limpieza y mantenimiento. Al terminar su nombramiento temporal pidió que se le reconociera como trabajadora de base o que fuera reinstalada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito le negó el amparo en febrero de 2026. Consideró que era de confianza por lo que establece el reglamento de condiciones generales de trabajo del personal de la SEP y, con ello, dejó sin estudiar la basificación y la reinstalación.

La Suprema Corte no ordenó basificar a la persona trabajadora.
La Suprema Corte no ordenó basificar a la persona trabajadora. Shutterstock

Qué resolvió la Suprema Corte

La Corte concluyó que esa premisa no estaba acreditada: el tribunal no analizó si las funciones eran, por su naturaleza, de confianza. Por eso revocó la sentencia y devolvió el asunto para que se emita una nueva resolución.

Ese tribunal deberá revisar de nuevo la basificación y la reinstalación, además de la justificación de la temporalidad del nombramiento y la naturaleza de la plaza. Según el proyecto, la institución debe justificar por qué el nombramiento fue temporal, y no lo logra con solo exhibir el nombramiento.

Lo que la Corte no ordenó

La Suprema Corte no ordenó basificar a la persona trabajadora. Tampoco estableció que todos los puestos de confianza sean de base ni que todo el personal de limpieza de instituciones públicas lo sea.

Lo que fijó es que la clasificación debe basarse en las funciones efectivamente desempeñadas, y no solo en una denominación administrativa o reglamentaria. El criterio puede servir en otros conflictos donde el puesto formal no coincida con el trabajo real, pero cada caso se analiza por separado. Más sobre la Corte y el trabajo: salarios vencidos e intereses en despidos injustificados.