Texas aprobó una nueva legislación que, de entrar en vigor el 15 de mayo, permitiría detener a personas sospechadas de haber cruzado la frontera de manera irregular. La norma, conocida como Senate Bill 4, establece como delito a nivel estatal el ingreso sin autorización y contempla la posibilidad de que quienes sean condenados puedan ser posteriormente deportados. Sin embargo, la expulsión no sería inmediata ni automática, ya que el proceso exige previamente un arresto, un juicio y una sentencia. La ley fue aprobada en 2023 por el Congreso de Texas, pero había quedado suspendida. Recientemente, un tribunal federal de apelaciones levantó esa medida cautelar y confirmó su posible entrada en vigor para el 15 de mayo. Aun así, su aplicación todavía podría frenarse si nuevas decisiones judiciales vuelven a bloquearla. En paralelo, organizaciones de derechos civiles como el Texas Civil Rights Project y la ACLU presentaron una nueva demanda para intentar frenar cuatro artículos clave de la SB 4 antes de su implementación. Sostienen que la norma es inconstitucional porque la regulación migratoria corresponde exclusivamente al gobierno federal y no a los estados. De esta manera, la ley enfrenta otra instancia judicial que podría definir su futuro inmediato. Si la justicia acepta el pedido de estas organizaciones, la SB 4 volvería a quedar suspendida. Si no lo hace, comenzaría a regir el 15 de mayo. Para las personas latinas o migrantes que viven o transitan por Texas sin documentación, la norma aún no está en vigencia, aunque su situación podría cambiar en cuestión de días según lo que resuelvan los tribunales. La SB 4 está compuesta por cuatro ejes principales: en primer lugar, convierte en delito estatal el reingreso irregular a Estados Unidos, incluso en casos donde la persona haya obtenido estatus legal después. En segundo lugar, autoriza a jueces estatales a ordenar la deportación de quienes sean condenados bajo esta ley. En tercer lugar, establece sanciones para quienes no cumplan con dichas órdenes. Y, en cuarto lugar, obliga a que los procesos continúen incluso si existe un trámite migratorio federal en curso, como una solicitud de asilo. Es importante aclarar que la norma no implica deportaciones automáticas tras una detención. Se aplica únicamente a personas arrestadas bajo sospecha de ingreso irregular que luego sean condenadas en un proceso judicial. Además, el procedimiento sería llevado adelante por autoridades estatales de Texas, lo que generó controversia, ya que la política migratoria es considerada tradicionalmente una competencia exclusiva del gobierno federal en Estados Unidos.