El Gobierno de Estados Unidos destapó una de las acusaciones más explosivas contra funcionarios mexicanos en años al señalar a diez actuales y exservidores públicos de Sinaloa por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y a altos mandos policiales de proteger operaciones de narcotráfico, armas y violencia ligada a “Los Chapitos”. Según la acusación, los implicados habrían recibido millones de dólares en sobornos, filtrado información sensible y facilitado el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, enfrentando cargos que podrían llevarlos a cadena perpetua. La acusación federal asegura que estos funcionarios “abusaron de sus posiciones de confianza y autoridad” para beneficiar al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con el expediente, Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo criminal después de que rivales fueran “secuestrados e intimidados”, comprometiéndose presuntamente a proteger a la organización durante su mandato. El documento también describe una estructura de protección institucional donde policías municipales, estatales y funcionarios judiciales habrían servido para blindar cargamentos, evitar capturas y garantizar operaciones del narcotráfico sin consecuencias legales. El fiscal estadounidense Jay Clayton fue contundente: “No matter your title or position, we are committed to bringing you to justice”, al advertir que ningún funcionario corrupto está fuera del alcance judicial si colabora con organizaciones criminales. Clayton sostuvo que el Cártel de Sinaloa “no operaría con tanta libertad o éxito” sin políticos y autoridades en su nómina, subrayando que la corrupción institucional es una pieza clave para el tráfico internacional de drogas. La DEA afirmó que esta red no solo traficaba narcóticos, sino que “socavaba instituciones públicas deliberadamente”, usando cargos oficiales para sostener violencia, secuestros y asesinatos, incluyendo represalias contra presuntos colaboradores de agencias estadounidenses. Uno de los casos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en 2023, un hecho que eleva la dimensión del proceso más allá del narcotráfico hacia crímenes de extrema violencia.