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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno federal presentará ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de crear mecanismos que permitan revisar a candidatos públicos y detectar posibles vínculos con grupos delictivos.
Recientemente, la funcionaria detalló que la propuesta será enviada inicialmente a la Comisión Permanente del Congreso para iniciar su proceso legislativo. Según explicó, la reforma busca dotar a los partidos políticos de herramientas que les permitan evaluar los perfiles de quienes aspiren a una candidatura antes las elecciones 2027.
Asimismo, señaló que la intención es “establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección de 2027”.
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Como parte de la iniciativa, el gobierno plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo autónomo del Instituto Nacional Electoral (INE), integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para periodos de tres años.
La Consejería Jurídica indicó que esta comisión funcionaría como vínculo entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y distintas autoridades federales encargadas de seguridad e inteligencia.
Entre las instituciones que participarían en las consultas se contemplan:
- Centro Nacional de Inteligencia
- Fiscalía General de la República
- Unidad de Inteligencia Financiera
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
De acuerdo con la propuesta, los partidos podrían entregar de manera voluntaria los nombres de personas interesadas en competir por cargos públicos para que sean revisados.
Posteriormente, las dependencias federales analizarían si existe información que represente un “riesgo razonable” relacionado con posibles nexos delictivos.
Las autoridades no revelarían detalles de investigaciones o expedientes abiertos, sino únicamente emitirían alertas sobre riesgos detectados. Después, la comisión informaría a los partidos si existe alguna observación respecto a los perfiles evaluados y señalaría qué instituciones emitieron la alerta correspondiente.
Con base en esa información, cada partido político decidiría si mantiene o descarta la candidatura del aspirante.
Mayor transparencia en las elecciones locales y federales
La iniciativa también contempla que cualquier ciudadano interesado en contender por un cargo público deba aceptar obligatoriamente ser sometido a este mecanismo de revisión, incluso si el partido no solicita formalmente la evaluación.
Además, el proyecto establece que todo el proceso se realizará bajo criterios de confidencialidad y reserva, con el fin de proteger el debido proceso y no afectar investigaciones en curso por parte de las autoridades federales.
