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El Gobierno de la Ciudad de México presentó una reforma constitucional para regular el mercado de alquileres y evitar incrementos excesivos en las rentas habitacionales. La propuesta fue enviada al Congreso local para iniciar su análisis legislativo durante el próximo periodo ordinario.
La iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, plantea que las rentas no puedan aumentar por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Además, busca establecer nuevas obligaciones para ampliar la vivienda social y asequible en la capital.
La reforma también propone medidas contra la gentrificación y la expulsión de habitantes hacia la periferia. El proyecto incluye la creación de una institución pública para mediar entre inquilinos y propietarios y defender los derechos de ambas partes.
La reforma propone limitar el aumento anual de las rentas
Uno de los principales cambios plantea incorporar en la Constitución capitalina que las rentas de vivienda no podrán subir por encima de la inflación anual. La medida busca evitar incrementos desproporcionados en zonas donde los alquileres crecieron más de 30% en pocos años.
Clara Brugada sostuvo que la reforma pretende garantizar “rentas justas, razonables y asequibles” y convertir el acceso a la vivienda en un derecho protegido constitucionalmente. El Gobierno capitalino argumenta que millones de personas destinan gran parte de sus ingresos al pago de alquiler.
Entre los cambios planteados destacan:
- Las rentas quedarían topadas al índice inflacionario anual.
- El límite aplicaría a contratos de arrendamiento habitacional.
- La regulación se elevaría a rango constitucional.
- El Congreso local deberá discutir posteriormente una Ley de Rentas Justas.
La administración capitalina señaló que la medida busca dar mayor certidumbre a los inquilinos, aunque también abrirá debate entre propietarios y desarrolladores inmobiliarios sobre los efectos que podría tener en la oferta de vivienda privada.
La CDMX busca frenar la gentrificación y proteger el arraigo vecinal
La iniciativa incorpora por primera vez el derecho al arraigo vecinal y comunitario dentro de la Constitución de la Ciudad de México. El objetivo es evitar que familias sean desplazadas por el aumento de rentas y el encarecimiento de determinadas colonias.
El Gobierno capitalino afirmó que la gentrificación provocó la expulsión de miles de familias debido al aumento en los precios de vivienda, servicios y arrendamientos. Según datos oficiales, uno de cada cuatro capitalinos vive actualmente en una vivienda rentada.
La propuesta contempla:
- Crear políticas públicas contra la gentrificación.
- Evitar desplazamientos hacia la periferia.
- Proteger el vínculo social y cultural con los barrios.
- Priorizar a jóvenes y grupos vulnerables en programas de vivienda.
Las autoridades también buscan aumentar la reserva territorial de la ciudad mediante la adquisición de suelo para construir vivienda social. La intención es incrementar la oferta de departamentos accesibles en zonas con alta demanda habitacional.
La reforma plantea nuevas reglas para propietarios e inquilinos
Otro de los puntos centrales es la creación de una institución pública encargada de orientar, mediar y defender los derechos y obligaciones en las relaciones de arrendamiento. El organismo atendería conflictos entre propietarios e inquilinos y promovería acuerdos equilibrados.
El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la propuesta no busca afectar a los dueños de inmuebles, sino establecer reglas más claras y relaciones con mayor certidumbre jurídica. La reforma será discutida primero en comisiones del Congreso capitalino antes de avanzar al Pleno.
Para los inquilinos, la iniciativa podría representar mayor estabilidad en los pagos y protección frente a aumentos abruptos. Para los propietarios, implicaría ajustarse a límites anuales en el incremento de las rentas y a nuevas disposiciones regulatorias en contratos habitacionales.
La discusión legislativa continuará durante los próximos meses y, de aprobarse, la Ciudad de México se convertiría en la primera ciudad del país en establecer límites constitucionales al crecimiento de los alquileres y políticas específicas contra la gentrificación.
