Bomba en Brasil: la Corte invalida los acuerdos con Odebrecht y anula las pruebas contra Lula

En una decisión de relevancia política y jurídica, el Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó la solicitud presentada por la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración entre la empresa Odebrecht y las autoridades brasileñas. En su fallo, la máxima corte del país vecino determinó que dichas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato. Además, se calificó la prisión de Lula en 2018 como un "error histórico".

El juez Antonio Dias Toffoli, encargado de la sentencia, sostuvo que las supuestas confesiones obtenidas a través de este acuerdo de colaboración son el resultado de prácticas ilegales que involucraron "tortura psicológica" con el propósito de obtener pruebas falsas contra individuos inocentes. En su veredicto, Toffoli calificó la condena que privó a Lula de su participación en las elecciones de 2018 como "un montaje" y equiparó la situación con las torturas practicadas durante la dictadura militar en el país.

Este fallo implica que los acuerdos de delaciones premiadas firmados con Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato en 2017 deberán ser revisados por jueces de primera instancia debido a la falta de un procedimiento adecuado. Toffoli destacó que los agentes públicos involucrados recurrieron a "tortura psicológica" para obtener pruebas falsas y actuaron parcialmente y fuera de su competencia.

Como consecuencia de esta anulación, elementos de prueba relacionados con los "sistemas de sobornos" presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y manipular licitaciones públicas quedan invalidados. El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht, ratificado por el entonces juez Moro en mayo de 2017, incluyó la revelación de conductas ilícitas y el pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la empresa, fue detenido en ese contexto.

El fallo del juez Toffoli sugiere que la detención de Lula en 2018 puede haber sido uno de los "mayores errores judiciales en la historia del país". Lula fue encarcelado bajo cargos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero en abril de 2018 y fue liberado en noviembre de 2019 después de que el Supremo estableciera que una persona solo puede cumplir condena después de agotar todos los recursos legales disponibles. En 2021, la corte anuló las sentencias contra Lula, permitiéndole recuperar sus derechos políticos y presentarse como candidato en las elecciones de 2022, que ganó por un estrecho margen.

Sergio Moro, quien fuera el juez responsable de la prisión de Lula,rechazó este fallo, afirmando que la corrupción durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fue una realidad. Por su parte, el ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial y destacó que esta marca el fin de una oscura página en la historia del país. También anunció que se llevará a cabo una investigación para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados en el caso.