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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicará de forma estricta los mecanismos administrativos para impedir que las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) puedan obtener, renovar o duplicar su licencia de conducir.
La medida se encuadra en el Decreto 267/2006 (reglamentario de la Ley CABA N° 269), el cual articula los controles cruzados para que ninguna repartición pública porteña otorgue trámites, licencias u homologaciones a ciudadanos que registren deudas en las cuotas fijadas por la Justicia.
Para que un conductor quede alcanzado por esta inhabilitación administrativa, debe existir una sentencia o resolución firme dictada por un Juez de Familia al verificar el incumplimiento de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.
Cruce de datos y denegación del plástico definitivo
Al momento de iniciar cualquier trámite de emisión, renovación o duplicado del carnet de conducir en la Dirección General de Habilitación de Conductores, los sistemas informáticos realizan un control automático contra la base del padrón judicial.
En caso de figurar como deudor activo, la repartición queda inhibida para otorgar el plástico. Sin embargo, la normativa prevé una única vía de excepción contemplada para no vulnerar el derecho al trabajo de quienes utilicen el vehículo como herramienta imprescindible de sustento económico:
- Licencia provisoria por 60 días: Los juzgados y la autoridad de aplicación pueden autorizar por única vez un permiso temporal de hasta dos meses de vigencia.
- Plazo de regularización: Durante esos 60 días, el infractor debe cancelar el monto adeudado ante el Juzgado de Familia o formalizar un plan de pagos homologado para lograr la baja del registro y tramitar la licencia definitiva.
Inhabilitaciones comerciales, financieras y cargos públicos
El alcance del Decreto 267/2006 y la Ley 269 excede la restricción para conducir e impacta directamente en la capacidad operativa y financiera de los deudores en el ámbito porteño.
Entre las sanciones asociadas destacan la imposibilidad de tramitar habilitaciones para locales comerciales, permisos de explotación o licencias operativas.
Asimismo, se prohíbe el acceso a créditos u operaciones financieras en el Banco Ciudad hasta tanto se cancele la deuda, sumado al bloqueo absoluto para asumir cargos jerárquicos en la función pública o integrar listas como candidatos a puestos electivos locales.
