En esta noticia
La edad de imputabilidad se transformó en uno de los ejes centrales de la agenda política del país. Tras la detención del primer joven bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, el debate nacional cobró mayor fuerza y velocidad. Por eso, distintas regiones del territorio argentino buscan aplicar de manera inmediata las nuevas disposiciones legales.
De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires ingresó de lleno en una fuerte polémica institucional. La decisión de una jueza porteña frenó de manera imprevista la aplicación del régimen nacional en Capital Federal y generó un conflicto con el Ejecutivo local.
El pedido de juicio político de Jorge Macri contra la jueza Laura De Marinis
Esta fuerte controversia reabrió el histórico enfrentamiento entre las posturas más garantistas y la firmeza penal. En este sentido, las autoridades porteñas no tardaron en reaccionar ante la resolución absolutoria dictada por el tribunal.
Por eso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ordenó al ministro de Justicia local, Gabino Tapia, iniciar un juicio político contra la magistrada Laura De Marinis. La jueza había declarado la inconstitucionalidad de un artículo central del esquema legislativo nacional y luego, decidió el sobreseimiento definitivo de un menor de 14 años involucrado en un hecho delictivo.
El crimen de la polémica y la decisión de la Justicia
El episodio investigado comenzó el 10 de septiembre durante un intento de robo de un teléfono celular en la vía pública. Los efectivos policiales actuaron con rapidez en el procedimiento de flagrancia y elevaron la causa por tentativa de robo. Sin embargo, la jueza argumentó que la normativa legal resultaba regresiva y dispuso la inmediata libertad del menor.
Frente a esta cuestionada resolución, el mandatario de la Ciudad calificó la decisión judicial como “una aberración inadmisible”. Además, confirmó que apelarón la medida ante las instancias superiores para revertir el criterio fijado.
Por su parte, Tapia reconfirmó el avance formal de la acusación contra la magistrada en el fuero correspondientes. El funcionario sostuvo con vehemencia que en la jurisdicción porteña el delito cometido debe tener consecuencias punibles. De esta forma, el Gobierno reafirmó una posición intransigente frente al accionar delictivo juvenil.
Por otro lado, la bancada oficialista confía en reunir los apoyos requeridos para habilitar la instancia del enjuiciamiento público. La disputa judicial determinará si la medida abre la puerta a un cambio profundo en el esquema penal porteño.
