Para evitar suspicacias y malos entendidos, me gustaría recordar que el fenómeno inmigratorio ocupa hoy un importante espacio en las ocupaciones y preocupaciones de gobiernos y políticos que miran el horizonte para decidir acciones duraderas. No se busca sólo regularizar indocumentados, por ejemplo, unos doce millones en los EE.UU., tampoco de adoptar reglas enérgicas como las impuestas en Australia o de formular una suerte de Código ambicioso como el debatido en la Unión Europea. Simplemente se trata de enfocar el tema porque nos concierne a todos habida cuenta la influencia que las corrientes inmigratorias ejercen en la organización social.
En el medio yacen varias cuestiones. La preservación de la identidad nacional sin apelar a discriminaciones odiosas pero que contemplen proporciones como se hace en otras naciones. La presencia de un 50% de extranjeros en la Buenos Aires de 1914 tiene mucho que ver con las notorias diferencias con el resto del país y a veces con cambios culturales ajenos a nuestra idiosincrasia que sirven, además, para atizar conflictos y rivalidades contraproducentes. La congestión en servicios públicos bastante degradados como salud, educación, seguridad, transporte, al igual que parte de la informalidad laboral, la expansión de villas urbanas y aún el crecimiento del delito, amerita tratar el tema, en el contexto de desempleo y pobreza que incomprensiblemente crece sin remedios a la vista. Por supuesto, cualquier estrategia debe ser bien intencionada, esto es a partir de un recto criterio que contemple todo el espectro sin que se filtren mezquindades u oportunismos degradantes.
Algunas estadísticas disponibles permiten confirmar el panorama ligeramente descrito y pueden servir de base para ubicar el tema en la agenda todavía pendiente. En las Villas 31 y 31 bis en poco más de un quinquenio se han duplicado sus residentes. El 50% provienen, según el siguiente orden, de Paraguay, Bolivia y Perú. En los catorce asentamientos identificados en 2001 por el Gobierno de la Ciudad, se estima que viven unas 200.000 personas. Si a ello se agregara la población extranjera radicada en los distintos barrios de la capital y su reflejo urbano, los números resultarían significativamente elocuentes. Una consulta en colegios, hospitales, centros de gestión y comisarías, actualizaría y agregaría representatividad a esos indicadores.
En el mundo se encara poner orden en esta sensible materia, que no es ajena al respeto por los derechos humanos tan ventilados en los discursos. Los gobiernos, en general y a su manera, se defienden de las consecuencias no deseadas del fenómeno y abogan por la implantación de criterios racionales, precisamente para evitar magnificar el desempleo y los déficit de servicios esenciales cuya ampliación y financiamiento suelen ser difíciles de afrontar. Ahora bien, en la medida que la Argentina no contemple adecuadamente el tema, el restrictivo contexto internacional puede alentar inconvenientes incursiones sino avalanchas que potenciarán las dificultades puntualizadas y ahondarán brechas que dificultarán la concordia social que es presupuesto indispensable para recuperar el espacio internacional perdido.
Son conocidas las reacciones políticas imperantes en diversas naciones con vistas a detener el fenómeno inmigratorio, sobre todo ilegal. España, Alemania, Italia, Portugal en menor medida, al igual que los países de origen anglosajón: el Reino Unidos, los EE.UU., Canadá, Australia y otros de la Unión Europea, mantienen regímenes selectivos en función de sus necesidades nacionales y no según parámetros de dudosa validez donde improvisación y corruptelas no resultan aspectos ajenos. La reciente exhortación de Martín Wolf, economista jefe del diario londinense The Financial Times, ha sido elocuente: los británicos deben ocuparse de este tema que no supone un asunto menor para el Reino Unido.
Sin llegar al rigor australiano, el preacuerdo suscripto por los 27 miembros de la Unión Europea ofrece un marco y aún justificación para que la política argentina despierte, asuma el tema y lo encare con adultez. Los requisitos recomendados son los siguientes: que los interesados satisfagan alguna necesidad específica del país huésped, tengan buena conducta y acrediten su identificación mediante visas biométricas. Los signatarios se obligan a armonizar los regímenes de asilo, perfeccionar los controles fronterizos, compatibilizar la acción de las policías de frontera y las normas sobre expulsión de indocumentados.
Los cambios políticos en el globo, el aluvión de familias que padecen hambrunas, desnutrición y enfermedades; desencuentros políticos y precariedad laboral en un contexto global de expansión de ilícitos, constituyen amenazas que demandan una urgente definición política. La demora no hará más que incentivar nuestras propias frustraciones que no configuran un dato intrascendente en la Argentina moderna.
