El equipo económico, comandado por Luis Caputo, presentó este lunes la hoja de ruta con la cual cumplirá con sus obligaciones financieras pactadas hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei. “Los refinanciamientos del 2026 están sobrecumplidos y los de 2027 son menos desafiantes”, afirmó el jefe de Hacienda.
Acompañado por el viceministro, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, Caputo destacó que el Gobierno “redujo la deuda consolidada” y sostuvo que este programa financiero busca “clarificar cómo se va a refinanciar el capital de la deuda existente”.
“La mayoría de los países en el mundo refinancian el capital y los intereses. En el caso nuestro, los intereses se pagan con el superávit primario y lo que nosotros buscamos es simplemente refinanciar el capital”, explicó.
Señaló que se trata de "un programa muy conservador" que incluye “opcionalidades” con algunos instrumentos con los que se están trabajando desde hace más de un año. “Y hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean el programa van a ver que está en cero, tanto este año como el año que viene. podría ser una opción. Para nosotros es una opción más, no es un objetivo”, planteó.
“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia. No es lo mismo financiarse al 6% a diez años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en aquella época", justificó Caputo en alusión a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.
Además, el ministro aseguró que el Gobierno trabaja para que el riesgo país “sea cada vez más bajo”, y así no depender de Wall Street.
Según anticipó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el objetivo es mostrar que el financiamiento está “completamente cerrado” no solo para 2026, sino también para 2027, con un esquema diseñado para reducir la incertidumbre de los mercados.
El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades, destacaron la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales.
En el corto plazo asoman los u$s 4.300 millones que deberá afrontar el próximo 9 de julio, correspondientes al pago con bonistas privados.
El anuncio llega en un momento decisivo. El año próximo, el Gobierno deberá pagar u$s 9000 millones a bonistas. Para ello es que usó las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir préstamos directos de bancos internacionales. El detalle de este programa financiero es el que se conocerá este lunes.
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