Argentina podrá apelar el fallo del juicio que la obligaba a pagar casi u$s 1500 millones a cuatro fondos de cobertura por la manipulación de datos que realizó en 2013 el por entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI".
En abril del año pasado, Argentina perdió la demanda realizada en su contra ante los tribunales de Londres por cuatro hedge funds, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Estos iniciaron una denuncia en 2019 por la falta de pago de los rendimientos de los Cupones PBI emitidos en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, para reestructurar la deuda defaulteada en 2002 a través de estos instrumentos atados a la evolución del Producto Bruto.
Los fondos, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI de Argentina en 2013, sostenían que les correspondían una serie de pagos que no se realizaron debido a que, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, Moreno -al frente del INDEC- modificó los datos del PBI nacional para evitar los desembolsos.
Hace poco menos de un año, estos ganaron el juicio y se dictaminó que Argentina debía pagar 1330 millones de euros (u$s 1440 millones) más intereses en relación con todos los títulos vinculados al PBI.
Sin embargo, según publica la agencia Reuters, Argentina recibió esta semana permiso para impugnar esa sentencia: así lo informaron los abogados que representación a la Nación en documentos judiciales presentados en una audiencia preliminar en el Tribunal de Apelación de Londres.
Como condición, se le solicitó a la Argentina el pago de unos 310 millones de euros que se mantendrían en custodia hasta que se resuelva su apelación. El país pidió al Tribunal de Apelación que reconsidere esa condición, argumentando que causaría "perjuicio al pueblo de Argentina", según su abogada Tamara Oppenheimer.
Cupones PBI: cómo se originó la deuda por manipulación de datos
Los cupones PBI se emitieron en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002 y debían pagar rendimientos a los bonistas cada vez que la Argentina alcanzase un crecimiento de su Producto Bruto del 3,3% anual.
En ese entonces se buscó seducir a los inversores con una participación en las eventuales mejoras de la actividad económica y, al mismo tiempo, mantenerlo año a año sujeto a la capacidad de pago del Estado.
Tras su salida al mercado, los cupones PBI rápidamente se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a "tasas chinas" que tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.
Sin embargo, a partir de la segunda presidencia de esta última, comenzó un conflicto en torno a los pagos debido a que los datos del PBI publicados por el INDEC, entonces a cargo de Guillermo Moreno, comenzaron a ser manipulados, lo que desvirtuó el sentido de los cupones.
En el último trimestre del 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.
Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda resuelta el año pasado en Londres que sumó u$s 1440 millones a la deuda externa nacional, sin embargo, ahora la Argentina podrá apelar.
